Por Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber (*)
Como hemos adelantado en columnas anteriores, teniendo en cuenta los últimos datos de la macroeconomía argentina, más el contexto geopolítico internacional, podemos prever que, de no presentarse interrupciones excepcionales en la dinámica económica, el Producto Bruto Interno Nacional (PBI) crecerá durante los próximos dos años.
Para comprender y fundamentar esta opinión, es necesario analizar el contexto y el pasado inmediato. Porque la Argentina no solo arrastra 13 meses (marzo 2020 / abril 2021) de retroceso industrial producto de la pandemia, sino también 4 años de políticas anti industriales durante el gobierno de Macri, como son la apertura indiscriminada de importaciones, altas tasas de interés, liberación del mercado de cambios que se tradujo en fuga de capitales y desinversión local, debilitamiento del poder adquisitivo del salario y, en consecuencia, del mercado interno. Esto hizo que el índice que mide el porcentaje de utilización de las maquinarias disponibles en el país para la producción de bienes y servicios (Utilización de la capacidad instalada – UCI) cayera al 56% en el fin del gobierno de Juntos por el Cambio y al 46% en el peor momento de la pandemia.
Más allá de la estadística en sí, este dato implica en la realidad una pérdida de puestos de trabajo industriales, que son aquellos que más aportan a la agregación de valor y los que generan mayor cantidad de empleo por consumo en el resto de la sociedad. En otras palabras, son los que impulsan el mercado interno y dan vida a los sectores del comercio y servicios.
Pero en los dos últimos trimestres, con la recuperación de las actividades industriales, esta tendencia negativa comenzó a revertirse, según el INDEC, alcanzando el 65% en el mes de julio y el 67% en septiembre. Impulsado principalmente por los sectores de la producción metalúrgica (83,8%), minerales (79%), refinación de petróleo (76%), papel y cartón (78,5%), este índice demuestra que paulatinamente se recupera el trabajo y la producción con las maquinarias disponibles. Teniendo en cuenta que se considera utilización plena a cifras cercanas al 90%, el gobierno aún conserva un gran margen para crecer sin más que proteger el mercado interno y garantizar la recuperación gradual del poder adquisitivo.
No obstante, vale aclarar que hay dos cuestiones importantes a considerar para que ese crecimiento se traduzca en desarrollo económico y social. Por un lado, las políticas orientadas a distribuirlo de manera justa, priorizando a los sectores postergados y con necesidades urgentes; y por el otro, el problema del “bajo techo” que tiene ese crecimiento, producto de la baja cantidad de inversión en infraestructura y bienes de capital que la Argentina arrastra desde hace 45 años.
En este sentido, existe un índice económico que nos ayuda a comprender esta situación de manera más simple: la formación bruta de capital fijo como porcentaje del PBI. En otras palabras, es la cantidad de inversión que la economía nacional destina al mantenimiento y expansión de infraestructura y capacidad industrial instalada. Es importante remarcar que, con el avance de la tecnología y los actuales procesos productivos, la inversión en infraestructura y logística (rutas, ferrocarriles, buques, agua, saneamiento, energía) son vitales para el aumentar la capacidad de generación de riquezas y empleo genuino.
Con el objetivo de aportar claridad y fundamentar este análisis, vale decir que para el año 1976 la inversión alcanzaba el 31% del PBI. En ese entonces, la dictadura cívico militar llegó para destruir el modelo argentino de producción, borrar al Estado de los sectores estratégicos de la economía y, así, desindustrializar el país y posicionarnos exclusivamente como proveedores de materias primas. Ese modelo, que se profundizó y consolidó durante la década del 90, generó un descenso permanente en la inversión total llegando a ser el 14% en el final del período. Luego, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se recuperó hasta el 19% y comenzó a descender nuevamente hasta el 14% del último año. Estos niveles paupérrimos de inversión en los últimos 45 años hacen que, aun alcanzando altos niveles de utilización de la capacidad industrial instalada, no lleguemos a solucionar el atroz problema de desempleo, pobreza y desigualdad que sufre el pueblo argentino, por el simple hecho de que la población aumentó en 19 millones mientras que la industria se paralizó en la mayor parte de este período.
