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Imputaron a un agente bursátil y a su pareja de maniobras defraudatorias millonarias

Fueron imputados por administración fraudulenta y estafa. Es por 17 hechos de defraudación millonaria contra particulares, incluso contra un banco. El juez Gustavo Pérez de Urrechu le prohibió salir del país y dictó un embargo contra el empresario


Daniel Casanovas es un agente bursátil que este miércoles fue imputado junto a su pareja, ejecutiva de alguna de las empresas involucradas en la investigación, por 17 casos de administración fraudulenta, estafas y enajenación y/o retiro de depósito gravando como propios bienes depositados con garantía Warrants, desbaratamiento de derechos acordados, falsificación y puesta en circulación de cheques. Hasta el momento son siete los que aspiran a ser querellantes en la investigación, entre ellos se encuentra un banco, empresas y personas físicas. El juez de la causa les impidió salir de país, embargó los bienes del empresario ya que sus compañías entraron en default en 2019. La estafa es millonaria.

El fiscal Miguel Moreno imputó este miércoles a Daniel Andrés Casanovas, en su carácter de presidente de “Daniel A. Casanovas y Asociados S.A” dedicada a la operatoria en mercados con contratos al contado o a término, de futuro y opciones sobre valores negociables, también como presidente de Cereales del Sur S.A. cuyo objeto social era, entre otras actividades, toda aquella vinculada a la explotación agrícola, ganadera y forestal y sus negocios derivados y a Samanta Verónica B., su cónyuge, en su carácter de directora de “Rosario E. Trade S.A.” y vicepresidenta de Cereales del Sur S.A.

Para la fiscalía los imputados cometieron una serie de serie de maniobras ilícitas, realizadas en violación a sus deberes como administradores de la sociedad y como responsables de la administración de fondos de terceros en custodia. Para Moreno, las maniobras consistieron en operaciones de transferencias bancarias y de compra y venta de dólares y de títulos valores en pesos y dólares con fondos confiados para su administración y que no corresponden a la serie de acciones de inversión ordenadas por los clientes a partir de su consentimiento informado.

Estas operaciones se hicieron a a espaldas de los cuenta-comitentes, abusando de las facultades conferidas, sustrayendo la totalidad de activos que se encontraban en dichas cuentas. Así,le imputó a Casanovas que en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del 2019 materializó un perjuicio ilegal contra 19 cuenta-comitentes, entre ellos personas físicas, empresas y hasta una asociación mutual, con los fondos en pesos y en dólares, tanto en dinero como en títulos y bonos por sumas millonarias.

Estafas

Entre las estafas que se les achaca al matrimonio aparece una maniobra realizada en mayo de 2019. Según el fiscal, tuvo como eje un contrato de fideicomiso en el cual Daniel Casanovas y Fernando G. como fiduciantes y la empresa Rosario E. Trade S.A. como fiduciaria firmaron el fideicomiso denominado Ganadero Norte. En mayo de ese año contactaron a dos víctimas a quienes les propusieron hacer una inversión en dólares destinada a engorde de ganado por un ciclo determinado de tiempo y al vencimiento de este plazo se comprometieron a devolver el capital más una rentabilidad acordada, lo que nunca ocurrió. La adhesión al fideicomiso se hizo por 50 mil dólares cada una de las víctimas, con una rentabilidad del 6 por ciento a devolver en 100 días. Esta operatoria fue garantizada a través de cheques que luego no tenían fondos.

La fiscalía imputó a Samanta B., a Daniel Andrés Casanovas, junto a Fernando G., Mario T. y Silvina C. (estos últimos serán imputados en una próxima audiencia) de defraudar a las víctimas induciéndolos mediante engaños a invertir y adherirse a este fideicomiso. El fiscal dijo que el dinero entregado por las víctimas no fue aplicado al engorde de ganado, y los imputados dispusieron de los fondos procurando un lucro indebido para sí o para terceros.

Otra de las a estafas imputadas ocurrió en julio de 2019, contó el fiscal. Casanovas, en su carácter de presidente de Cereales del Sur S.A. junto a su vicepresidenta Samanta B. y Agustín G. presentaron en el Banco Macro S.A. un pedido de préstamo bancario por 139 mil dólares la que debía devolver en 180 días. La operación se garantizó con certificado de depósito y su correspondiente Warrant por dos mil toneladas de maíz de los silos Planta de Cereales del Sur ubicada en la provincia de Salta.

