El gobernador Omar Perotti firmó el decreto 0843/2020 por el cual se incorpora la perspectiva de género en el reglamento de los procedimientos para la selección y cobertura de los cargos de magistrados del Poder Judicial, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y del Ministerio Público de la Acusación.
Al respecto, el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, explicó que esta normativa “incorpora toda la temática vinculada a la perspectiva de género al reglamento del Consejo de la Magistratura para evaluar a los futuros jueces, fiscales o defensores”.
Somaglia agregó que “no solamente será obligatorio para ser juez o funcionario judicial hacer un curso que la Escuela de Abogados del Estado, que junto con la Secretaría de Estado de Género y la Secretaría de Justicia organizamos dos veces al año, sino que también en las entrevistas va a ser imprescindible evaluar qué posición tienen los postulantes acerca de la perspectiva de género en la actividad judicial y de la abogacía en general”.
En los considerandos, el decreto (que también lleva la firma del ministro de Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo) indica que “una de las premisas del gobierno provincial es incorporar la perspectiva de género a través de la generación de herramientas e instrumentos que contribuyan a seguir avanzando en la igualdad de género”.
Para ello, en decretos relacionados a estas designaciones se modificaron artículos en los que, entre otras cuestiones, se incorporan “como criterios de evaluación en los procedimientos de selección de los magistrados y funcionarios allí previstos, el conocimiento y la capacitación sobre la jurisprudencia y la normativa vigente en el ámbito local e internacional sobre perspectiva de género”.
Concretamente, el decreto 0843 aprueba las modificaciones del artículo 21° del decreto 0854/2016 y el artículo 6° del decreto 0268/19, modificatorio del artículo 18° del decreto 0593/14.
En ambas normativas, entre otras modificaciones, la nueva redacción de los documentos estipula que en las entrevistas a los aspirantes se podrán formular preguntas respecto al “conocimiento del marco normativo nacional e internacional en materia de perspectiva de género, conocimiento de herramientas procedimentales que permitan la protección de los derechos de la mujer y la aplicación concreta como operador del derecho de esta materia”.
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