Este viernes 7 de agosto de 2026 marca un antes y después en la historia de la justicia argentina: por primera vez se reconoció el abandono de persona como delito de lesa humanidad. Lo hizo el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que a las 14 dictó el veredicto de la causa conocida como Laguna Paiva, ya que muchas de las víctimas eran de aquella localidad ubicada a 40 kilómetros al norte de Santa Fe capital. Además, la mayoría eran niños, niñas y adolescentes. Entre los perfiles de los acusados se incluían policías y el caso de un civil: el exjuez federal Víctor Brusa.
El juicio había empezado el pasado 5 de mayo. Se trata de la segunda elevación de esta causa, cuya primera sentencia fue en 2021. Lo singular de este juicio es que la mayoría de las víctimas tenía entre 1 y 14 años cuando ocurrieron los crímenes entre febrero y mayo de 1980.
El abandono como crimen: el primer juicio de la dictadura por las infancias de Laguna Paiva
Los cuatro acusados recibieron condenas por invasión de la propiedad privada, secuestros, torturas y abandono de persona. Además, a Brusa se lo condenó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica en documento público. Se pueden resumir así:
- Antonio Parvellotti, subjefe del Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Santa Fe, recibió una pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.
- Víctor Brusa, entonces secretario de juzgado y luego, en democracia juez federal, recibió una pena de 14 años que se unificó a las que ya había recibido en 2014, 2017 y 2022, por lo que tiene una condena de 25 años de prisión, además de inhabilitación absoluta y perpetua.
- Oscar Alberto Cayetano Valdéz, abogado y policía, recibió una pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
- Eduardo Enrique Riuli, exoficial ayudante de la División de Informaciones D-2: recibió 15 años de prisión pero por la sentencia recibida en 2021 se unificaron las penas y terminó con 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Había un acusado más, Fernando Sebastián Mendoza, ex jefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva, pero falleció antes de llegar al juicio. Parvellotti es el único que no tenía ninguna condena de este tipo hasta ahora. Los demás sí y todos estaban cumpliendo sus penas con la modalidad de prisión domiciliaria. El Tribunal determinó que se continuará con esta modalidad.
La querella representada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh) hará un planteo a través de sus peritos para revisar esa modalidad y solicitar la cárcel común en caso de que encuentren que los condenados estén en condiciones de cumplir su pena así, “cumpliendo los compromisos internacionales que tiene Argentina”.
Además, los jueces consideraron que todos estos delitos mencionados configuran delitos de lesa humanidad.
El Tribunal integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, comunicó que dará a conocer los fundamentos el próximo 7 de septiembre a las 12.
El fiscal a cargo es Martín Suárez Faisal.
Sobre el caso
En el primer juicio por estos crímenes, que terminó en 2021, se investigó la persecución y secuestro contra 11 trabajadores del frigorífico de Nelson, una localidad a 11 kilómetros de Laguna Paiva. Ni los sobrevivientes ni las querellas quedaron conformes con los resultados del primer juicio, pero redoblaron la apuesta con este nuevo juicio.
En los setenta hubo un fuerte proceso de sindicalización del frigorífico mencionado, que se cortó de cuajo con el asalto al Estado producido el 24 de marzo de 1976 por las tres Fuerzas Armadas.
Catalino Páez fue reconocido como el líder de aquel sindicato. También era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Con el golpe, empezó junto a su familia un exilio interno por distintas localidades de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, como método de escondite frente a la represión ilegal.
Sin embargo, policías de Santa Fe montaron un enorme operativo para encontrarlo y para hacerlo atacaron a su familia entera: a su esposa, hijos, hermanos, cuñados, sobrinos. Todos cayeron en las garras de los represores.
Por eso Federico Pagliero, abogado querellante e integrante de Apdh, dijo este viernes después del veredicto: “Estamos todos muy contentos. Hoy es un día donde el mundo es un poco más justo. Con una sentencia que marca un precedente a nivel nacional, siendo la primera vez que se hace lugar a reconocer el abandono a las infancias como delitos de lesa humanidad. Y quiero señalar que los hijos y sobrinas que eran infancias y fueron víctimas, son hijos y sobrinos de obreros. Lo que hicieron fue un ataque sistemático contra todo un grupo familiar por la militancia de los obreros del frigorífico de Nelson”.
