La Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó este lunes seis allanamientos en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Avellaneda y Reconquista en el marco de la investigación por estafas dentro de la causa del conglomerado Vicentin.
Los operativos permitieron secuestrar documentación y elementos relevantes para la causa judicial que investiga la Fiscalía de Delitos Complejos Económicos a cargo de Miguel Moreno, dentro del Ministerio Público de la Acusación de la Región 2.
Los agentes realizaron allanamientos de forma simultánea en Santa Fe, otro en la ciudad de Rosario, un tercero en Avellaneda y los tres restantes en Reconquista. El personal de la AIC secuestró aparatos de telefonía celular, pen drive, notebook, CPU, computadoras, chequeras, más de 60 carpetas con documentación, 124 cartapacios con validez documental, discos rígidos y dispositivos de almacenamiento.
Producto de las requisas, la AIC también trasladó a una persona, identificada por sus iniciales G.S, en calidad de demorado, a la sede de la Agencia en Reconquista.
Ya en diciembre del año pasado, el fiscal Moreno había declarado su convencimiento de que Vicentín armó una gran estafa que perjudicó a bancos nacionales y extranjeros, a productores y acopiadores de granos, por cifras de gran magnitud. En ese entonces, ya tenía estimaciones: 500 millones de dólares birlados a los bancos internacionales más el Macro, junto a otros 50 millones de dólares al Grupo Grassi y entre 7 y 8 millones a otro conjunto de cerealeros.
El fiscal investiga contratos con ardides que consistían en brindar información falsa en los balances, exhibiendo una magnitud muy importante de contratos para demostrar una salud financiera que no era tal.
Vicentín recibía granos que en los balances hacía figurar como propios, sin exhibir que todavía no los había pagado. No eran, así, activos de la empresa, sino pasivos corrientes, pero los anotaba como activos en los balances. Moreno sospechaba ya en ese momento que la Bolsa de Comercio fue utilizada como un escenario para exhibir una solidez empresaria que no era real.
También a mediados de diciembre de 2020, el fiscal Moreno había pedido, y luego encabezó, 17 allanamientos en el marco de la causa. De ellos, 13 fueron a domicilios particulares de ex integrantes del consorcio en la ciudad de Reconquista y Avellaneda. Otros tres a empresas en Reconquista y uno en Ricardone. Como en los recientes operativos, hubo secuestro de material para avanzar en la investigación de los ilícitos, como documentación y dispositivos de almacenamientos electrónicos, celulares y vehículos.
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