En un fallo calificado como histórico, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario ratificó en todos sus términos el fallo de primera instancia emitido el 22 de junio del año pasado por el juez Luciano Carballo, que ordenaba al Estado provincial el diseño y puesta en marcha, dentro de los 150 días hábiles siguientes, de un Plan Estratégico para la utilización sustentable del recurso pesquero en la cuenca del río Paraná. La decisión en primera instancia había sido apelada por el gobierno provincial, lo que motivó el pronunciamiento de la Cámara, que definió rechazar el recurso. Tanto la sentencia de primera instancia como el fallo de la alzada basaron sus conclusiones en diversos incumplimientos normativos del Estado provincial en relación a la actividad pesquera en el río y sus afluentes.
El fallo fue celebrado y resaltado por el diputado provincial Fabián Palo Oliver, quien en junio de 2020, junto a otros trece legisladores de distintos bloques de la Cámara baja santafesina, había iniciado ante la Justicia una acción de amparo basada en la ley 10.000 de Intereses Difusos. La presentación tenia por fin reimpulsar una veda a la pesca comercial extractiva, en el marco de una bajante extrema, que además se convirtió en histórica al extenderse la situación por más tres años, algo de lo que no se tenía registro conocido. En medio de una gigantesca mortandad con riachos, arroyos y lagunas que se secaron por completo, la pretensión era que el gobierno de la provincia diseñara un Plan Estratégico sobre el recurso ictícola para ponerlo a resguardo. La causa iniciada en Santa Fe se acumuló con otra iniciada por la asociación civil “El Paraná No Se Toca”, tramitada en Rosario, y confluyeron en una acción coordinada.
El gobierno provincial de entonces había ratificado la decisión de suspender la vedad de pesca, aunque pidió a la Nación bajar en un 50% el cupo de exportación de pescado de río, establecido en 1.440 toneladas.
El 22 de junio de 2023 la Justicia hizo lugar a la demanda y ordenó al Estado provincial la realización, dentro de los 150 días hábiles siguientes, del Plan Estratégico para la utilización Sustentable del Recurso Ictícola.
El gobierno de Omar Perotti resolvió apelar el fallo de primera instancia y, finalmente, este martes 23 de abril la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario rechazó la apelación y ratificó en todos sus términos la resolución del juez Carballo.
Tanto la sentencia de primera instancia como el fallo de la alzada basaron sus conclusiones en diversos incumplimientos normativos del Estado provincial en relación a la actividad pesquera, como “la ausencia de un plan integral y la insuficiencia de información científica ambiental local; la pasividad del Consejo Provincial Pesquero, y el sistema de auditoría, evaluación y control, la creación de un sistema de alerta temprana (vedas) como medidas de protección urgente ante eventos climáticos extremos que afectan de manera adversa a la fauna ictícola, como fue la bajante registrada del río Paraná que dio origen a los procesos judiciales resueltos; la adopción de un método de control de las especies (cupos de extracción, acopio y tallas mínimas para la captura, circulación, venta y consumo) también incumplido por el Estado provincial”. Y fijó un plazo de 240 días para que el Ejecutivo, ahora en manos del gobernador Maximiliano Pullaro, cumpla con lo ordenado.
“El fallo dictado es histórico, sin precedentes en la historia de la provincia y obliga al gobierno a ejecutar un Plan Estratégico que haga sustentable el recurso ictícola de nuestros ríos. Además, lo obliga a adecuar su actuación a la legislación provincial en la materia, lo que implicará una reconversión de la actividad que hoy presenta como única característica, una faceta extractiva y comercial”, celebró Palo Oliver, quien en los últimos comicios renovó su banca por un nuevo período.
Siembra y cosecha
“Estamos ante la posibilidad de discutir el futuro del recurso pesquero, de poner límites al negociado de los frigoríficos, de mejorar la situación socioeconómica de los pescadores y de perfilar un uso turístico y recreativo de gran parte del recurso ictícola. Para que se concrete este cambio de paradigma, es necesario la voluntad política del gobierno provincial”, destacó el legislador, quien hizo un recorrido de la causa judicial en un hilo en la red X (ex Twitter).
Argentina es uno de los pocos países del mundo que exporta comercialmente la pesca de sus ríos interiores. La situación se tornó extrema en la crisis de 2002, lo que desembocó en que la Nación estableciera cupos y regulara la actividad, que en Santa Fe concentra no más de una docena de frigoríficos acopiadores.
La regulación del sistema durante el gobierno de Néstor Kirchner también se estableció con vedas por especie en períodos de desove, con la intención de recuperar la fauna que había sido diezmada como coletazo de la misma crisis económica. El pescado de río había pasado a ser un recurso alimentario accesible para un vasto sector de la población, ante el encarecimiento a niveles inalcanzables de cortes tradicionales y populares como el filet de merluza.
Las vedas tenían como contrapartida la implementación de subsidios para pescadores artesanales, en un cuadro general que hizo que surgieran iniciativas como “Pescado para Todos”, con ventas en ferias.
Pasado el cuello de botella, durante la gobernación de Miguel Lifschitz se puso en marcha un proyecto de piscicultura, con epicentro en el departamento San Javier, cuyo objetivo era avanzar en “una profunda transformación de la actividad pesquera” en toda la provincia, transformando una actividad de extracción “en otra de cultivo”.
Para ello se hicieron capacitaciones en las regiones costeras de la provincia con miras a que los pescadores artesanales pudieran iniciar la “cría en su lugar de origen” y después “optar paulatinamente por una actividad sustentable que vaya eliminando la pesca extractiva”.
En paralelo se implementó un programa para suplantar salidas de pesca artesanal por excursiones de pesca deportiva, con capacitaciones a los trabajadores como guías turísticos.
Casi una década después, la brutal caída de poder adquisitivo de la población que están dejando la motosierra y la licuadora del nuevo gobierno nacional, junto a despidos, cierre de comercios y derrumbe de la actividad económica, comienza a replicar el anterior escenario de 2002, con una retirada más pronunciada del Estado nacional, y nuevo riesgo para la fauna del río y de los humedales santafesinos, tanto de peces como de mamíferos.
En ese escenario, el cumplimiento del nuevo fallo judicial puede resultar fundamental.
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