Región

Crisis hídrica

Hay cinco localidades santafesinas con “afectación crítica” de agua potable por bajante del Paraná

Fueron determinadas durante una reunión del comité de crisis permanente de Nación con motivo del histórico nivel de agua del río, el menor en 77 años, y de la que tomó parte el gobernador Omar Perotti. A la vez, tramitan crédito del BID por 300 millones de dólares


El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó hoy una nueva reunión del comité de crisis permanente que se conformó para monitorear la bajante histórica del Río Paraná, que está sufriendo su peor momento de los últimos 77 años.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, junto a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; los titulares de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y funcionarios del Ministerio del Interior.

También participaron el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de forma virtual, los mandatarios de Santa Fe, Omar Perotti y de Chaco, Jorge Capitanich y funcionarios de las provincias de Misiones, Formosa, Buenos Aires y Corrientes.

Asimismo, formó parte del encuentro en Casa Rosada, el presidente del Instituto Nacional del Agua (INA), Carlos Bertoni, y los secretarios de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks y de Articulación Científico-Tecnológica, Juan Carlos Paz, entre otros.

La bajante tiene causas múltiples y se basa, fundamentalmente, en el déficit de precipitaciones en las cuencas del propio río Paraná y los ríos Iguazú y Paraguay, se informó a través de un comunicado de prensa.

Esta bajante “afecta el abastecimiento y la calidad del agua potable, la navegación y operaciones de puerto, el ecosistema y la generación de energía hidroeléctrica” y, en ese sentido, el Presidente de la Nación firmó el Decreto 482/2021 que declaró el “Estado de Emergencia Hídrica” por un lapso de 180 días con el objetivo de generar “un marco normativo que permita brindar las herramientas necesarias que permitan gestionar la mayor bajante”.

“Venimos haciendo estas reuniones para tener un seguimiento sobre la bajante del río Paraná, que está atravesando una sequía histórica. Es a partir de este ámbito donde se delineó la decisión del Presidente de decretar la emergencia hídrica”, dijo Cafiero.

“Esto nos permite monitorear la tarea en función de la situación que estamos atravesando. Trabajamos con el Sinagir, que depende del Ministerio de Seguridad, así como hay una articulación con nueve ministerios y un anclaje federal, sobre todo con las provincias que se ven afectadas”.

En este marco se está realizando un mapa dinámico con el listado primario de localidades con afectación crítica en el suministro de agua potable, y dar respuesta a la emergencia en las poblaciones más vulnerables.

Entre otras, las poblaciones vulnerables con afectación crítica son: en la provincia de Corrientes: Ituzaingó, Itatí, Lavalle, Paso de la Patria, Empedrado; en la provincia de Entre Ríos: Victoria, Santa Elena, Pueblo Brugo, Piedras Blancas, Hernandarias; en la provincia de Santa Fe: Pueblo Gaboto, San José del Rincón, Romang, Gato Colorado y Villa Minetti.

En la provincia de Formosa: Formosa Capital y Clorinda; y en la provincia de Chaco: Villa Río Bermejito, Margarita Belén, Isla del Cerrito y Colonia Benítez.

La Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación está centralizando la información brindada por las provincias afectadas por la emergencia hídrica, conforme al requerimiento efectuado en el Consejo Federal de Protección Civil realizado la semana pasada en la ciudad de Paraná.

A su vez, la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación está tramitando, ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la reorientación hacia el abordaje de la Emergencia Hídrica de la línea de crédito vigente destinada a Inundaciones y Terremotos.

Se trata de unos 300 millones de dólares para atender gastos derivados de las consecuencias del evento climático.

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