El pasado fin de semana nos enteramos por medios de comunicación de una carta o misiva que el embajador argentino ante Estados Unidos, Martín Lousteau, envió a un congresista estadounidense, Peter Visclosky, a medidados de 2016 con un listado de equipos militares que la Argentina estaría dispuesta a adquirir a través del sistema de FMS (Foreign Military Sales), enfocado al equipamiento nuevo, o bien el Excess Defense Articles (EDA), enfocado en equipamiento de rezago. Una parte de lo solicitado era material que ya aspiraban adquirir las Fuerzas Armadas años anteriores, en algunos casos tal vez en cantidades menores; otros pedidos constituyen una novedad, como las aeronaves Texan II que darían casi por muerto el programa de modernización del venerable avión de ataque Pucará argentino.
Más allá del fogueo verbal enfrascado en la lucha política diaria, se pueden hacer varias consideraciones, algunas preocupantes:
El embajador y algunos diputados del oficialismo pareciera que entran con este pedido (de manera muy desprolija y sospechosa) en el circuito del lobby político del Congreso estadounidense, por lo tanto, la canciller y el ministro de Defensa deberían explicar si estaban enterados de las gestiones, si los circuitos de compra son los normales y si pensaban presentar a discusión y aprobar por el Congreso este tipo de adquisiciones como obliga la ley.
Este pedido de compras de equipos confirmaría el giro definitivo hacia el mercado norteamericano e israelí de armas, desestimando otros mercados que Argentina exploraba, como Rusia, China o inclusive Francia. Toda una señal del alineamiento diplomático de la nueva gestión.
Preocupa que en el pedido se haga mención de que parte del equipamiento es para combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, cuando la ley de Defensa Nacional vigente deslinda claramente los objetivos e incumbencias del área de Defensa, desligándola de la seguridad interna (algo que no ocurre necesariamente en otros países de Latinoamérica, pero que Argentina por su experiencia política decidió correctamente escindir).
Este pedido, más allá de tener 9 meses de antigüedad, sale a la luz a un mes de circular rumores por las redes sociales de fuertes ajustes de programas militares que estaban en marcha, sumado a la venta de inmuebles del área de Defensa declarada oficialmente hace pocos meses, con lo cual no se interpreta de manera clara si la gestión actual desea ampliar y modernizar las diminutas capacidades militares de las Fuerzas Armadas argentinas, o bien viene a realizar un ajuste mayor.
No parece quedar claro, entonces, hacia cuáles amenazas están destinadas la compra de equipamiento; de hecho el Ministerio de Seguridad reclamó aparentemente un trato igualitario en cuanto a adquisiciones, ya que esa cartera es la que debería luchar contra las amenazas citadas en el pedido del embajador Lousteau. Por otra parte la Argentina se encuentra virtualmente sin defensa aérea, y con capacidades de vigilancia y control de su espacio aéreo y marítimo excesivamente disminuidas, mientras que la ONU le acaba de otorgar un aumento de su espacio marítimo bajo control exclusivo.
También se debería explicar qué rol cumplirá en adelante, para la actual gestión, el complejo de industrias militares con el que cuenta el Estado argentino, ya que la compra de determinados equipamientos parecería que hacen entrar en un cono de sombra programas actuales o proyectados desde hace años y que aportarían no solamente mano de obra nacional, sino un aprendizaje tecnológico relevante para la industria nacional.
Sería deseable que la actual gestión explicitara a las comisiones de Defensa de ambas Cámaras del Congreso, a los militares y a la población en general los lineamientos de corto, mediano y largo plazo de su política de Defensa, y cómo logrará alcanzar los objetivos propuestos. Previamente debería consensuar con la oposición los aspectos en que haya divergencias para poder exponer interna y externamente una política de Estado de largo plazo.
Precisamente nos detenemos en este último aspecto. La defensa nacional, como las relaciones exteriores de una Nación, no pueden estar expuestas a improvisaciones (como ya vimos en la planificación y ejecución de la última campaña antártica que acaba de terminar) y a volantazos, como tampoco a caprichos o negociados de distintos sectores políticos. Las inversiones en armamentos y equipos, como la construcción de alianzas políticas y militares internacionales, requieren mucho esfuerzo, tiempo y dinero. Si la actual gestión e inclusive la dirigencia política en general no actúa con seriedad de forma urgente, el personal más capacitado y con vocación de servicio de las Fuerzas Armadas continuará retirándose al ámbito civil, el estado de indefensión externa será mayor aún, las Fuerzas Armadas continuarán con una imagen negativa para una parte de la sociedad, no contaremos con aliados serios y firmes ante circunstancias adversas, el equipamiento y la infraestructura actual que tantos recursos le costaron al estado terminarán rematándose y Estados Unidos y Gran Bretaña lograrán definitivamente que las Fuerzas Armadas se conviertan en una especie de Guardia Nacional para resguardar el orden interno y no comprometan la actuación soberana de la Otán en las áreas consideradas por ellos estratégicas, como el Atlántico Sur y sus pasos bioceánicos, la Antártida, la Patagonia, y la triple frontera, entre otros.
*Miembro de la Fundación Pueblos del Sur
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