Policiales

Desaparecido en 2016

Hace casi cuatro años que no se sabe qué pasó con Valentín Reales: renuevan pedido de colaboración

En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia recordó que hay una recompensa vigente para quien aporte datos sobre el adolescente de Cabín 9 que fue víctima de un entramado criminal y cuyo paradero es desconocido


Una de las fotos de Valentín, de quien no se sabe nada desde hace cuatro años.

La Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe solicita cualquier información sobre el paradero de Valentín Reales, desaparecido el 15 de noviembre de 2016 en el barrio de Cabín 9, fronterizo entre Rosario y Pérez. En el momento de su desaparición, Valentín Reales tenía 15 años.

Se reiteran en esta oportunidad los pedidos de búsqueda cursados con anterioridad por el gobierno provincial. El fiscal a cargo es Guillermo Apanowicz, de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio de la 2ª Circunscripción de la provincia de Santa Fe.

Se recuerda que se encuentra vigente, desde mayo de 2017, un ofrecimiento de recompensa de 1 millón de pesos para quienes brindaran datos que pudieran ser de utilidad a la investigación, en el marco de la ley provincial Nº 13.494.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato, contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe (Mendoza 3443), en la ciudad capital, o (Balcarce 1145) en Rosario, llamar a la línea gratuita 0800-555-3348 o al celular 0342 – 155357756.

Misterio

Valentín se encuentra desaparecido desde el 15 de noviembre de 2016. Nació y se crió en Cabín 9, el barrio límite entre Pérez y Rosario donde fue visto por última vez. Sus allegados temieron lo peor desde un inicio porque antes de desaparecer había denunciado que desde muy joven participó en una banda criminal que lo comenzó a hostigar cuando quiso salir. Así se refirió a los Cuatreros, a los que mencionó en el negocio del narcomenudeo y las usurpaciones de viviendas cometidas con connivencia de la subcomisaría 18ª, que posee jurisdicción en esa zona. Algunas de las personas que el muchacho mencionó fueron detenidas, en su mayoría adolescentes como él, quien quedó desprotegido.

Tras su desaparición, los rumores del barrio decían que a Valentín lo torturaron, lo mataron y escondieron su cadáver en un campo. Esos relatos llegaron a la Justicia, que ordenó un rastrillaje en la zona mencionada, pero en las excavaciones sólo encontraron una zapatilla con sangre. Esa medida fortaleció la hipótesis de que el menor fue asesinado y que la noche anterior al hallazgo el dato se filtró, permitiendo que lo desentierren y hagan desaparecer su cuerpo nuevamente.

Su madre fue la última persona que lo vio con vida y cuando quiso radicar la denuncia en la subcomisaría 18ª no quisieron tomársela. La búsqueda quedó en manos de Apanowicz, quien a casi cuatro años no logró resolver el caso. El funcionario del MPA centró su pesquisa en los Cuatreros, la banda delictiva de la que Valentín había formado parte, con la hipótesis de que sus miembros tomaron venganza cuando el menor quiso salir. Pero el fiscal nunca ahondó en los indicios que ponían a los agentes policiales bajo sospecha de estar involucrados en el encubrimiento de la muerte del menor.

Indicios que para la jueza María Trinidad Chiabrera son “serios” y dan cuenta de “una serie de irregularidades que surgen en primer término de los lugares en los cuales habrían estacionado móviles de la Policía que prestaban servicios en la subcomisaria 18ª el 30 de noviembre de 2016, fecha en que se llevó a cabo el primer rastrillaje que derivó en el hallazgo de la zapatilla y media reconocidas por la progenitora de Reales como pertenecientes a él y de restos de sangre humana”.

Es que el caso fue llevado ante dos instancias internacionales, la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, desde la que se realizaron pedidos de informes y recomendaciones del  Comité  de  Derechos  Humanos a la Justicia santafesina en tres oportunidades, la última en noviembre de 2018, donde se califica el caso como desaparición forzada de persona, tal como lo había solicitado el entonces Defensor Público de Santa Fe, Gabriel Ganón.

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