Algo salió mal. Un largo conflicto en medio de la pandemia de coronavirus entre el Sindicato de Camioneros de Santa Fe –que no es reconocido por la Federación Nacional– y la empresa de materiales de construcción Razzini, que se desató a mitad del año pasado y desbordó con el despido de una docena y media de trabajadores tuvo esta semana un nuevo capítulo judicial con la audiencia imputativa contra cuatro dirigentes del gremio, quienes fueron formalmente acusados de “turbación” (según el artículo que castiga con prisión de seis meses a tres años a quien “con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble”) y dos de ellos además de “amenazas simples” (que pena con seis meses a dos años de prisión a quien “hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas”). Los hechos que llegaron a Tribunales engloban la forma pero no el fondo de la cuestión: los testimonios y acciones judiciales remiten a bloqueos de la entrada y salida de camiones de la firma y a presiones sobre sus directivos, pero no incluyen lo denunciado entonces por la acción sindical, que pretendía un nuevo encuadramiento para los empleados de logística, transporte y distribución, quienes por ese entonces cobraban unos 12 mil pesos por quincena, cuando los salarios del área rondaban los 45 mil pesos al mes.
Los imputados, Marcelo O., Damián B., Gustavo C., y Víctor K., mantuvieron un protagonismo central en el desarrollo del conflicto, pero se declararon inocentes respecto a todos los cargos endilgados en la audiencia imputativa, que tuvo lugar en el Ministerio Público de la Acusación este lunes 22 antes el fiscal Mariano Ríos Artacho. Las actuaciones remiten a la pulseada que mantuvo el gremio de Camioneros entre el 8 y el 29 de junio en las sedes de Razzini Materiales y Razzini Industrial, en Pueyrredón 5880B y Arijón 2542, y que transitó también por el Ministerio de Trabajo de la provincia durante julio, hasta que finalmente, tras dos audiencias de conciliación en las que no hubo acuerdo, las actuaciones se archivaron. “La empresa denunció bloqueo y coacción por parte de Camioneros”, explicó entonces la directora de la Regional Rosario de la cartera laboral, Rita Colli. Y concluyó que “ambas partes solicitaron el archivo de las actuaciones”, sin que lograra ningún acuerdo.
La funcionaria también aclaró que se daba por “agotada la instancia administrativa” al no tener potestad sobre el nudo principal de la cuestión: “Buena parte del conflicto se originó en el encuadramiento sindical de los trabajadores”, refirió, y explicó que esa facultad no está delegada a las provincias, sino que pertenece exclusivamente al Ministerio de Trabajo de la Nación. “No tenemos competencia para intervenir en ese tema”, concluyó.
Por entonces, ejecutivos del grupo habían denunciado en los medios una sucesión de hechos graves. “La situación que se agrava cada vez más en un marco de violencia constante, mediante bloqueos en los ingresos de las playas de Razzini Industrial y Razzini Materiales, amenazas a los ejecutivos de la empresa y hechos de violencia de género perpetuado en las protestas”, publicó un portal económico local a fines de julio del año pasado. También anticipaba “desinversiones” y “reconversión” de la firma si continuaba la situación, con la que vinculaba a la Federación Nacional que conduce Hugo Moyano.
Pero este jueves el sector que responde al líder camionero salió a tomar distancia del conflicto y su judicialización: “La imputación judicial nada tiene que ver ni con nuestro espacio, ni con nuestras formas, ni con nuestra manera de entender la práctica gremial”, aclaró el Sindicato de Trabajadores Camioneros de Santa Fe.
“Tanto nuestro secretario General, Juan Chulich, como el secretario de la Federación, Hugo Antonio Moyano, no tienen ningún tipo de vinculación con esta causa. Como se lee en artículos periodísticos de la ciudad, se trata de gente que pertenece al sindicato provincial opositor a Hugo Moyano”, completó el gremio.
Quien había reconocido el protagonismo en el conflicto era Sergio Aladio, titular del sindicato no reconocido por la Federación, y quien por entonces había dicho que la protesta no respondía a “si pertenecen a Comercio, si pertenecen a Camioneros, si pertenecen a la Uocra”, sino que habia comparado a Razzini con el triste recuerdo de La Forestal. “Nosotros lo que estamos tratando es, primero, de equiparar los sueldos con el resto de las empresas que pagan lo que tienen que pagar. Y después, un reconocimiento real a esos trabajadores por la función que cumplen”, dijo y mostró recibos salariales del sector de reparto de una firma –con un neto de $45.076,70 de haberes, y de Razzini Industrial SRL y Razzini Materiales SRL con netos de $11.117,26 (quincena) y 20.633,75 (mensual) para las categorías ayudante y personal auxiliar, y de 17.844,36 para la primera quincena de abril de 2020 de un oficial chofer.
Con todo, la pelea contra la brecha salarial, que incluyó apostar una carpa gremial frente uno de los ingresos de la firma y la presencia del ómnibus del sindicato, en un marco que se fue agravando con la causa penal, gremialistas detenidos y restricciones perimetrales dictadas por fiscales, y una conciliación obligatoria considerada “inaceptable” por la firma, que cerró sus puertas.
A fines de agosto del año pasado el conflicto continuaba con un acampe, cuando la Justicia laboral emitió un fallo clave al denegar la reincorporación de los trabajadores que habían iniciado el reclamo salarial casi tres meses antes y fueron cesanteados.
“Quienes habían hecho este boicot durante meses, habían sido despedidos con causa y luego presentaron una cautelar para ser reincorporados en sus puestos. Nosotros presentamos nuestros argumentos ante la Justicia y una jueza determinó que nosotros teníamos suficiente aval como para demostrar que esos despidos estaban justificados”, dijo una de las directivas de la empresa. “Presentamos todas las evidencias, las denuncias penales, los delitos en flagrancia, las detenciones y se entendió que esos despidos eran correctos”, agregó.
Ahora el conflicto continuó con la otra pata judicial –la penal– con la audiencia imputativa en la que se dejaron constancia de los testimonios coincidentes de los directivos y propietarios de la firma.
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