En agosto de 2019, Cereales del Sur se presentó en concurso preventivo de acreedores, Banco Macro intimó la devolución del préstamo por caducidad de los plazos otorgados y solicitó la subasta pública administrativa de las mercaderías lo que no sucedió. Casanovas, Samanta B. y Fernando G. fueron imputados por haber hecho imposible la ejecución de la mercadería depositada en garantía.

Según la acusación fiscal también estafaron a través de las dos empresas que dirige Casanovas a una sociedad de hecho con la proposición de una venta de soja a futuro. Para ello la firma Cereales del Sur S.A. garantizó la operatoria con la emisión de cheques por una suma de más de 5 millones de pesos, luego falsificó el endoso de esos cheques a otra firma. Simultáneamente y a requerimiento de la segunda firma otorgaron una suerte de segunda garantía para profundizar y mantener en el error a las víctimas, emitiendo un certificado de depósito y su respectivo Warrant, procurando para si un lucro indebido y generando un perjuicio ya que al presentarse los cheques los mismo fueron rechazados, contó la fiscalía. La liberadora de los cheques Cereales del Sur S.A se concursó, por lo cual tuvo que abonarlos la segunda empresa que recibió los cheques que al intimar a la primera empresa se enteró que los endosos habían sido falsificados.

Tras la imputación que fue formalizada por el juez Gustavo Pérez de Urrechu para Casanova por 17 hechos de administración fraudulenta, falsificación y puesta en circulación de cheques, dos hechos de enajenación y/o retiro del depósito gravando como propios los bienes depositados con garantía Warrants. Para el sospechoso y su pareja dos hechos de estafa y uno de desbaratamiento de derechos acordados.

Además el magistrado dispuso una medida innovativa sobre algunos inmuebles, uno de ellos en un country de Funes. También impuso la inhibición general de bienes de ambos imputados, inmovilización y congelamiento de fondos bancarios, una medida de prohibición de innovar sobre participación accionaria, la prohibición de desprenderse de activos y de salir del país.

Resta imputar otros sospechosos, quienes pidieron la reprogramación de la audiencia, la que se hará en una fecha próxima a fijar por la Oficina de Gestión Judicial.

 

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El concurso de la agropecuaria Cereales del Sur SA fue el comienzo del fin de los negocios del empresario, con un default de 50 millones de pesos. Casanvas presentó un plan de pagos, que  fue avalado por la justicia debido a que la firma agropecuaria derivó en una estructura dedicada a la comercialización de ganado -Fideicomiso Ganadero Norte- que permitió ir cumpliendo con los acreedores que no obstante sufrieron una importante quita sobre los valores verificados ante la justicia, según recuerda el sitio especializado Punto Biz.

Pero el empresario no pudo cumplir con los ahorristas que le confiaron su dinero para  los negocios extrabursátiles que realizaba, asegurándose una renta que comenzó a incumplirse. Sin embargo intentó un acuerdo en el que estiraba los plazos de pago, pero el año pasado tampoco pudo cumplirlo.

Según detalla Punto Biz, si bien la explicación que daba a sus ahorristas para no pagarles era el descalabro financiero argentino de 2018, muchas de las víctimas lo denunciaron penalmente.

De Salta a Rosario

En agosto de 2019, unas 70 familias viajaron desde Salta a Rosario e hicieron un acampe  en el ingreso del barrio privado Miraflores, de Funes, en donde vivía Casanovas. Allí reclamaron por una deuda que según dijeron mantenía la firma que preside el empresario con ellos por unos 60 millones de pesos.

Los trabajadores movilizados pertenecían en su mayoría al sector del transporte de cereales. Uno de ellos dijo a la radio funense que el empresario los contrató cuando “empezó la cosecha” y que después que terminó la campaña (electoral) “no pagó” y que por ello decidieron trasladarse a Rosario tras efectuar varios reclamos similares en el norte del país.

 

 

 

De Salta a Rosario: 70 familias reclaman una deuda millonaria

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