La Justicia penal de la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, comenzó una investigación para determinar posibles delitos luego de constatar la existencia de un galpón céntrico donde hay acumulados 43 cadáveres que esperan ser cremados, en algunos casos desde hace más de un año.
El caso se inició con una denuncia presentada por Sandra Sena, docente de Ushuaia cuyo padre, Juan Sena, de 84 años, falleció el 16 de marzo de 2020 y debía ser cremado a través de un contrato realizado con la funeraria “Casa Ramón Oviedo”, con sede en la capital fueguina.
Tras las repetidas demoras en el trámite, la mujer comenzó a indagar dónde tenían el cuerpo y descubrió que estaba junto a otros, en féretros apilados, dentro de un galpón de chapa. El sitio está ubicado en calle Gobernador Campos 1168, en pleno centro de la ciudad.
“Primero nos dijeron que el crematorio más cercano, en Río Gallegos (Santa Cruz), sólo había quedado habilitado para casos de covid. A mitad de año, abrió un crematorio en Río Grande, pero tampoco había turnos. La voluntad de mi papá era ser cremado y que sus cenizas se esparcieran en el río Paraná”, narró Sena a medios de prensa locales.
También mencionó que, luego de varias reuniones con el titular de la funeraria, Ángel Ramón Oviedo, accedieron a mostrarle el depósito de la calle Campos, donde ingresó el marido de la mujer y su cuñado, y constataron “una gran cantidad de féretros estibados en soportes de hierro”.
“Mi papá ha estado ahí tirado, es como un galpón de mecánica. Mi marido entró y hay como cincuenta féretros identificados con un papelito hecho con computadora. Nos agarró un ataque, no podíamos creerlo. Nos habían dicho que estaban en un lugar protegido”, relató la docente entre lágrimas.
Este lunes, Sandra y sus dos hermanas decidieron hacer la denuncia penal: “Apenas 24 horas después, por correo electrónico, me informaron desde la casa velatoria que para la semana próxima consiguieron un turno y que podíamos elegir cremarlo en Río Grande o en Bajo Hondo, y que no había ningún costo”.
Los vecinos del galpón, en pleno centro de Ushuaia, comentaban los movimientos, mandaban mensajes reconociendo que había olores, pero no hubo respuesta oficial hasta la denuncia. “La municipalidad lo sabe, el intendente lo sabe, porque ahí estuvo su suegro y a él sí lo pudieron cremar”, se enojó Sandra.
La mujer señaló que sólo dos familias se animaron a hacer pública la irregularidad. Pero hay otras 45, calculó, en la misma situación que se acercaron a la casa funeraria para pedir explicaciones.
Tras la denuncia penal intervino el fiscal Fernando Ballester Bidau, quien efectuó un requerimiento de instrucción presumiendo la existencia de delitos, y luego la jueza María Cristina Barrionuevo.
La Justicia inspeccionó el lugar y constató la existencia de 100 féretros, “43 con cuerpos en su interior”, precisaron los voceros judiciales.
Los investigadores libraron una orden de presentación a la funeraria para que explique la situación, y también le pidieron al área de Fiscalización Sanitaria del gobierno provincial que releve lo ocurrido, además de solicitarle al Municipio que informe si el lugar estaba habilitado para esos fines.
El subsecretario de Políticas Sanitarias de Ushuaia, Lucas Corradi, confirmó que la funeraria posee una habilitación comercial vigente, pero para su sede central situada en otra dirección (calle Kayén 131) y “con una superficie de 162 metros cuadrados donde funcionan dos salas velatorias, una cochera y dos sitios para la preparación de los cuerpos, pero no para su deposición final”.
La abogada de Sena, Griselda Engelhard, dijo a Télam que, a pesar de que la funeraria le informó a su cliente, en las últimas horas, una fecha de cremación del cuerpo de su padre (el 2 de marzo) igual accionará legalmente contra sus propietarios, por “daños y perjuicios”.
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