Economía

Opinión

Hay incertidumbre porque falta un plan económico: memorias de la Argentina en desarrollo

Las medidas que los países centrales vienen adoptado para enfrentar las últimas crisis de la economía mundial refuerzan la idea de que el Estado cumple un rol central. Así se expresaba en el “Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional 1974-1977”


Esteban Guida / Fundación Pueblos del Sur (*) – Especial para El Ciudadano

La incertidumbre es la falta de conocimiento acerca del futuro.

La corriente de pensamiento neoliberal afirma que la presencia del Estado en la economía es causa de incertidumbre, ya que los gobiernos afectan las reglas del mercado siguiendo un interés político-electoral impredecible, alejado de toda lógica económica.

Esta interpretación puede ser cierta en algunos casos, pero no permite explicar las altas tasas de inversión privada que se registran en los países desarrollados, donde en su gran mayoría, la participación del Estado en la economía es elevada. En ellos se observa una alta relación entre Gasto Público y PBI, y/o evidencia suficiente acerca de la responsabilidad estatal en la generación de condiciones óptimas para el crecimiento de la inversión privada.

Las medidas que los países centrales vienen adoptado para enfrentar las últimas crisis de la economía mundial refuerzan la idea de que el Estado cumple un rol central en reducir la volatilidad de las variables macroeconómicas fundamentales. Esto sirve para demostrar que la incertidumbre que afecta el crecimiento de la inversión privada no es culpa de la presencia del Estado sino de la forma en la que éste interviene como actor central en las economías.

Dos vicios en la política económica de los gobiernos hacen que el Estado sea un obstáculo para el proceso de acumulación de capital. Por un lado, la falta de un plan económico que defina y explicite los objetivos anhelados y los medios para alcanzarlos. Por el otro, la inconsistencia e insostenibilidad del mismo, puesto que las rupturas (crisis) sociales, políticas o económicas generadas a raíz de sus fracasos provocan cambios difícilmente predecibles que son, a su vez, fuentes de incertidumbre. En pocas palabras, el problema es no tener un plan, o tener uno equivocado.

Cuando asumió Mauricio Macri como presidente de la Argentina, el rumbo que se prestaba a tomar la economía era previsible; volvía el tiempo de la apertura, el endeudamiento público, la especulación financiera con fuga de capitales y el libertinaje de mercado. Estaba claro lo que se venía; no había incertidumbre acerca de lo que el gobierno quería hacer. Era el tiempo de los negocios, por eso el establishment y los grupos concentrado de poder lo apoyaron y aplaudieron efusivamente. Pero en 2018, la inconsistencia y los absurdos caprichos de los CEOs, precipitaron el colapso de un modelo intrínsecamente fallido, y la incertidumbre respecto al desenlace volvió a generar una fortísima retracción económica.

El actual gobierno del Frente de Todos decidió no explicitar un cambio de modelo económico. De hecho, el propio presidente Alberto Fernández llegó a afirmar que no estaba a gusto con los planes económicos. Esto aporta muy poca información acerca de lo que pretende hacer el actor principal de la economía, y le da a sus proyecciones un horizonte estrictamente coyuntural, lo que hace válida la duda acerca de lo que pueda ocurrir con la economía después de las elecciones legislativas.

Todo el esfuerzo en materia de planificación parece estar condensado en las proyecciones que se hicieron en la ley de Presupuesto Nacional sobre ciertas variables clave de la economía (inflación, tipo de cambio, déficit fiscal, entre otras). Pero sigue sin claridad la propuesta de solución los problemas centrales y fundamentales de la economía, que son los que determinan la viabilidad y sostenibilidad de cualquier programa económico. No hay precisiones sobre cuál es el modelo económico alternativo al que se heredó del macrismo, ni definición sobre el posicionamiento comercial que tomará la Argentina respecto al resto del mundo, ni propuesta de afectar los intereses que obstruyen cualquier intento de gestión soberana de los recursos nacionales estratégicos, ni camino para lograr una Cuenta Corriente positiva que nos permita salir de la restricción externa, ni proyecto nacional que genere los puestos de trabajo privados necesarios para terminar con el desempleo y la pobreza.

Nada de eso está explicitado en la Argentina de hoy; mucho menos acordado entre el Estado y las fuerzas productivas. Por eso la pandemia no es el principal problema, sino la falta de un rumbo económico claro en el que el sector privado pueda desarrollar sus planes de inversión, y enfrentar el shock de un fenómeno mundial de magnitud, como el que están atravesando todos los países.

Para aquellos que piensan que tener un plan económico serio es una utopía, vale recordar que durante la tercera presidencia de Juan Perón se presentó el “Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional 1974-1977”. Se trataba de un trabajo de análisis y planificación a conciencia, realizado a partir de un amplio acuerdo político nacional, del que formaron parte la gran mayoría de los partidos políticos mayoritarios, el sector privado (gremios empresarios y sindicatos) y los Estados provinciales.

Con el Plan Trienal todos podían saber perfectamente qué era lo que el gobierno quería hacer, qué país se quería construir y cuáles eran los medios que proponía utilizar. De esta manera, el pueblo (todas las organizaciones libres) podía saber qué haría el gobierno, y participar en función a ello. No había incertidumbre acerca del rumbo económico; era claro y contundente, como los tres primeros objetivos, que pretendían lo siguiente:

  • Plena vigencia de la justicia social, que asegure una distribución equitativa de los esfuerzos y los frutos del desarrollo, lo que no significaba solamente un proceso gradual pero acelerado de distribución del ingreso que restituyera a los asalariados una participación justa y creciente en el ingreso nacional, sino fundamentalmente la modificación de las estructuras productivas y distributivas a fin de conformar un nuevo modelo de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que lleve a la plena realización de todos los habitantes de la Nación argentina.
  • Expandir la actividad económica, caracterizada por una creciente producción de bienes y servicios, con prioridad esencial para su infraestructura energética y producciones básicas, que aproveche los recursos naturales del país, el nivel de desarrollo industrial y técnico alcanzado y una coyuntura internacional favorable. Pero esta expansión económica no se planteaba como una carrera para alcanzar los niveles de ingreso de los países más ricos del mundo ni como una meta desarrollista que se consume en sí misma, sino como base para conseguir un alto grado de bienestar real para todos los argentinos y una posición internacional que libere al país de la condición de dependencia, estancamiento y desequilibrio que ha caracterizado largos períodos de su historia.
  • Lograr una alta calidad de vida, de modo tal que absolutamente todos tengan cubiertas sus necesidades vitales y culturales básicas, con un elevado nivel de bienestar real que caracterice a la nueva sociedad argentina; y donde los patrones de consumo respondan a nuestra propia realidad y a las aspiraciones de nuestro pueblo y no sean mera copia o reflejo de otras sociedades que, aunque avanzadas en cuanto a su grado de desarrollo económico, afrontan actualmente gravísimos problemas ecológicos y sociales.

El gobierno peronista de aquel entonces no dudó en aplicar las medidas propuestas y necesarias para cumplir los objetivos del plan; estaba claro qué había que hacer. Esto permitió notables resultados económicos, tanto en materia de indicadores de coyuntura (inflación, crecimiento del PBI, empleo, justicia social) como en los objetivos fundamentales del plan: un país más justo y económicamente soberano, con posibilidades concretas de avanzar hacia un grado mayor de industrialización que nos hubiera evitado vivir en la pobreza y la dependencia que administraron los gobiernos democráticos desde 1983 hasta hoy.

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