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Indemnizarán a un cadete

El gobierno provincial deberá resarcir a un oficial que en abril de 2003, cuando era estudiante de policía, fue atacado sexualmente por algunos de sus compañeros en la escuela castrense. Cobrará 150 mil pesos.

El gobierno de la provincia de Santa Fe deberá pagarle 150 mil pesos a un policía que, mientras cursaba el primer año en la Escuela de Cadetes, fue agredido sexualmente por un grupo de compañeros que nunca fue identificado. El ataque ocurrió en 2003 y cinco años después de la denuncia, la Justicia civil responsabilizó al Estado de no garantizar la seguridad del estudiante y ordenó una indemnización de ciento cincuenta mil pesos. Pero la Provincia presentó un recurso extraordinario que esta semana fue rechazado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que dejó firme la indemnización dictada en 2008 por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6.

En abril de 2003, un joven que había ingresado poco tiempo antes en la Escuela de Cadetes de Policía (hoy Instituto de Seguridad Pública), ubicado en Alem 2050 de Rosario, denunció una brutal agresión por parte de un grupo de compañeros. El joven dijo que durante la madrugada del miércoles 23 de abril de ese año, se levantó para ir al baño cuando fue atacado por varios compañeros, que primero le pusieron una toalla o un trapo en la boca para que no gritara y luego lo tiraron al suelo, le bajaron el slip y le introdujeron un envase plástico en la zona anal.

Según el fallo de primera instancia, el joven dijo que en estado de shock, fue a pedirle ayuda al responsable del sector, a quien le solicitó asistencia médica por dolores y pérdida de sangre.

Pero la ayuda tardó mucho en llegar, sostuvo en su momento, ya que el médico policial apareció a media mañana. “A la escuela de Cadetes vino una ambulancia por una emergencia de otro cadete, a mí no me atendieron”, dijo el muchacho, que fue trasladado recién al mediodía hasta el sanatorio Laprida, donde quedó internado.

El joven, cuyas iniciales son J. D. C., sostuvo que los entonces responsables de la escuela –en ese entonces dirigida por el comisario Víctor Sarnaglia– montaron un operativo con la finalidad de ocultar el suceso e incluso sugirieron que el caso había sido una autoagresión.

Pero en febrero de 2006 se conoció el resultado de un sumario interno y la doctora Leyla Perazzo, en ese momento jefa de Policía de la Provincia, determinó que el cadete había sido víctima de un ataque cuando estaba en la institución policial. La resolución fue tomada en base al resultado de pericias médicas realizadas tanto por la dirección de Medicina Legal de la Policía santafesina como por médicos del sanatorio donde el cadete fue internado.

Además del daño moral, las lesiones le provocaron “una incapacidad parcial permanente e irreversible del 20,05 por ciento por secuelas anatomofuncionales en la región anal”. Así lo determinó una de las pericias médicas que tuvo particular relevancia en el dictamen de primera instancia. La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial rechazó esta semana el recurso extraordinario que había presentado hace poco más de dos años el gobierno santafesino y dejó firme la resolución que ordena indemnizar al por entonces cadete.

Fuentes judiciales informaron que los magistrados Edgar Baracat, Avelino Rodil y Damián Serras rechazaron el recurso “porque no cumplimentó cuestiones formales”, en tanto no fue necesario que se expidieran en la cuestión de fondo.

La resolución puesta en crisis fue dictada en 2008 por los jueces Stella Maris Martínez, Luis Juan Perelló y María Andrea Mondelli, entonces integrantes del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6. En esa oportunidad, los magistrados rechazaron el planteo de defensa de la provincia, que sostenía que el aspirante de policía se había “autolesionado” para sacar provecho económico del Estado. Pero ese planteo fue ignorado por la entonces jueza de trámite Stella Maris Martínez, actualmente jubilada, quien sostuvo que la provincia nunca probó en su defensa que el denunciante se haya inflingido heridas por cuenta propia. A las lesiones físicas se sumaron las psicológicas, que provocaron estados de angustia prolongados en el denunciante, según indicó en su momento el fallo judicial.

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