En ese sentido, agradeció la insistencia y el trabajo justamente de aquellos trabajadores que impulsaron la causa en 2014, cuando empezó este camino que hoy se cierra. En aquel juicio, declararon todos estos hombres y mujeres que eran niños cuando ocurrieron los hechos. Esos testimonios fueron fundamentales para esta segunda parte.
“Esto significa una gran reparación para las víctimas y sobrevivientes que pueden levantar la cabeza después de tantos años de impunidad. La dignidad la tienen recuperada, hoy fueron abrazados por muchas personas”, dijo Pagliero a este medio.
Hoy la puerta del Tribunal ubicado en la esquina de Primera Junta y San Jerónimo, en pleno centro santafesino, estuvo repleta de partidos y sindicatos que acompañaron la lectura del veredicto. También estuvieron presentes organismos de derechos humanos que trabajaron mucho por esta sentencia, como Apdh y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia.
Cuando terminó la lectura del fallo, Pagliero fue uno de los que tomó el micrófono frente a la multitud. También lo hicieron funcionarios provinciales que acompañaron el proceso: el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; y el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Cruz Giménez. Todo esto pudo seguirse en vivo gracias a la transmisión de La Retaguardia.
Uno de los primeros en hablar fue Mario Páez. Él tenía 14 años cuando lo secuestraron junto a su padre, Catalino, y su madre Juana Medina, embarazada de tres meses. Con templanza y con mucha emoción agradeció a todos y dijo que todos los suyos están “endeudados para siempre” con los organismos y todas las personas que los ayudaron.
Mario fue uno de los grandes impulsores de esta causa, uno de los que compartió la importancia de dar esta pelea en el plano judicial. Su caso fue el único, de todas las víctimas menores de edad, que entró en el primer juicio. En este también entró porque se juzgó a nuevos acusados por esos crímenes.
En esta investigación publicada en marzo de este año, están los detalles de esta compleja y cruenta historia que tiene muchísimas víctimas y victimarios y que incluyen muchas localidades: Santa Fe, Laguna Paiva, Esteban Rams y Esperanza (de la provincia de Santa Fe) y Lima (Buenos Aires).
También habló Juan Carlos Sánchez, uno de los trabajadores sobrevivientes: “Estoy muy orgulloso, gracias por su compañía”. Agradeció con nombre propio a varias personas presentes. También habló de la coyuntura actual, de que no hay trabajo, que hay que luchar. “Como dijo Mao Tse-tung: cuando el pueblo esté bien organizado, el hombre se tiene que mover como un pez en el agua”. Y al cierre de su intervención dijo: “Soy hijo de padres que no sabían leer, no me enseñaron a luchar, me enseñó a luchar la vida y por la vida voy a morir”.
De la familia Páez también hablaron los dos más chicos: “Pato”, quien tenía un año y medio cuando quedó al cuidado de sus hermanos pequeños, y María, que estaba en la panza de Juana cuando fue secuestrada.
Ambos se mostraron muy movilizados, también agradecieron el acompañamiento de todos en este juicio. María contó: “Me convertí en la vocera de mi madre (Juana) y mi hermana (Mónica). Gracias a ellas pudimos reconstruir los más chicos nuestra historia. La parte horrible de nuestra historia que hoy por fin tiene una sentencia que esperamos muchísimos años”. Dijo que las mujeres de su familia le enseñaron a ser fuerte y valiente.
Lo que sigue
Este es un fragmento de la nota publicada en marzo, que refiera a otras instancias judiciales donde los niños y niñas fueron víctimas del terrorismo de Estado. El fallo de este viernes 7 de agosto de 2026 ilusiona a muchos que ven cómo se abre de a poco una puerta para reconocer crímenes que hasta ahora la Justicia no había investigado.
“Desde la reapertura de juicios de lesa humanidad en 2006, la palabra de quienes fueron niños en aquel entonces se escucharon muchas veces en los más de 300 juicios que ya se hicieron en todo el país, pero la mayoría había quedado al cuidado de uno de sus padres o de algún familiar o vecino.
Además estaban los casos de apropiación y robo de identidad, que siempre continuaron su vía judicial. Desde 2019, hijos e hijas de víctimas que pasaron por el Club Atlético, Banco y Olimpo (ABO), en Buenos Aires, empezaron un registro donde ya estimaron el paso de al menos 300 niños y niñas por aquel centro clandestino.
En diciembre de 2025, la Justicia de Mendoza procesó a 15 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes. En marzo de este año, la editorial cooperativa La Minga publicó “Infancias sobrevivientes” que intenta abordar “los aspectos pendientes” de la dictadura”.
