Paola Cándido
Lorena Vázquez es la mamá de Ignacio, un nene de seis años con síndrome de down. Su obra social, Relojeros y Joyeros (Osrja), no cumple con el pago de su maestra integradora: un acompañamiento docente que necesita su hijo para ir al colegio. “Hace más de un año que estoy renegando con este tema. La obra social no les paga a las maestras. La última estuvo ocho meses sin cobrar y tuvo que renunciar”, contó la mujer a El Ciudadano.
Lorena, junto con otras madres que están pasando por la misma situación, ya hicieron escuchar su voz en la Superintendencia de Servicios de Salud para denunciar la falta de cumplimiento de las obras sociales en las prestaciones a sus hijos con discapacidad.
“En octubre del año pasado pude conseguir otra maestra integradora para Nacho. Estamos en febrero y todavía no cobró. Tuvo que renunciar”, explicó Lorena.
La mamá de Ignacio remarcó que el único problema no es la falta de pago de la obra social a las maestras integradoras. También tienen dificultades con el transporte y los tratamientos de terapias como fonoaudiología y kinesiología, entre otras, que sus hijos necesitan para tener una mejor calidad de vida.
Todas estas prácticas están reconocidas por la ley Nº 24.901, que fija el sistema de prestaciones básicas al que tienen derecho las personas con discapacidad. Sin embargo, “se hace cuesta arriba que las obras sociales las reconozcan y una vez que las admite se atrasan con los pagos, tanto que los chicos terminan quedándose sin tratamiento”, advirtió.
Según contó la mujer, desde que nació su hijo, siempre fue atendido en el Hospital Español. Pero desde hace unos meses dejaron de prestarle los servicios. “Necesito otro plan para que pueda seguir llevándolo allí, superador”, especificó la mujer.
A pocos días de que Ignacio empiece la educación primaria (primer grado) en la Escuela Particular Incorporada N° 1039 “Fuente de Vida”, de Bolivia al 2200, todavía no cuenta con el acompañamiento de su maestra integradora.
