La Federación Industrial de Santa Fe se sumó al rechazo de la decisión de la Secretaría de Energía de la Nación por la cual obliga a los usuarios del servicio de gas a “compensar” de manera retroactiva y a lo largo de dos años a las empresas distribuidoras del fluido por las supuestas pérdidas de rentabilidad que sufrieron a causa de las últimas corridas cambiarias.
“La suba de tarifas e insumos en este último año derivaron en una distorsión de los precios de referencia con los que comercializamos nuestra producción. En varios rubros industriales se combinan una alta capacidad ociosa, caída de la demanda y problemas con la cadena de pagos”, pone en contexto la entidad fabril santafesina en un comunicado. Fisfe insiste en el carácter injusto de la medida, materializada en una resolución del área que comanda Javier Iguacel: “Encarecer los costos de una pyme y castigar a millones de familias con esta suba adicional, para que entre todos los argentinos hagamos un aporte extraordinario de 10 mil millones de pesos que garantice la rentabilidad de un puñado de empresas proveedoras de servicios, es un verdadero dislate”.
Los industriales de la provincia remarcaron que las fábricas y talleres arrastran varios meses de retroceso como consecuencia de decisiones económicas que privilegian al sector financiero en desmedro del productivo. “Lo que se necesita en la etapa actual son políticas contracíclicas”, reclaman desde la entidad. Como corolario, Fisfe solicita que la administración Cambiemos de marcha atrás de inmediato con la resolución de la Secretaría de Energía y a la par instrumente medidas que apunten a la recuperación del consumo interno y promuevan el resurgimiento de la producción.
Los industriales suman así su voz en contra del pago retroactivo que dispuso el gobierno nacional en beneficio de las distribuidoras de gas. El argumento oficial es que en el período abril septiembre esas empresas –de alta rentabilidad según sus balances– facturaron el servicio a sus clientes cautivos –residenciales, comerciales e industriales– a un dólar que, luego, las productoras les cobraron con la divisa cotizando al doble por efecto de la devaluación. Para el gobierno, los usuarios tienen que compensar la presunta pérdida. Diferentes organizaciones civiles y espacios políticos acusaron de injusta e inconstitucional la medida.
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