Si se permite y no implica sacrilegio en estos días que abundó aquello de más papistas que el Papa, la llegada del cardenal Bergoglio a la cúspide del Vaticano será relegada por los avatares políticos de estas tierras. Entre ellos los entretelones de la polémica que se abrió en el Concejo y que demandó la intervención de la intendenta; el mundo al revés en que se convirtió la Legislatura provincial; un exabrupto que de tan repetido ya no parece exabrupto y finalmente la designación de Bergoglio, hecho político si los hay.
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Toda la oposición se abroqueló el jueves en el Concejo blandiendo los exhaustivos dictámenes 555 y 557 del Tribunal de Cuentas Municipal, que relevó la situación de 32 concesiones públicas, desde un bar con diez mesas en los centros de distrito, hasta grandes y privilegiados espacios públicos en la costa donde se juegan muchos millones de inversión y recaudación.
En la sesión del jueves el oficialismo no dimensionó que le estaba regalando el escenario a la oposición cuando, con una formalidad como argumento, se negó a votar sobre tablas la comparencia de la directora de Concesiones. A la mañana siguiente, en una reunión que ya estaba programada con los presidentes de bloque, la intendenta intervino y comprometió la presencia de Hilda Gontín pasado mañana.
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Eso no quitó que intendenta, funcionarios y concejales adelantaran opiniones. El gobierno afirma que lo relevado por el TCM está dentro de lo previsible para un área siempre polémica. En la oposición creen que existen problemas/irregularidades para explicar. Algunos concejales jugaron fuerte. Héctor Cavallero apuntó a un concesionario histórico, que apostó varios millones para quedarse con el sector más paquete de la costa central, al que promete denunciar por lavado de dinero. El concesionario de Rambla Catalunya, otro clásico, también está en la mira.
En ese encuentro hasta hubo tiempo para chicanas cruzadas. La más destacada parece que salió de un funcionario, que después de argumentar que los concesionarios no son ajenos a los problemas del resto de los comerciantes, le recordó a un áspero concejal que cobra tres sueldos del Estado que hasta él había acumulado 11 meses de deuda por TGI.
En definitiva la oposición logró madrugar al oficialismo. Y entonces una vez más ocurrió algo que a la intendenta Fein ya debe tenerla preocupada: cada polémica que estalla en el Concejo termina en las puertas del Palacio de los Leones. Por eso está pensando en una cabeza de lista de concejales capaz de tener la pelota lejos del arco propio.
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Menemista/reutemista hasta el tuétano, el intendente Pedro González supo sobrevivir y acomodarse a los tiempos K. Sin embargo, parece que no le hizo mella el pasar de estar conducido por un presidente que promovía la pena de muerte a otro que llevó adelante la proeza de juzgar los crímenes de lesa humanidad.
No es la primera vez que el Gordo propone “matar a todos los que roban” (¿él, sus comisarios amigos, la Justicia?). Pero tantas veces lo dijo y al día siguiente salió a pedir perdón que de exabrupto (es decir de inesperado) tiene poco y nada. Podría concluirse que González elige disfrazar de exabrupto para decir igual lo que piensa y cree.
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El jueves fue día de polémicas. Al mismo tiempo que se caía la sesión en el Concejo de Rosario, levantaba temperatura la Cámara de Diputados de la provincia donde se debatía el Presupuesto 2013.
La Cámara pareció el mundo del revés. La oposición, que es mayoría, quería que el presupuesto se aprobara en ese momento y sin cambios; el oficialismo apostó a dilatarlo y lo consiguió.
Repasemos. En diciembre los diputados del PJ argumentaron que no llegaban antes de fin de año para estudiar la media sanción del Senado. Retomada la actividad legislativa en marzo, la bocha cambió. Pasa lo que se contó la semana pasada en este espacio: ahora el apuro es de los opositores, porque ven que ya transcurrió la cuarta parte del año y Bonfatti gobierna con los números de 2012 reconducidos, lo cual le otorga cierto margen de discreción para gastar el excedente de recaudación. Y así será al menos por un mes más.
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No fue el único aspecto en el que quedaron entrampados los diputados del PJ. Entre las modificaciones que hizo el oficialismo y que obligaron a volver el expediente al Senado estuvo incluir una partida para financiar la ley que obliga al gobierno a actualizar dos veces al año la ración de comedores. Sobre los valores atrasados de esas partidas mucho había machacado la oposición; lo que no esperaba es que el oficialismo iba a “atender” ese reclamo en el momento que menos lo esperaban.
La segunda modificación es toda una papa caliente: derogación del Fondo de Fortalecimiento Institucional. El título esconde una caja que se crearon los senadores para sí mismos que les permite repartir subsidios extra por cifras millonarias. Cuando se enteraron de su existencia, los diputados del PJ pusieron el grito en el cielo y hasta promovieron su derogación. Más aún, instalaron la idea de que ese fondo era una “recompensa” para los senadores por haber acompañado iniciativas del Ejecutivo.
“Si ese fondo genera suspicacias o sospechas, el Frente Progresista está dispuesto a derogarlo”, jugó el diputado radical Julián Galdeano en la Cámara. Así, el oficialismo se despegó del asunto y dejó en manos de quienes lo pergeñaron y usufructúan ratificarlo y pagar el costo político, o renunciar a una herramienta fenomenal para hacer política en sus departamentos.
No es difícil adivinar qué va a ocurrir en la Cámara alta. En la política santafesina, se repite mucho aquello de que “los senadores están más allá del bien y del mal”.
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Más de tres horas estuvieron reunidos esta semana el ministro de Justicia Juan Lewis y la Corte Suprema coordinando la implementación de la reforma procesal penal, imprescindible para cambiar parte de todo lo que está mal en materia de seguridad, policía, investigación y juzgamiento.
Tanto el Ejecutivo como el Judicial miran a la Legislatura, que tiene a tratamiento pliegos de fiscales y defensores. Si el 4 de abril se aprueba la treintena de postulantes y no se demora una segunda tanda pronta a ingresar, entonces el nuevo sistema contará con la cantidad de fiscales y defensores mínimos indispensables para poner en marcha el nuevo sistema. Entonces sobrevendrá otra etapa, no exenta de problemas y trabas, pero entonces ya se estará caminando.
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