Guillermo Correa
“Santa Fe tiene una cultura de la asociativismo muy importante: la capital del cooperativismo y la capital del mutualismo están en la provincia de Santa Fe. Yo creo que es un sector que tiene un gran potencial para resolver muchos de los problemas de la Argentina, y sobre todo el problema del empleo. Y es trabajo con derechos”, postula Fernando Rosúa. El Chino, como más se lo llama, habla con conocimiento: hasta hace poco tiempo revistó como delegado para Santa Fe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el máximo organismo del Estado dedicado al sector. Por ello repite con énfasis en la frase “trabajo con derechos”: tanto la convicción de su sector político como la suya propia es que la Argentina va camino una de dos realidades diametralmente opuestas. Una es precisamente el trabajo colectivo generado por la misma sociedad, ya que –ni en el país ni el mundo– el sistema privado –ni tampoco el Estado– va a generar suficientes puestos de trabajo para incorporar a contingentes que cada año se suman a la búsqueda. Pero ese tercer sector, aclara, es imposible que tenga proyección y desarrollo sin una presencia contundente del Estado. Y por ello queda totalmente a la deriva en la plataforma económica de La Libertad Avanza.
“Nosotros tenemos la experiencia, acá en Rosario, de la lucha de lo que son las las app, como las de reparto. Hubo, por un lado, de de que se inscriban en las reglamentaciones municipales. Las empresas de este tipo pretenden escapar, por un lado a la regulación del derecho laboral: entonces dicen que no son empleados, cuando claramente lo son. Y, por otro lado, pretenden escapar a las regulaciones administrativas municipales y provinciales. Entonces la tarea del Estado encuadrar a las empresas y la que no se encuadra en este tipo de legislación hay que cerrarla. Y hay una experiencia en Rosario, por ejemplo en el tema de las apps de reparto, de una cooperativa cadetes, Coop Express, y ellos tienen más de 60 asociados y vienen de un largo proceso de desarrollo, primero de mejorar su servicio, después de desarrollar herramientas tecnologícas para las comunicaciones, y de sumar movilidad para no sólo trasladar paquetes pequeños. Vienen haciendo un muy buen trabajo y son una cooperativa: es un modelo diferente”.
Con una vasta y diversificada militancia, Rosúa, abogado de profesión y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, atravesó experiencias como una temprana participación en el Centro de Investigaciones de Derechos Humanos, abordando problemáticas muy como las cárceles. En derecho participó de la creación de la cátedra de Criminología, pasó por la estructura de dirección de la Colonia Psiquiátrico de Oliveros –en un programa de externación– y en el Estado en el Ministerio de Gobierno: en las dos gestiones de Jorge Obeid como gobernador, trabajando en sobre el área policial en la primera y como director del Servicio Penitencario y con el mismo cargo en el área de Seguridad Comunitaria. Su juventud más temprana, en el despertar de la primavera política del 83, la transitó en el Partido Intransigente; pero cuando llegó al Concejo Municipal, en 2013, ya lo hizo siendo referente del Movimiento Evita. Fue en esa última militancia donde hizo un largo aprendizaje en los territorios, que desembocó, precisamente, en su paso por el Inaes. “Trabajamos toda la cuestión de de las herramientas de las cooperativas y de las mutuales para para fortalecer el sector y para relacionar la economía popular con la economía social, y tratar de ir transformando muchos de los emprendimientos y unidades productivas de la economía popular en cooperativas”. Así Rosúa explica la diferencia entre las dos categorías, la primera de supervivencia, cuando “el pueblo es excluido a partir de todo el proceso de concentración económica y destrucción de mano de obra de las políticas neoliberales” logra avanzar en unidades productivas colectivas o individuales –“El cartonero, la familia que hace alfajores de maizena y los sale a vender”– y la segunda cuando “esos trabajos que la gente que fue quedando afuera se fue inventando” pasan a plasmarse con formas cooperativas y con autonomía, participación y protagonismo en el proceso productivo.
