Hubo avances en la causa que investiga el caso de la nena de 12 años de la localidad de Garibaldi, departamento Castellanos, violada y embarazada por su padre. En la audiencia de medidas cautelares, realizada este viernes 6 de enero, se decidió que el acusado, identificado como G. A. (42) y a la vez progenitor de la niña, permaneciera en prisión preventiva. El hombre fue imputado por abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo, la guarda y convivencia, delito que tiene una pena que va de ocho a 20 años de prisión. Y durante esta última audiencia trascendió la desgarradora historia de la niña, que aún espera a hacer valer su derecho al aborto legal, mientras la Fiscalía analiza los elementos para decidir si imputa a los directivos de la ONG Grávida, que obstaculizaron la interrupción del embarazo y pueden ser acusados de privación ilegal de la libertad y/o violación a la ley de protección de niños y adolescentes.
A esto se agregó en los últimos días la decisión del juez de habilitar la feria judicial para hacer la Cámara Gesell de la nena abusada ante los especialistas, por lo que una psicóloga podrá entrevistar a la menor sobre los abusos que su padre ejerció sobre ella.
La investigación del caso quedó a cargo de la unidad de Violencia de Género del MPA a cargo de Alejandra Del Río Ayala. En la audiencia realizada el último viernes en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe se profundizó en la situación de abusos por parte del padre que no solo sufría la menor de 12 años, sino también sus cuatro hermanos y su madre.
Del Río Ayala señaló que existió “violencia psicológica, física, sexual, simbólica y económica”. Explicó que el acusado no permitía que ningún integrante de la familia saliera del campo. Obligaba a los cuatro hermanos varones de la menor a trabajar en el campo desde pequeños. Y detalló que el hombre los sometía a golpes con palos y cadenas.
En el año 2021 los niños dejaron de ir a la escuela, por lo que la comuna de Garibaldi tomó intervención en el caso. La fiscal Del Río Ayala detalló que la madre pudo escapar de esa situación de violencia extrema y refugiarse en una casa de amparo en una ciudad cercana al campo y que luego, con ayuda de la comuna, se pudo mudar a una casa.
En esa convivencia la madre observó cambios en su hija y decidió llevarla a un centro de salud. Allí primero sospecharon de problemas de riñón pero más tarde decidieron realizar un test de embarazo, que finalmente dio positivo. La fiscal del caso explicó que para la madre fue una sorpresa, dado que “la niña no salía, casi ni iba a la escuela y en la casa de amparo tampoco tenía contacto con otra gente”.
En el mismo efector público la niña dijo: “Fue papi”. Allí comenzaron las intervenciones del Estado para responder a la solicitud de la menor y la madre de realizar Interrupción Legal del Embarazo. En el Nuevo Hospital Iturraspe, realizando más estudios, descubrieron además la existencia de un “abuso sexual crónico”.
Se otorgó un turno para realizar la intervención el lunes 2 de enero, pero cuando llegó el día la niña y su madre no se presentaron en el efector público. Allí comenzaron las investigaciones. La Subsecretaría de la Niñez inició una búsqueda, sumando en este proceso a la Agencia de Investigación de Trata de Personas para intentar localizarla. La niña fue encontrada en un edificio vinculado a la ONG católica Grávida y quedó a disposición del Estado provincial. En ese momento comenzaron las sospechas de que la organización pudo haberla persuadido para que desista en su intención de provocar el aborto del embarazo de 24 semanas de gestación.
Durante la audiencia también se detalló el relato de la menor, quién contó que cuando la madre se iba con los hermanos a buscar comida para los chanchos o leña ella se quedaba sola con el padre. Se presupone que esos eran los momentos en los que se habrían producido los abusos.
La fiscal afirmó que existió “una situación de violencia de género histórica y extrema” y aseguró la existencia de “muchos antecedentes de violencia intrafamiliar”, que la propia madre de la niña dejó asentada en el primer semestre del año pasado en los Tribunales de San Jorge, que fueron objeto de las argumentaciones en audiencia para que el juez dictara prisión preventiva.
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