Numerosos sindicatos y organizaciones sociales llevan adelante este viernes en Brasil una huelga general con protestas en todo el país centrada en el rechazo a la reforma de las jubilaciones que impulsa el presidente Jair Bolsonaro, aún cuando el proyecto que el Ejecutivo presentó en el Congreso recorta algunas de sus aristas originales más duras. La protesta no se cierra en el debate previsional: al compás de las medidas de recorte de derechos del Ejecutivo, incluye el repudio a otras podas de gastos públicos como, por ejemplo, en educación y salud.
Los cambios “no cambian nada”, argumentó un vocero de la Central Única de los Trabajadores (CUT), Vagner Freitas. “La CUT no concuerda con la narrativa de que las jubilaciones sean el principal problema económico de Brasil. El problema de Brasil es que no hay un proyecto de política económica”, explicó.
El último día de la semana amaneció movido. La huelga con sus movilizaciones se da en la misma jornada en la que comienza la Copa América Brasil-2019. El clima, además, está enrarecido por las polémicas filtraciones que pusieron en duda la parcialidad del ex juez y actual superministro de Justicia Sergio Moro, bajo sospecha de manipular procesos judiciales para condenar a la cárcel al ex presidente Inácio Lula Da Silva y correrlo de la carrera presidencial que, sin su participación como favorito, ganó Bolsonaro.
La huelga fue convocada el 1o de mayo pasado por las principales centrales sindicales del país: la CUT y la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB) o Força Sindical. Estudiantes, profesores, importantes sectores industriales y partidos de la oposición también participan.
Están previstas marchas en unas 100 ciudades de al menos 24 de los 27 estados (provincias) de Brasil. La concentración principal se espera en la megaurbe industrial de Sao Paulo.
Casi todos los principales sectores industriales se sumaron al movimiento. El antecedente más cercano de la protesta general son las dos grandes manifestaciones de estudiantes y profesores del 15 y el 30 de mayo último contra los bloqueos presupuestarios en educación.
Ajuste de gasto con reducción de derechos
La reforma de las jubilaciones es una promesa de campaña con la que el presidente Jair Bolsonaro ganó el apoyo de los “mercados” durante su campaña electoral, aunque la minimizó en el programa de gobierno que presentó en la campaña: sólo figura en una de sus 81 páginas, y de manera vaga. El ministro de Economía, Paulo Guedes, la define ahora como la llave maestra para reducir el déficit público, eje discursivo oficial como en la Argentina.
El proyecto inicial contemplaba un ahorro de casi 1,2 billones de reales en 10 años (unos 312 mil millones de dólares al cambio actual).
Los mecanismos de la iniciativa no sólo son impopulares entre gremios y organizaciones sociales: generan resistencia entre los legisladores, que deben aprobarlo por una mayoría de tres quintos para que entre en vigor. Para reducir las resistencias, el relator del proyecto retiró algunos de sus puntos más polémicos, como el que preveía transformar el régimen actual, de reparto, en una jubilación por capitalización individual como la de las AFJP que rigieron en la Argentina.
Las negociaciones parlamentarias resultaron más complejas que lo que imaginaba el presidente. En el sistema político brasileño, los diputados y senadores que tienen que aprobar medidas impopulares –como la reforma previsional– son votados individualmente –listas abiertas–, y deben justificarse ante los electores.
En el camino de sumar voluntades, el gobierno también dejó fuera del proyecto medidas que afectaban las pensiones para ancianos discapacitados indigentes y a los trabajadores rurales, que gozan de beneficios aunque no hayan aportado.
El ahorro previsto por el gobierno queda así reducido, en las estimaciones, a entre 800.000 y 900.000 millones de reales.
“Hemos conseguido proteger a los beneficiarios (de las pensiones para discapacitados), proteger a los trabajadores rurales. Es una gran victoria de la oposición contra la jubilación por capitalización”, declaró durante los debates del jueves último el diputado Alessandro Molon, del Partido Socialista (PSB).
Los organizadores de la protesta insistieron en que Bolsonaro y su ministro de Economía, Guedes, no tienen una política para el crecimiento económico y la generación de empleo. La reactivación de la economía fue un pilar de la campaña presidencial, pero el Producto Bruto del país se contrajo 0,2 por ciento en el primer trimestre de este año, la primera caída desde 2016.
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