Este sábado un hombre fue imputado por un violento asalto cometido el jueves pasado en la zona noroeste, cuando cuatro hombres protagonizaron una violenta entradera y se llevaron 200 mil pesos, 3 mil dólares, joyas, celulares y un Renault Clío de una de las víctimas.
El sospechoso fue detenido en una estación de servicios de la zona oeste cuando cargaba combustible a un taxi que estiman se utilizó para cometer el atraco. Quedó detenido por orden judicial por el plazo de ley.
Cerca de las 19.30 del 16 de Julio una mujer de 40 años que llegó a la casa ubicada de Jorge Newbery al 9100 junto con otra mujer, de 70, fueron reducidas por dos hombres tras lo cual apareció otro par de asaltantes.
Según la imputación fiscal que realizó la funcionaria Juliana González, los ladrones obligaron a las víctimas a punta de pistola a entrar a la casa.
Redujeron luego los asaltantes en el interior de la vivienda a un hombre de 70 años y sus nietos y los ataron a todos de pies y manos. González contó que los ladrones le dijeron que sabían que alguien de la familia había retirado plata esa mañana y la querían. Los ladrones se llevaron joyas, dólares, celulares y el Renault Clio; encerraron a las víctimas y huyeron.
El testimonio de una de las víctimas que vio un taxi en la zona y las filmaciones de algunas cámaras de seguridad brindaron datos para ubicar a un sospechoso.
Ese mismo día el taxi fue ubicado en una estación de servicios ubicada en Roullión y Presidente Perón mientras su conductor cargaba combustible.
En su interior había guantes de látex similares a los usados por los asaltantes y un pasamontañas. Según el registro de GPS del coche de alquiler, estuvo en la zona del robo una hora antes del atraco.
Con esta evidencia la fiscal González acusó formalmente a Luciano Andrés E. por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego agravado por haberse cometido en poblado y en banda en calidad de partícipe primario.
La jueza María Melania Carrara tuvo por formalizada la imputación y lo dejó detenido preventivamente por el plazo máximo que fija el código de procedimiento, es decir dos años.
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