La Justicia santafesina imputó esta semana a una banda de cordobeses acusada de realizar estafas telefónicas en Rosario. Según la audiencia realizada entre lunes y martes en el Centro de Justicia Penal, la organización tenía varios jefes que estaban detenidos y operaban desde la cárcel de Río Cuarto, con ayuda de “prestacuentas” que esparcían el dinero obtenido mediante engaños, transfiriéndolo varias veces para dificultar su rastreo. En total son 21 las personas implicadas en la investigación por asociación ilícita, aunque diez de ellos sólo fueron acusados por el delito de estafa.
Según informó el Ministerio Publico de la Acusación (MPA), la fiscal Viviana O’connell investigó 15 hechos (12 consumados y 3 en grado de tentativa) cometidos entre noviembre de 2020 y abril de 2021. La funcionaria relató en rueda de prensa que al escuchar las denuncias empezaron a notar “patrones de coincidencia” en el “modus operandi” de la banda.
Según detalló, los estafadores buscaban a sus víctimas en el sector Marketplace de la red social Facebook, destinado a publicar todo tipo de bienes a la venta: desde propiedades inmuebles hasta secadores de pelo.
La fiscal dijo que los estafadores se hacían pasar por compradores. Una vez que convencían a la víctima de querer comprar su producto, le pedían una cuenta bancaria para depositarles dinero y así concretar la operación. Luego, con distintas artimañas conseguían que las víctimas se acerquen a un cajero automático y gestionen una clave Token que luego utilizaban para ingresar a sus cuentas por home banking, gestionar préstamos y luego transferir todo a terceros.
El ardid más común era decirles que querían hacer el depósito de dinero pero que por algún problema no podían. Una mentira eficaz teniendo en cuenta que la persona engañada haría lo posible para poder “recibir” el pago en su cuenta, aunque brindar datos de seguridad bancaria nunca es la solución. Los resultados se ven en las denuncias: cuentas vaciadas y, a veces, acompañadas de varias cuotas de créditos impagables.
Luego de recolectar evidencia, a comienzos de este mes la fiscal O’connell comandó un megaoperativo en la provincia de Córdoba para desbaratar a la organización, que contó con 25 allanamientos simultáneos, varios de ellos en una cárcel cordobesa.
Según informó, de los 21 sospechosos siete se encontraban presos en la Unidad Penitenciara N° 6 de Río Cuarto ubicada en avenida Sabattini al 2600 al momento de los hechos, ya que actualmente pesan pedidos de capturas sobre tres de ellos.
Otra parte de la banda operaba desde afuera como miembros mientras que los “prestacuentas” no fueron imputados en la asociación ilícita ya que “tenían responsabilidad limitada al delito de estafa” facilitando sus cuentas para que el dinero sea desparramado e imposible de rastrear, explicó la fiscal.
Roles en la asociación ilícita
Siete de los acusados se encontraban presos al momento de los hechos en la misma cárcel y fueron imputados por “realizar llamadas telefónicas desde sus lugares de detención a las presuntas víctimas, desplegando el ardid y dándole luego las indicaciones mientras se encuentran en el cajero automático para lograr hacerse de los datos de la cuenta a través de la clave Token y así desde home banking realizar transferencias de dinero, y luego realizan en conjunto la división del dinero total producido, haciendo alusión en todo momento a las personas que colaboran desde afuera”.
Por esos delitos se les atribuyó haber formado parte de una asociación ilícita con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada, entre ellos, los conocidos vulgarmente como estafas telefónicas.
Esa acusación recayó sobre los convictos Alan Gabriel P., Daniel C. y Rodrigo Darío O., y sobre otros reclusos que por distintos motivos recuperaron la libertad y ahora se encuentran con pedido de captura: R.B.; C.L. y F.U.
En tanto, otro de los acusados es Alan Gabriel L., a quien le sindican obedecer los pedidos de los convictos, en particular de Alan Gabriel P., y R. B., que en su mayoría consistieron en conseguir cuentas bancarias, cobrar el dinero, transferirlo a otras cuentas disponibles, dividirlo y repartirlo.
La fiscal también acusó a la mamá de Alan Gabriel P. de realizar tareas similares a las de su hijo y a la pareja de R.B., una mujer identificada como E.G. sobre quien pesa pedido de captura. La acusan de recibir dinero y dividirlo con su suegro. Y también acusaron a Naira Solange B., hija de R. B., de recibir dinero por transferencia bancaria y luego obedecer a su padre en su administración que, según la fiscal, le ordenó: “que divida como hace siempre”.
Graciela G. y Leonela B., familiares de R.B., fueron acusadas de recibir dinero de una de las victimas en sus cuentas y de colaborar en la recepción y distribución de ese dinero. La misma acusación recayó sobre Rubén Ángel L. (tío de C.L. y de Damián Augusto L.) por recibir dinero en sus cuentas y luego dividirlo y repartirlo.
Una hermana de Daniel C., Vanesa Natalí C., también fue acusada de prestacuenta además de conseguir celulares para enviar a la cárcel. Otras acusadas de estafa fueron la pareja y la madre de Rodrigo O., Lorena Paola K. y Luisa Matilde P., ambas por recibir dinero y luego dividirlo. Por último, fue acusado F.T., un hombre que continúa prófugo, de prestar su cuenta bancaria en reiteradas oportunidades y luego redistribuyendo el dinero.
Para la fiscal, aunque no todos eran miembros de la asociación ilícita incurrieron en el delito de estafa al menos en un hecho.
La jueza de primera instancia Silvia Castelli tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó prisión preventiva por el plazo de ley para Alan Gabriel P., Daniela Rosana P., Alan Gabriel L., Graciela G., Rubén Angel L., Rodrigo O., Daniel C. y Luisa P. Además de esas ocho personas, ordenó la prisión preventiva domiciliaria para cuatro acusadas: Naira B., Leonela B., Vanesa Natali C. y Lorena Paola K.
En tanto para otros nueve imputados (Damián Agusto L., Melisa Mora P., Martín N., Carlos B., Matías V., Leandro G., Kevin Leonel C., Yasmín B., Mónica Raquel P.) dictó como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva una firma quincenal y una fianza que fijó entre 50.000 y 100.000 para cada imputado.
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