Hace ya tiempo que dejó atrás la inflamación original, la que lo llevó, como a miles y miles, a integrarse a la Juventud Peronista. Ahora, apenas a un tranco de cumplir los 70, Gerardo Rico dice que ya no está para el trajín en la gestión del Estado ni para cargos, que lo que más le importa “después de 54 años de militancia”, es dejar “un “legado”. Y en esa posta retorna a sus orígenes: restaurar el valor del peronismo como herramienta para transformar la sociedad. “En Santa Fe hay un desarrollo, se nota en una época de crisis como la que vivimos ahora. Hay un mayor desarrollo industrial y trabajo en blanco. El problema es que nosotros no creemos en la teoría del derrame, creemos en apuntar al trabajo de abajo hacia arriba. Son dos criterios diferentes que tienen que ver con una economía más liberal y conservadora o con una más progresista y peronista”, sostiene el ex diputado provincial y actual integrante de la mesa nacional de conducción del Movimiento Evita.
Rico vuelve una y otra vez sobre ese concepto, al que le da sentido de plataforma: confirma que en 2023 “el Evita” va a dar la pelea por la gobernación, con el diputado nacional Eduardo Toniolli como candidato., en una interna que preanunicia como amplia hasta más allá de las fronteras del peronismo. “Sólo presentarse ya es ganar”, sostiene: “Para nosotros muy importante porque por lo menos vamos a poner en la agenda un montón de temas de la sociedad. Muchas de las cosas que ocurren en la sociedad todos los días están en muchos de los discursos, pero no están en la práctica concreta”, cuestiona. “¿Cuál es el rol el Estado provincial con la hidrovía? ¿Cuál es el rol del Estado provincial con respecto a los humedades? ¿Cuál es el rol del Estado con respecto a que trabajadores municipales, provinciales, de la salud, de la educación, de la Policía cobren en sus salarios cifras no remunerativas que después de años no le van a servir para la jubilación?”, se pregunta en un tono crítico que incluso alcanza a la gestión del gobernador Omar Perotti. Muestra disgusto, entre más cuestiones, por haberse metido con los sueldos docentes: no importa que fuera moneda de cambio en la pulseada de un conflicto de alta intensidad: “Choca y tiene caja de resonancia en el peronismo de la provincia”, advierte. Y pone en foco que hay otros intereses que sacan provecho de la ocasión, aunque sus apetencias están bien lejos de la defensa derechos de los trabajadores de la educación o de la educación pública misma. Así repasa el caso Vicentin, la expansión del agronegocio o el ladrillonegocio en las islas del Alto Delta, la disputa de la troncal de navegación por el río Paraná, hasta el deterioro social que multiplicó el negocio narco con sus crecientes dosis de violencia en los sectores más vulnerables. Rico desliza que se trata de un entramado complejo que descompone la sociedad, y es tarea del Estado intervenir. Pero no como lo está haciendo hasta ahora; “Tiene ser una política de Estado, pero no únicamente desde el punto de vista de seguridad, sino que abarque otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo social en los sectores más vulnerables de la sociedad”, define. Y aclara que al tema lo conocen bien de cerca: “Nosotros tenemos ciento casi 120 espacios en la ciudad de Rosario. Convivimos al lado de todo este problema, convivimos y lo sufrimos. Tenemos una experiencia que no nos la enseñó la universidad ni nada, sino la vida cotidiana de los compañeros. Viven aterrados. Absolutamente”, alarma.
“Tenemos una determinada visión de lo que está pasando, y no es únicamente un aspecto de seguridad”, insiste Rico, negando que la respuesta sea un mayor despliegue policial. Lo que ocurre en el barrio se sabe en el barrio, puntualiza. “Es decir, de la misma manera que lo sé yo, lo sabe la Policía, lo sabe la Justicia. Por eso no lo va a solucionar un Ministerio”, sostiene.
El dirigente vuelve a vincular directamente el problema del narcomenudeo en los enclaves urbanos con el deterioro social y económico de los sectores populares y con la falta de oportunidades de chicos y jóvenes. Y apunta que el camino para revertirlo está en la economía popular. “El sector cooperativo y mutual de Santa Fe es uno de los más grandes del país. En Santa Fe son cerca del 30% de los trabajadores forman parte de la economía popular. Pero no son no formales, no tienen derechos, por eso hay que apuntalar el sector cooperativo, apuntalar al desarrollo de emprendimientos productivos. Nosotros no creemos que el conjunto de la sociedad va a estar en blanco, no existe esa posibilidad real. Pero sí que el desarrollo productivo de una provincia se tiene que hacer con aquellos que hoy son los descartados de la sociedad”, traza el dirigente, para insistir en el esquema base: “Desarrollo productivo de abajo hacia arriba”.
Rico piensa, en esa línea, en una vuelta al campo. “Porque el trabajo formal en las ciudades ya no va, no va a existir el pleno empleo donde de pronto todos sean trabajadores formales con derechos. Entonces nosotros planteamos que la informalidad tenga derechos”, marca. “Pero para volver al campo tiene que tener toda la infraestructura lógica que los pueblos ya no tienen porque las fueron perdiendo”, apunta, y menciona a “las bancas de fomento como las que había antes, que existen, por ejemplo, en Brasil donde ése es el apoyo central a la pequeña empresa”.
“Y por supuesto los sectores populares y las cooperativas, para que el desarrollo surja desde ahí. Hoy en la economía popular todos trabajan, el problema que son trabajos sin derechos y nosotros queremos que darles derechos a esos trabajos, a esos trabajadores, para que además puedan desarrollarse”. El ex legislador menciona, poniendo un ejemplo, a los tambos, una cadena que caracterizó a toda la geografía de Santa Fe hasta que empezó a retroceder, empujada por la sojización rural. Y también a las pequeñas producciones agrícolas, claves en un contexto de alta inflación. “Es una cosa que nos lo planteamos nacionalmente: la importancia que haya mercados populares, A través de cooperativas que participan ahí o familias, el mercado de Buenos Aires vende las cosas a menos de la mitad de lo que se venden en los supermercados”, da cuenta y apunta que tiene que ser una política de Estado en Santa Fe generar y apuntalar esas cadenas, desde la producción a la comercialización. “Hay un montón de mecanismos económicos”, que están disponibles, insiste, y marca que el territorio santafesino “está lleno de pequeños terrenos que son del Estado provincial o de los Estados municipales”.
“Esa es la política que nosotros planteamos, por eso nos presentamos. No nos presentamos contra nadie, sino con propuestas concretas hacia la economía, lo social, lo cultural, la seguridad. Para que no únicamente nos vayamos en discursos: esto hay que hacerlo. Es absolutamente necesario hacer algo diferente”, concluye Rico.
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