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Profesionales en banda

Hay más pruebas contra el corredor bursatil e inmobiliario Jorge Oneto

En una audiencia donde se debatió la prórroga de la prisión preventiva la Fiscalía sumó, a criterio de la jueza Lamperti, más indicios sobre la responsabilidad del agente financiero en la serie de fraudes bajo investigación.


En una nueva audiencia maratónica en la causa por la megaestafa inmobiliaria se revisó la prisión preventiva dictada a dos de los once imputados. El agente bursátil y desarrollador inmobiliario Jorge Oneto y el chofer Jonatan Zarate. Ambos permanecerán detenidos hasta el 12 de diciembre, cuando vence la medida cautelar impuesta a otros seis acusados. Las audiencias se hicieron en forma separada, y en el caso de Oneto la Fiscalía, a cargo de Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot, sumó nueva evidencia que a su entender refuerza la teoría fiscal. Entre los datos más relevantes surgió la desaparición del legajo registral de uno de los bienes objeto de esta estafa, un campo en la localidad de Villa Amelia cuya defraudación nuclea a la mayoría de los imputados. Por su parte la Fiscalía imputó a Zarate dos nuevos hechos, entre ellos una tentativa de estafa en el que también está vinculado el sindicalista Maximiliano González De Gaetano, también imputado en la causa. A su vez y a pedido de parte, la audiencia de constitución de querellante por parte de la provincia de Santa Fe se suspendió; se realizará el jueves próximo.

Tras la imputativa del mes pasado donde 11 personas –entre ellas empresarios, escribanos, contadores– fueron imputados por estafas reiteradas, asociación ilícita y lavado de activos, la causa tuvo un nuevo capítulo. Ayer se realizaron dos audiencias de revisión para Oneto y Zárate.  La primera de ellas dejó a la vista nueva evidencia que, a entender de la fiscalía, refuerza la participación del acaudalado contador y empresario en la maniobra.

Entre los testimonios se encuentra uno de los titulares de la inmobiliaria Gilli, quien es el último comprador del campo de Villa Amelia que fue desapoderado fraudulentamente a su legítima propietaria –viuda de un ex camarista penal–, según la acusación. Este campo pasó por varias manos; la última transacción inscrita en el Registro de la Propiedad fue la compraventa de este bien inmueble donde el empresario Marcelo Jaef y el ejecutivo Pablo Abdala venden a Oneto, en mayo de 2015, la propiedad. Tras ello Oneto le vendió por boleto de compra venta, el 2 de septiembre de 2015, a Juan Ignacio Borghi. Éste pensaba lotear el campo para la realización de un parque industrial. Recientemente Borghi hizo una presentación ante la Fiscalía para acceder a la causa como querellante contra Oneto, Jaef, Abdala y el escribano Luis María Kurtzemann hijo, que realizó la escritura traslativa de la propiedad.

Borghi  sostuvo que planificó en el campo un polígono industrial y realizó trámites en la comuna de Villa Amelia y los organismos estatales correspondientes para autorizar el loteo. También encargó un estudio de mercado para ver la viabilidad, que fijó un valor por metro cuadrado de 27 dólares, lo que hace una proyección de 24 millones de dólares el valor del futuro parque industrial, sostuvo el fiscal. El declarante explicó que un corredor inmobiliario lo contactó para la operación y le dijo, en febrero de 2015, que el campo era de Oneto. Allí Borghi comenzó a realizar gestiones para obtener información y en la comuna le preguntaron si había presentado una consulta para un loteo de un barrio privado en el campo que había sido desechado, se explicó en la audiencia.

Según el fiscal Borghi refirió que habló de nuevo con  el corredor inmobiliario y éste le dijo que formalmente la propiedad rural estaba a nombre de Abdala y Jaef pero que era de Oneto. En este punto el fiscal aclaró que la escritura de compraventa entre Abdala, Jaef y Oneto tuvo lugar recién en mayo de 2015. Entonces Borghi le pidió que los titulares registrales del bien realizaran un poder a su favor para gestionar los informes necesarios y así se hizo.

Tras ello, el referente de Gilli le dijo a Oneto que le firmara un contrato sobre la propiedad con opción de venta irrevocable y pagó una suma de 30 mil dólares. Este documento se firmó 9 días antes de que Oneto firmara escritura de compraventa con Jaef y Abdala. A lo que el fiscal concluyó que el agente bursátil esperó tener comprador para hacer la escritura traslativa de la propiedad.

Y agregó que al firmar el boleto de compraventa con Oneto en septiembre de 2015 Borghi se encuentra con un anexo que decía que en caso de que surgiera la imposibilidad de escriturar –ya fuese por la intervención de un tercero o por la existencia de alguna medida cautelar o anotación litigiosa sobre el bien– no había derecho a reclamo indemnizatorio. Narvaja estimó que es probable que Oneto ya supiera que el bien figuraba como litigioso a pedido de la Fiscalía. Incluso citó escuchas entre Oneto y Jaef donde el primero no se preocupaba por la cuestión penal sino por la imposibilidad de disposición del bien.

