Economía

Panorama económico

Hay que discutir la generación de riqueza, porque con la distribución no alcanza

"Una distribución de la riqueza más justa y equitativa debe ser el resultado de un modelo de desarrollo económico con justicia social, y no sólo una medida para aliviar los efectos de la injusticia", sostienen los autores. Y advierten que hasta 1976 regía un modelo agrícola y ganadero, pero distinto


Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber / Fundación Pueblos del Sur (*)

Especial para El Ciudadano

Hace algunos días, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron algunas medidas cuyo objetivo central es “mejorar la distribución de la riqueza en Argentina”. El jefe del Estado explicó que el modelo económico actual tiene tres bases: la producción, el trabajo y distribución del ingreso; pero según él, es esta última la que está fallando en la actualidad, puesto que por causas externas (la guerra en Ucrania), el fenómeno inflacionario se aceleró más de lo esperado.

El presidente lo transmitió claramente, por lo que no hay dudas de interpretación. Para el gobierno el problema económico no es la estructura económica que caracteriza al país desde hace más de 40 años, sino los mecanismos de distribución de la riqueza que ésta genera. Esto resulta una diferencia sustancial respecto a la visión justicialista del problema económico, ya que según esta tercera posición una distribución de la riqueza más justa y equitativa debe ser el resultado de un modelo de desarrollo económico con justicia social, y no sólo una medida para aliviar los efectos de la injusticia.

Habida cuenta de esto, se comprende mejor la lógica del conjunto de medidas económicas implementadas (y también las no implementadas) por el gobierno actual. Se pone el énfasis en la estabilidad, sin cambios estructurales; en la sintonía con los organismos internacionales, sin garantía de solución a los problemas domésticos; en la promoción de las exportaciones, sin priorizar la industria nacional y el trabajo de calidad. Obviamente también se comprende la incertidumbre y el descontento social reinante.

En definitiva, y dado el sesgo ideológico del gobierno, no se pone énfasis en los problemas fundamentales que tiene que resolver la economía argentina para poder alcanzar un mayor grado de independencia y justicia social. Nos referimos a las dificultades para generar riqueza nacional, producto de una estructura económica concentrada y de fuerte carácter transnacional.
Pero si se quiere efectivamente atacar los problemas de fondo, hace falta observar y analizar la economía desde otro paradigma.

Antes de la imposición del modelo agroexportador, rentístico y especulativo iniciado en 1976, la Argentina producía bienes y servicios, principalmente para su mercado interno, y exportaba sus excedentes de producción a fin de adquirir divisas para la compra al extranjero de los bienes fundamentales para el proceso de inversión para el desarrollo industrial.

Con sus matices y defectos, ese modelo productivo se caracterizaba por ser una economía mixta, en la cual el Estado ocupaba los sectores estratégicos con el objetivo de garantizar la protección y fortaleza del mercado interno; el empresariado se desarrollaba produciendo con la certeza de que el modelo industrial era una definición política de la gran mayoría partidaria, lo cual permitía a su vez generar trabajo genuino y de calidad. En este contexto no había pobreza, ni existía la exclusión social como padecemos desde la convertibilidad hasta hoy.

También se trataba de un modelo agrícola y ganadero, pero orientado al desarrollo industrial, que hacia foco en el autoabastecimiento de la mayoría de los bienes y servicios que el pueblo argentino necesitaba con el fin máximo de asegurar la independencia económica sobre la producción y la moneda extranjera. De esta manera se lograba que el conjunto de la población económicamente activa disponga de un trabajo formal, pero a diferencia de la situación actual esas personas tenían asegurado un ingreso básico digno, seguridad social y la vigencia plena de sus derechos laborales. Por cierto era un modelo autofinanciado, sin endeudamiento externo.

Durante la década del 90 se consolida el cambio hacia un neoliberalismo colonial, mediante la apertura indiscriminada y la desregulación de la economía, las privatizaciones y la destrucción del aparato productivo. Esto provocó la concentración y extranjerización de la economía, y la adopción de un perfil netamente agroexportador en detrimento del mercado interno y, por lo tanto, de la industria y el trabajo local.

Como se puede observar, hacia 1980 el monto de exportaciones era de 8.000 millones de dólares, y pasados 40 años de esas políticas, aumentó un 712%, a 65.000 millones. Sin embargo, el enorme incremento en el importe de las exportaciones no se tradujo en desarrollo económico y social; por el contrario, la apertura de importaciones ocasionó que la ocupación formal cayera del 77% a 42% de la población económicamente activa. En otras palabras, un gran aumento en el ingreso de dólares y una drástica caída del trabajo, con su correlato en la mayor concentración de riqueza y la profundización del problema del empleo. Como el modelo no cambió, sigue siendo real que un aumento de las ventas al exterior no resulta en sí la solución del problema, ya que el sector exportador, que dirige, acopia, distribuye y comercia la producción local, está concentrado y compuesto en un 80% por compañías transnacionales.

Por otra parte, tampoco resulta el método de aliviar a los excluidos atacando la indeseable distribución del ingreso que el modelo genera. Si bien los mecanismos de redistribución de la riqueza son válidos en oportunidades extraordinarias y para apalancar el desarrollo, no resuelven por sí solos la injusticia social intrínseca de este modelo económico. El problema fiscal crónico que padece la Argentina tiene que ver también con un Estado altamente demandado (e ineficiente) con serios inconvenientes para auto financiarse, producto de una estructura económica incapaz de generar valor agregado y trabajo de calidad para acumular riqueza suficiente de manera genuina.

No hay un futuro posible de justicia social sin un cambio de modelo que administre los recursos en términos del bienestar de nuestro pueblo; esto requiere la protección del mercado interno y una política orientada a la industrialización que permita recuperar los puestos de trabajo perdidos, en condiciones de justicia social.

Tenemos un enorme potencial si nos disponemos a emprender un proceso de industrialización que sume valor agregado a la producción actual y pueda sustituir el enorme caudal de importaciones vigentes. Pero no alcanza con la promoción de algunos sectores “de innovación”, ya que contando con una población económicamente activa de 23,5 millones de argentinos, hay más de 6 millones de compatriotas que se encuentran sin tarea productiva real en un país en el que está todo por hacerse.

Para cumplir ese objetivo, la política debe reorientar su tarea, para dejar de disputar espacios de poder en el Estado y dedicarse a servir al pueblo para cumplir sus deseos y aspiraciones. No hay salida sin una dirigencia que tenga como prioridad y vocación la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. A partir de eso, con la voluntad y valentía que se requieren para ello, se precisa recuperar al Estado como instrumento para promover y conducir el cambio de estructura económica mencionado, en articulación con los gobiernos provinciales y el sector privado.

Resulta indispensable un Estado que administre el comercio exterior y el ahorro nacional en términos de un proyecto de desarrollo nacional, que intervenga en las cuestiones estratégicas y articule los acuerdos necesarios para que las decisiones del pueblo organizado y libre, tiendan al bienestar nacional. La incertidumbre no se termina con la dolarización, sino con la vigencia de un proyecto nacional consistente con el deseo de hacer de la masa un pueblo, y del país una verdadera Nación.

(*) fundacion@pueblosdelsur.org

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