El 35 por ciento de los inquilinos tienen problemas con las garantías propietarias a la hora de firmar un contrato de alquiler en el centro. Así lo reveló un informe de la Concejalía Popular sobre más de 2.500 personas. El tema de las garantías resulta el principal problema, seguido por el valor de los alquileres y el costo de las expensas extraordinarias.
“Se agrava la posibilidad de acceder a nuevas garantías por la inaccesibilidad de una garantía real, de una propiedad o de encontrar otras modalidades que, muchas veces, son un negocio financiero de los especuladores o usureros. Cuando se tiene la urgencia de un alquiler, uno de cada tres inquilinos no pueden firmar un contrato porque el Estado no garantiza algún tipo eficaz de garantía para que todos puedan alquilar”, expresaron desde la Concejalía.
El informe señala la imposibilidad de los inquilinos de conseguir una o dos garantías propietarias, lo que se agrava por las averiguaciones a las que cada vez menos propietarios pretenden someterse.
También menciona los inconvenientes de la ilegalidad de “garantías compradas”, las exigencias de hasta más de cinco recibos de sueldo, de montos a cubrir y de las averiguaciones de cualidad.
En tanto, dice que las garantías bancarias son casi inaccesibles para los inquilinos, sobre todo para quienes son asalariados formales o informales, ya que las exigencias los dejan fuera de carrera, además de tener un costo oneroso.
Por último, refiere a los seguros comerciales de caución que “responden más a un negocio financiero que a una ayuda real al inquilino, son prácticamente una solución para sectores altos que para la gran masa de inquilinos”.
Desde la Concejalía pidieron que el Estado reglamente un sistema de garantías que ofrezca un cambio estructural. Proponen buscar herramientas alternativas como un seguro asociativo, donde las entidades cooperativas o de la economía social brinden la posibilidad de garantizar el seguro de caución como una herramienta que sirva de respuesta para un contrato.
“Es necesaria la nueva ley nacional de alquileres que hoy tiene sanción en Diputados, pero resta la media sanción en el Senado de la Nación porque afecta la vida de cerca de 9 millones de personas ante la imposibilidad de afrontar sus renovaciones contractuales o acceder a un nuevo contrato de alquiler”, señalaron desde la Concejalía. Y agregaron: “Consideramos imperioso encontrar una solución a este drama social, garantizar un hábitat digno para los inquilinos y desarrollar en conjunto con entidades de la economía social un alquiler seguro, que en el marco de la nueva ley pueda hacer que todos los argentinos alquilen y se les garantice jurídicamente este derecho”.
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