Rosúa se remite al siglo XIX, cuando en todo el territorio santafesino esa economía social institucionalizada fue abordando problemas comunes como agua y electricidad y se conformaron cooperativas que hoy siguen prestando una diversidad de servicios, más allá del propósito original. Y abunda que se fueron conformando cooperativas agrícolas, de servicios e incluso en tiempo presente para el gas domiciliario en barrios de la ciudad de Santa Fe que estaban fuera de la red de Litoral Gas: “La gente se juntó, armó una cooperativa y hoy tienen gas”.
“La gente se asocia para resolverse problemas. Y hoy uno de los grandes problemas por el que la gente se asocia, es el trabajo”, define. “Las cooperativa trabajo ya tienen una herramienta jurídica por la que pueden estar en blanco, facturar y acceder a un marco de actividad. Desde el Inaes tuvimos este año la tarea es ofrecerle todas esas herramientas a los sectores de la economía popular para que puedan potenciar su trabajo”.
Por ello, el Chino es categórico en esto: el papel del Estado “es fundamental”, ya que “el mercado no soluciona el el problema” e incluso hasta “lo agrava”.
En esa línea elogia el Monotributo Productivo lanzado por el ministro de Economía y candidato presidencia Sergio Massa, clave para un sector al que su contrincante Javier Milei no le da la menor importancia, pese a estar en franco crecimiento en todo el planeta, precisamente por el impacto de políticas neoliberales.
Sobre esos pilares, Rosúa resalta la importancia de la institucionalización con aportes jubilatorios, la posibilidad de tener obra social y una serie de ventajas como el acceso al crédito para cooperativas y mutuales. “Por supuesto es mucho que se hizo, pero hay mucho que falta hacer”.
El dirigente pone en relieve los “mayores derechos” que va dando todo el proceso, en un contexto de medio siglo de políticas neoliberales en la Argentina: “Nosotros pensamos que la economía del país debe ser mixta. Hay una parte que es sector privado, con un dueño y con sus empleados regidos por la Ley de Contrato de Trabajo; una parte que es el sector público, y una parte que es el sector que podríamos llamar de la economía social, la misma gente organizándose y produciendo y generando sud propia empresas. Un modelo mixto de tres partes es lo que vemos como la manera de sacar adelante la Argentina. Si seguimos esperando que la empresa privada tome a los desocupados… Vemos que es al revés, el proceso es expulsivo; y sumado a la Revolución Tecnológica, en la que cada vez más en las empresas se necesitan menos trabajadores y más máquinas, no hay solución. Y esto no sólo pasa en la Argentina, sino en todo el mundo”.
Rosúa se corrige parcialmente: sostiene de igual modo que en el país el impacto “ha sido tremendo”, ya que “también se dio un proceso de concentración económica y de extranjerización”, que tornó más grave el problema. Y suma que, para peor, “el neoliberalismo impone los ajustes estatales, entonces lo que era antes también el rol del Estado conteniendo, generando empleo público, hoy está absolutamente limitado”.
“La gente queda a la deriva y se las rebusca como puede”, completa Rosúa el diagnóstico terminal. Pero celebra: “Massa lo comprendió”, afirma y recuerda que tanto desde la mesa nacional del Movimiento Evita como desde otras organizaciones como el Frente Patria Grande que encabeza Juan Grabois, entre más, hicieron el mismo planteo: “A este sector, que se inventa su propio trabajo, hay que apuntalarlo. Hay que darle legalización, financiamiento, derechos, y toda una serie de cosas para que este sector de la economía crezca y pueda sostenerse en el tiempo. No decimos que no hay que generar empleo privado, al contrario, pero no es sencillo. ¿Hace cuántos años que venimos viendo los programas para generar empleo que quitan impuestos y aportes a los privados para que tomen trabajadores? Ya Domingo Cavallo lo había hecho con la reducción de aportes patronales y el resultado no está, al contrario, hoy podemos decir que el 50% de la población económicamente activa se las rebusca por su cuenta”.
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