País

Estado parlamentario ausente

Humedales sin control, tierra de nadie o de poderosos y ley de protección a punto de caer otra vez

El último proyecto de ley para preservar esos espacios reservorios de biodiversidad y generadores de servicios ambientales sigue cajoneado en Diputados. Historia repetida desde 2013. Presiones y falta de voluntad política contra los reclamos de colectivos ambientales y sociales


El 18 de agosto de 2021, llegó a Buenos Aires la caravana de kayaks que había partido de Rosario en reclamo del tratamiento de la ley de Humedales en el Congreso. Foto: Víctor Carreira/Télam

No sólo son las quemas, el daño más visible: los humedales de Argentina, entre ellos el del Delta del Paraná, son paisajes frágiles que aportan grandes servicios ambientales pero están siendo diezmados por prácticas productivas insustentables e incursiones agresivas a su flora y fauna, sin control del Estado pese a las declamaciones y ahora, otra vez, sin la oportunidad de tener un instrumento legal para protegerlos. El próximo 30 de noviembre puede caer, de nuevo, un proyecto de ley integral para preservarlos antes de que los daños sean irreversibles. El texto unificado que fue girado a cuatro comisiones de la Cámara de Diputados y que ingresó al cuerpo hace más de un año, está a nada de perder estado parlamentario. Organizaciones sociales, ambientales y espacios políticos alzan el alerta sobre las presiones para que la norma no se apruebe. Es una historia repetida desde 2013: todos los intentos naufragaron en los cajones legislativos, sobre todo en la Cámara baja, huérfanos incluso de apoyo desde el Poder Ejecutivo.

Ya van ocho años con la misma historia. El último proyecto fue un gran esfuerzo. Actualizó los anteriores, incorporó los aportes de once propuestas de diversos espacios políticos y parecía que, esta vez, empujado por la repercusión pública de las quemas del año pasado en las islas del Paraná, iba a materializarse. Pero no: otra vez está a punto de caer.

El proyecto unificado se giró a cuatro comisiones: Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, Intereses Marítimos y Pesqueros; y Presupuesto y Hacienda. Sólo lo trató la primera, que preside Leonardo Grosso, referente del Movimiento Evita. De allí surgió, el 20 de noviembre del año pasado, la amalgama de iniciativas que detuvo su andar. De las tres comisiones en las que duerme, dos están comandadas por el oficialismo nacional, e Intereses Marítimos es dirigida por Juan Aicega, del PRO.

El reglamento interno de la Cámara baja indica que “todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente se tendrá por caducado”.

¿Legisladores dedicados al proselitismo? Puede ser, pero eso desde hace unos meses. Hubo tiempo para apurar el tratamiento antes de que la campaña política complicara los tiempos. Desde el oficialismo, que con la presidencia de dos de las tres comisiones que faltan no fogoneó el debate, arguyen que tras los comicios del 14 de noviembre el proyecto podrá volver a la agenda de prioridades.

Si no es así, el futuro es incierto, porque con el recambio de la Cámara, fijado para el 10 de diciembre, se caerá el dictamen de Recursos Naturales, única comisión que cumplió, y habrá que retomar el camino.

Los daños no permiten la espera. Entre el año pasado y lo que va de 2021 hay más de 600 mil hectáreas arrasadas por el fuego en el Delta del Paraná, según estimaciones del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Y el del río es sólo uno de los humedales en el país, que los hay de diferentes características y, en conjunto, ocupan un 21 por ciento del territorio. Es que esos paisajes dominados por la lógicas de las aguas superficiales y subterráneas incluyen también, por ejemplo, a los salares, amenazados en este caso por la minería como las islas lo son por la ganadería y la agricultura a gran escala.

“Desde que empezó el año está trabado. Dado que el tiempo se acaba estamos pidiendo una plenaria de comisiones, que es una práctica muy usual en el Parlamento. Consiste en que las comisiones que restan se reúnan y puedan aprobarlo para que baje al recinto”, explicó Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) al medio elauditor.info.

Los colectivos ambientalistas no quieren que este año suceda lo mismo que en 2013 y 2016, cuando sendos proyectos de ley de Humedales consiguieron media sanción en el Senado pero se trabaron en la Cámara baja y perdieron estado parlamentario. “Las dos veces que se paró fue por falta de interés en el tema y efectos de lobbies muy fuertes, como el minero, el agropecuario, el de desarrollo inmobiliario”, recuerda Di Pangracio.

La doctora en geografía e investigadora Patricia Pintos, de la Universidad Nacional de La Plata, agregó que el actual proyecto de ley “es muy superior de los otros dos que habían tenido media sanción en el Senado”.

La Red Nacional de Humedales, la Multisectorial Humedales con asiento en Rosario y otras organizaciones reclamaron, para apurar los tiempos, un dictamen conjunto de las comisiones de Diputados que faltan, para tratar el texto en el recinto, aprobarlo y girarlo al Senado. Las presiones, apunta, son particularmente fuertes en Agricultura y Ganadería. Una muestra, dijo, “de cómo juegan los lobbies de las corporaciones como factores de presión en la sanción o no, de instrumentos legales de vital importancia”.

La tercera puede no ser la vencida

El primer proyecto de ley para la protección de los humedales fue presentado por la senadora por Entre Ríos Elsa Ruiz Díaz, del Frente para la Victoria, en abril de 2013, con el aporte de la Fundación Humedales, que desde el año anterior venía solicitando la aprobación de una norma de presupuestos mínimos ambientales para esos ecosistemas.

En septiembre de ese mismo año, el senador Rubén Giustiniani presentó otro proyecto de ley con el mismo objetivo.​ Los proyectos fueron unificados y se debatió en el Senado, donde obtuvo media sanción.​ La Cámara de Diputados, sin embargo, nunca trató el proyecto, por lo que perdió estado parlamentario en 2015.​

Entre 2015 y 2018 se presentaron en total ocho proyectos diferentes, todos los cuales perdieron estado parlamentario o nunca obtuvieron la aprobación unificada. Y durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2016 se trabajó sobre un proyecto de ley que enfrentó la oposición del sector minero y el inmobiliario. Consiguió media sanción en el Senado, pero perdió estado parlamentario en 2018.

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