Por: Guillermo Correa
Aunque muchas veces los dueños o los responsables lo ignoran por completo, buena parte –sino la mayoría– de las pequeñas, medianas y grandes empresas de Rosario están cometiendo cotidianamente un delito, y de un momento a otro deberán pagar por él: en la ciudad se presentan unas 40 demandas civiles y entre 15 y 20 demandas penales por año por usar software trucho o ilegal. Así lo confirmó a este diario la vocera de Businness Software Alliance (BSA), María de Monserrat Guitart Piguillem: se trata de una organización de origen norteamericano que se presenta como “la voz de la industria del software comercial” y que días atrás desembarcó en Rosario para presentar un estudio de la consultora especializada Prince & Cooke sobre la utilización de software pirata en pymes y, consecuentemente capacitar a los vendedores de programas “legales” de la ciudad. Aunque la ejecutiva mantuvo reserva sobre cómo y quiénes estuvieron o están bajo la lupa por delito digital, confirmó que el peso de la ley está de su parte: Prince & Cooke estableció que 7 de cada 10 pequeñas y medianas empresas argentinas usan software trucho, y “los mismos” guarismos se aplican a la ciudad. Y ya deberían comenzar a preocuparse por el tema: la portavoz de BSA informó que también dieron capacitaron a la Policía santafesina en “delitos informáticos”, entre ellos la detección de productos falsificados e instalaciones ilegales de software.
Según el último informe de Prince & Cooke, el 73 por ciento de las pymes de la Argentina utiliza software ilegal. Y según BSA ello implica, por una parte, que están expuestas al riesgo de robo de información por “sistemas piratas vulnerables a programas espías”, “ataque de virus o código malicioso” y “daño o pérdida de información valiosa”, entre otros. Pero, por otro lado, también están expuestas a los sabuesos, especialmente de la organización Software Legal –vinculada a los grandes jugadores del software privado– que desde hace más de una década y media les sigue los pasos.
En esa línea Monserrat confirmó que en la ciudad hubo, hay y habrá allanamientos por software falsificado, y que además están en trámite “medidas de prueba anticipada” para saber si las empresas utilizan software legal o no. Los recursos para ello no son pocos: van desde entrecruzamientos entre la actividad a la que se dedican las empresas con el software adecuado para ello y la cantidad de licencias adquiridas; facturación y otras herramientas.
Una vez comprobado el delito –“La mayor parte de los operativos se hacen por presunta violación a la ley de Propiedad Intelectual y alguno a la ley de Patentes y Marcas”, dijo al El Ciudadano la vocera de BSA– los abogados de las empresas de software afectadas pueden entablar una demanda por daños y perjuicios, si la compañía testeada no reconoce la violación.
Pero según dijo Monserrat, en la gran mayoría de los casos –“entre el 80 y 90 por ciento”, precisó– el litigio se resuelve en forma extrajudicial. Y la “reparación”, explicó, equivale generalmente a “dos veces el valor de los productos pirateados”.
Las cifras, en rigor, no suenan onerosas para una empresa, si debe pagar software para una computadora dedicada a tareas como procesamiento de texto, contabilidad o bases de datos. Pero todo cambia si la cantidad se multiplica: la “reparación” puede insumir decenas de miles de pesos. Según pudo averiguar este diario, el programa Microsoft Windows 7 Starter cuesta 273,24 pesos. Y si se instala en más de dos computadoras, habrá que comprar una licencia por cada máquina en la que se “cargue”: unos 188 pesos más. Pero según expertos, dicha versión tiene bastantes limitaciones, y una superior como el Windows 7 “Home Basic”, cuesta ya 522,72 pesos. Pero la más completa –en este caso– el Windows 7 “Ultimate” para procesadores de 32 bits, cuesta 1.314,72 pesos. Y el paquete de Microsoft Office, básico y en su versión de 2007 cuesta 1.065,24 pesos.
Monserrat advierte que en la mayoría de los casos las violaciones que se cometen son precisamente del sistema operativo de Microsoft, y del paquete Office de la misma firma norteamericana. Y tambien los programas de diseño y de imágenes de Adobe y los antivirus de Symantec.
Además, Monserrat confirmó que en un 10 por ciento, las demandas siguen su curso. Y si las compañías son sancionadas, deberán agregar costas de los juicios.
Con todo, la vocera de BSA admitió que en no pocas ocasiones, los dueños o gerentes de las empresas que utilizan software pirata ni siquiera lo saben. Es que en muchos casos, desde los departamentos de Sistemas no explican a otras gerencias qué es lo que hacen, por la sencilla razón de que no les entienden nada. Y en un buen número de casos –mayoría en las empresas más pequeñas– el mentado “Departamento de Sistemas” ni siquiera existe: contratan a terceros que se encargan del mantenimiento de las computadoras, sin control sobre el software que se utiliza.
Frente a ello la ofensiva de BSA –que se encarga más bien de la “concientización” del problema– no hace distinción alguna si las empresas son pequeñas, medianas o grandes: “No se discrimina en las acciones”, advierte Monserrat.
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