El ex juez Guillermo Ernesto Tschopp, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Rosario entre los años 1977 y 1982, fue indagado el pasado jueves 23 de julio por su responsabilidad en casos de desaparición forzada, privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, contra al menos 63 víctimas mientras cumplía funciones como juez federal. Tschopp se negó a declarar en el momento ante el juez Marcelo Bailaque y pidió tiempo para hacerlo por escrito.
Según consta en la denuncia realizada en agosto de 2018 por la agrupación Hijos (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) durante el tiempo que estuvo al frente del juzgado federal, Guillermo Tschopp rechazó sistemáticamente los pedidos de hábeas corpus presentados por familiares de víctimas de la dictadura en los que intervino, incluso en aquellos en los que hubo un reconocimiento expreso de detenciones ilegales llevadas a cabo por parte de fuerzas represivas del estado como policía provincial, policía federal o ejército. En ningún caso Tschopp abrió una investigación sobre los delitos que eran denunciados en su juzgado como privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, torturas y homicidios.
“Es indispensable que también los civiles de la dictadura, tanto aquellos que formaron parte del poder judicial como empresarios o funcionarios, sean juzgados por su responsabilidad en dicho período donde se cometieron delitos aberrantes contra la población con el fin de disciplinar a la sociedad y aplicar un plan económico que tuvo como consecuencia un exponencial aumento de la pobreza, de la deuda externa y de la precariedad laboral para millones de argentinos” dijo Nora Lía Pastorini militante de la agrupación Hijos.
Entre los casos por los que fue indagado Guillermo Tschopp se encuentran los secuestros de los integrantes de la ex Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil o el homicidio de dos estudiantes de medicina y ciudadanos peruanos, los hermanos Rory y María Antonieta Céspedes Chung, asesinados por personal del Servicio de Informaciones de la policía de la provincia de Santa Fe en un procedimiento realizado para ocultar el homicidio de Conrado Galdame. Caso que tomó trascendencia internacional ante la enérgica protesta de las autoridades de Perú.
Se espera además que próximamente sean indagados otros miembros del poder judicial entre los años 1976 y 1983 por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
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