Un grupo de pequeños acreedores que no ingresaron al acuerdo para salir del default y que forman parte del uno por ciento que continúa como holdouts luego del pago de la Argentina de 9.300 millones de dólares el pasado viernes, presentaron un escrito ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas en el que solicitan al gobierno nacional que mejore la oferta.
Se trata de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAPD), constituida por argentinos en 2001, y que se mantiene en pie, sobreviviendo con integrantes que se negaron a ingresar a los canjes 2005 y 2010, y a la oferta del pasado 29 de febrero que realizó la administración de Mauricio Macri a través del equipo económico que conduce Alfonso Prat-Gay.
El pasado viernes, cuando ingresaba a las cuentas de los holdouts parte del dinero recaudado de la colocación de bonos por 16.500 millones de dólares, este grupo presentó un escrito ante el Ministerio de Hacienda que fue recibido por Eugenio Bruno, asesor legal de la secretaría de Finanzas, según explicaron a Télam fuentes de la asociación.
“Sentimos que el tratamiento de este gobierno no es equitativo con nosotros. Aspiramos a reunirnos y que mejoren la oferta”, dijo Angélica Bergonzi, presidente de ADAPD.
Bergonzi explicó que en “Estados Unidos se pueden continuar acciones legales, y también en Argentina, por pedido de excepciones a gente mayor, enfermos, jubilados, quienes cobraron indemnizaciones, ahorristas genuinos”.
En efecto, durante la audiencia celebrada el pasado 13 de abril en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el abogado Michael Spencer, que defendía a una masa de holdouts pequeños y medianos por más de 600 millones de dólares, entre los que se encontraban los de ADAPD, fue habilitado por dicha Corte a continuar con su reclamo en el despacho del juez Thomas Griesa. Lo que no hizo dicha Corte fue aceptar el pedido de que continúen las restricciones en contra del país para pagar deuda, y como elemento de negociación, como pretendía Spencer.
Los bonos en default en poder de los miembros de ADAPD fueron emitidos en los 90 y no tienen cláusulas de acción colectiva ni de mayorías para obligarlos a ingresar, por la vía del contrato legal del bono, a un acuerdo. Es el mismo tipo de bono que estaba en poder de Paul Singer y el resto de los fondos buitre, quienes finalmente aceptaron la oferta argentina.
Bergonzi explicó que hay acreedores dentro del grupo que “compraron por 50 mil dólares un Global 06, que tiene sentencia firme en Nueva York desde el 2007, cuyo valor a esa fecha era de 90 mil dólares”.
Como el gobierno ahora ofreció 150 por ciento, “el valor a recibir caería a 75 mil dólares, cuando la sentencia actualizada es de aproximadamente 150 mil dólares”, explicitó.
Con la oferta argentina, estos acreedores embolsarían equivalente a tener un 50 por ciento de ganancia respecto del capital invertido, cuando la sentencia les marca un 200 por ciento.
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