Legajos esfumados

Anteayer un informe del Registro de la Propiedad llegó a la Fiscalía. En él se informó que gran parte del legajo del campo desapareció pero como se trataba de una transacción que debe informarse a la Unidad de Información Financiera parte de esa documentación quedó en la memoria del scanner de la oficina del Registro. De la reconstrucción de esta información surge que el 29 de mayo de 2015 se hizo la inscripción por Kurtzemann de la compraventa  de Jaef y Abdala a favor de Oneto. El 14 de octubre de ese año el escribano pidió la inscripción definitiva pero salió rechazado el trámite. El  21 de octubre la Fiscalía inscribió el bien como litigioso y el 11 de noviembre de 2015 Kurtzemann reingresó el mismo certificado que había sido rechazado, cuando según explicó la Fiscalía debería haberse ingresado uno nuevo, y fue admitido en mesa de entradas por Liliana C., la empleada que aparece en las escuchas durante una conversación entre el imputado –también empresario– Roberto Aymo y el escribano Eduardo Torres. Según Narvaja el objeto fue puentear la medida innovativa presentada por la acusación y tras ello desaparecieron los folios del legajo

Cuentas offshore

Otro dato que arrojaron los allanamientos a distintas propiedades de Oneto fue la existencia de cuatro cuentas offshore en Bahamas e Islas Británicas por un monto total de 4.600.000 dólares, que se encuentran vinculadas con una firma de un banco suizo involucrado en la investigación conocida como los Panamá Papers. También hizo referencia a una firma de Oneto instalada en Uruguay que tiene un amplio espectro y a criterio del fiscal no cuenta con empleados.

Tras ello los defensores Oscar Romera y Jorge Ilharrescondo  refutaron los argumentos de la Fiscalía con un planteo general y técnico; sólo en puntos concretos profundizaron sobre cierta evidencia. Hablaron de un relato ficcionado de la Fiscalía y sostuvieron que el discurso de la fiscal Valeria Haurigot fue de examen. En cuanto a la declaración de Borghi sostuvo que hay dichos que no tuvo y que Oneto dijo que, además del trato social con el también empresario Leandro “Lelo” Pérez, quien fungió como intermediario en el caso del campo de Villa Amelia, realizaron algunas operaciones juntos y ello no lo negó su cliente. Afirmaron que no existe peligrosidad procesal para que su pupilo permaneciera tras las rejas y subsidiariamente solicitaron una morigeración.

Finalmente la jueza Mónica Lamperti sostuvo que la presunción de responsabilidad sobre Oneto en esta etapa del proceso continúa como probable y se robusteció con la evidencia que dio a conocer la Fiscalía en la audiencia. Sumó a ello la desaparición del legajo del bien objeto del fraude del Registro de la Propiedad. La jueza tuvo en cuenta que la pena en expectativa tiene un mínimo de 3 años y no resulta desproporcionado el tiempo de detención, por lo que dispuso una prórroga por otros 30 días, es decir hasta el 12 de diciembre próximo, cuando se revisarán otras medidas cautelares impuestas a gran parte de los imputados.

El chofer

Luego fue el turno de Jonatan Zarate, un hombre de escasos recursos que aparece en la teoría fiscal como un prestranombre en poderes apócrifos utilizados en dos de las defraudaciones. Tras pedir la prórroga de prisión preventiva la fiscal Haurigot le imputó dos hechos nuevos. Luego Zárate, defendido por el abogado Ignacio Carbone, declaró. Dijo que es una persona que no terminó el primario y describió por qué se encuentra en esta situación: “Me trajeron unos papeles para firmar”. Añadió que prestó el documento porque la persona le dijo que estaba inhibido, que no sabe lo que ello significa.

Tras ello, fue imputado. Uno de los hechos tiene por objeto un departamento ubicado en Montevideo al 1900 cuyos titulares fallecieron. El inmueble fue usurpado en 2011 y a través de un poder falso presuntamente dado por los titulares registrales en 2006, a favor de Zárate, se lo cedió al sindicalista De Gaetano, quien inicia en febrero de 2014 un juicio de escrituración. Por este caso le achacaron falsificación de documento privado, uso de documento falso, usurpación y tentativa de estafa. El segundo hecho fue un encubrimiento de robo de una Renault Duster secuestrada de la puerta de su casa. El titular del vehículo era de Las Piedritas, Buenos Aires. A su turno el defensor realizó un esfuerzo para mejorar la situación de su cliente y solicitó morigeraciones, lo que acompañó con un ofrecimiento de fianza que fue desechado por la jueza, quien prorrogó la preventiva hasta el 12 de diciembre.

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