Con el objetivo de ser más precisos en los datos, sirve pensar que en la actualidad el país tiene casi 6 millones de argentinos entre desocupados y dependientes de asignaciones sociales, mientras que con la utilización plena de la capacidad instalada actual se generarían menos de 1 millón de puestos de trabajo. En otras palabras, expandir el uso de la capacidad instalada actual sirve, pero no alcanza.
Es por todo lo expuesto que no podemos conformarnos con revitalizar o reactivar lo que se encuentra paralizado, sino que se necesita transformar este sistema productivo, propio de una economía altamente primarizada, dependiente de divisas y producción extranjera, que deja afuera a gran parte de los argentinos y tiende a la concentración de riquezas en pocas manos.
Sin lugar a dudas, volver al camino de la inversión e industrialización es lo indicado para recuperar el trabajo para todos los argentinos y marchar hacia la justicia social. A fin de cumplir ese objetivo, no se puede seguir el camino de medidas paliativas, coyunturales o estrictamente de estabilización que buscan un efecto en lo inmediato, porque resultan insuficientes e insostenibles en el tiempo. Irremediablemente, se precisan cambios estructurales, de fondo; hay que atacar las causas que originan tamaña dependencia política y consecuencias atroces para el pueblo argentino.
Sin lugar a dudas, la administración del comercio exterior es una de ellas. La protección del mercado interno, junto a un plan de industrialización por sustitución de importaciones, es un paso obligado para la generación de trabajo genuino y la reducción de importaciones que hoy en día se suman a la demanda de dólares que tiene el país por productos insustituibles en el corto plazo.
El otro pilar es recuperar la soberanía en el sistema financiero dado que, como lo explicamos anteriormente, para iniciar un proyecto de industrialización se precisan capitales de inversión. Esto es, rescatar los recursos económicos del pueblo argentino que hoy están en manos de la banca privada y transnacional.
El sistema financiero argentino no puede seguir exclusivamente dedicado a la especulación. Debemos recuperar el rol del B.C.R.A. y/o de la banca especializada en la promoción y desarrollo de sectores clave, orientando el caudal de dinero (destinado hoy a la especulación financiera) al crédito a la inversión con fines productivos. Para poner en contexto la importancia e impulso que pueden generar esos fondos, solo hace falta decir que la base monetaria (el total de billetes emitidos en manos del público más lo depositado en bancos) actualmente es de 3,1 billones de pesos, mientras que lo depositado en Leliq y pasivos monetarios del B.C.R.A. suman más de 4 billones de pesos. Ese enorme volumen de dinero se encuentra totalmente desvinculado de la economía real y genera una emisión monetaria, por intereses, de 120.000 millones de pesos mensuales. Esos fondos serían más que suficientes para dar inicio a las inversiones de capital que requiere el proceso de industrialización. A su vez, esa gran masa inmovilizada es la que exige mantener una alta tasa de interés que perjudica a toda la cadena de valor industrial y, principalmente, a los pequeños y medianos empresarios que dependen del crédito para su actividad.
Es fundamental que estos temas estén considerados y detallados en el “programa plurianual” que, según prometió el presidente, elevará el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación la primera semana de diciembre. El cambio de paradigma político que se precisa es tan grande como el conflicto a enfrentar: Hoy la economía está al servicio de la especulación cuando debe estar al servicio de la industria y la producción. Se deben ponderar las urgentes necesidades del pueblo por sobre el interés sectorial, y el trabajo de los argentinos por sobre la renta parasitaria.
(*) Especial para Fundación Pueblos del Sur
fundacion@pueblosdelsur.org
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