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Narcotráfico

Indagatoria para el fiscal general de San Isidro

También están citados dos fiscales adjuntos y dos secretarias por supuesto encubrimiento. Funcionarios sospechados de encubrir a una red de delincuentes.


El fiscal general de San Isidro, Julio Novo; dos fiscales adjuntos y otras dos funcionarias fueron citados a declaración indagatoria en una causa en la que se los investiga por presuntamente encubrir una red de narcotráfico vinculada al asesinato de tres ciudadanos colombianos.

Fuentes judiciales informaron ayer a la agencia Télam que la decisión la adoptó la jueza federal 1 del mismo distrito, Sandra Arroyo Salgado, tras un pedido que le formuló el fiscal Fernando Domínguez, quien tiene delegada la investigación.

Los funcionarios del Ministerio Público están acusados de graves delitos como “encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de la labor funcional”.

El primero que deberá declarar es el fiscal general adjunto Rodrigo Caro, citado para el 27 de octubre, y luego tendrá que hacerlo Eduardo Vaiani, que tiene el mismo cargo y está convocado para dos días después.

Para el 3 de noviembre está citada Melisa Rey y para el 5 del mismo mes Mariana Busse, ambas secretarias de la fiscalía general de San Isidro.

En tanto, Novo, fiscal general y jefe de todos los anteriores, está convocado a indagatoria para el 12 de noviembre.

“No hay antecedentes de una denuncia tan grave contra integrantes del Ministerio Público”, dijo un vocero del caso, que recordó que las oficinas de los acusados fueron allanadas por Arroyo Salgado el 30 de diciembre último.

Esta causa se inició a partir de una denuncia formulada en octubre de 2012 por otro fiscal de San Isidro, Luis Angelini, actualmente en Ejecución Penal, quien entendió que Novo y sus subordinados estaban obstaculizando sus investigaciones.

Este fiscal consideró que el encubrimiento fue cometido cuando él descubrió vinculaciones entre los asesinatos de tres colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quienes están condenados y presos en España luego de que les encontraran una tonelada de cocaína en su avión.

Los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, fueron asesinados a balazos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez, partido de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires.

En tanto, Juan Sebastián Galvis Ramírez fue asesinado el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la Avenida Del Libertador 1999, del partido bonaerense de San Fernando, donde había concurrido junto con su cuñado, su padre, un amigo y un marinero argentino a comprar un bote semirrígido.

A medida que avanzaron esas investigaciones, se pudo establecer un entramado de relaciones muy complejo, que incluía, por ejemplo, comunicaciones entre los abogados de los sospechosos de los crímenes con las secretarias de la fiscalía general.

Además, Busse está casada con el abogado Carlos Broitman, quien fue defensor de los Juliá y en la época en que fueron juzgados viajó a España como codefensora, ya que por entonces no trabajaba en la fiscalía general.

“Hubo un intento de evitar que se descubra la conexión de los Juliá con los crímenes de Unicenter y de que se desatara un ovillo que llevase a otros personajes”, dijo un investigador del caso.

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