Candela Ramírez
Hace poco más de una semana, el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas del gobierno nacional, Gustavo Vera, estuvo presente en la ciudad y se reunió con autoridades de la provincia para poner en común y coordinar acciones contra este tipo de delitos.
La visita incluyó una reunión con el ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos provincial y la mesa interinstitucional contra la trata de Santa Fe. En diálogo con El Ciudadano puntualizó los ejes de trabajo a los que apuntan, cómo se encuentra la provincia en relación a estos delitos y el pasaje, cada vez mayor, al plano virtual.
—¿Qué tipo de articulación se está pensando entre Nación y Provincia?
—Estuvimos informando un poco las políticas públicas que estamos creando para garantizar la protección y asistencia a las víctimas en el corto, mediano y largo plazo. Además, nos reunimos para reforzar el trabajo interinstitucional en la provincia donde convergen los organismos provinciales que tienen competencia en materia de prevención, de persecución en materia de asistencia vinculada a la lucha contra la trata de personas, los organismos del Estado nacional que están en el territorio y que también tienen competencia. La idea es sumar y ampliar a esta mesa a los organismos que tienen que ver con la Justicia Federal y la Justicia ordinaria tanto a nivel jueces como fiscalía y a los sindicatos que tienen poder de policía como Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), comercios y otros también.
La idea es trabajar mancomunadamente. No se puede combatir el crimen organizado desorganizadamente, la mejor forma de luchar contra este tipo de delitos que maneja tanta influencia, capacidad de corrupción y de liberar territorios es con el multicontrol. Por lo tanto, dentro de esta mesa vamos a generar acciones de prevención, de visibilización, de enlace con los municipios, proyectos de ley y de ordenanza.
Además, tratar de garantizar que los derechos de acceso a la vivienda, al trabajo y acompañamiento terapéutico que hoy ya están funcionando como esquema de programas nacionales empiecen a funcionar en la provincia, tratar de generar un refugio que sea para víctimas de trata que sea especializado para ese fin y tratar de colaborar como auxiliar de la Justicia en todo lo que sea indicio de explotación sexual y laboral difundiendo en todos los pueblos de Santa Fe la línea anónima nacional y gratuita del 145
—¿Cuál es el eje de trabajo para 2022?
—Desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022 los tres ejes fundamentales que estamos trabajando son los del actual plan bienal, aprobado por el Consejo Federal. Se trata de garantizar los derechos de corto, mediano y largo plazo para las personas rescatadas del delito de trata. En la práctica significa, en lo inmediato, agilizar, potenciar, acompañar los subsidios de protección especial de Renatre, acompañamiento terapéutico y patrocinio jurídico. En el mediano plazo, el acceso a programas de inclusión y capacitación laboral del Ministerio de Trabajo que dura un año, en los que se capacita en oficios a las personas que fueron rescatadas del delito de trata y se les paga un salario durante un año entero. También, garantizar que la provincia saque leyes de inclusión laboral ya sea en el ámbito público o privado. Además, un estatuto especial de acceso a la vivienda que ahora estamos en la fase de prueba piloto pero antes de fin de año ya vamos a tener un protocolo generalizado mediante el cual las personas rescatadas del delito de trata tienen alguna solución habitacional por parte de los institutos provinciales de la Vivienda a través del programa Casa Propia que sería el Casa Nueva, a través de la construcción de la casa en un terreno que ya tengan o través de un alquiler social. Y en el largo plazo, trabajar fundamentalmente la reparación a través del fondo fiduciario que administra el Ministerio de Justicia donde van a parar todos los bienes decomisados de causas judiciales vinculadas a trata y cuando hay sentencia judicial firme, los jueces le ordenan a ese fondo que repare a las víctimas de esa causa con la subasta de esos bienes decomisados. De esta manera evitamos que las víctimas sean revictimizadas.
El segundo eje de trabajo tiene que ver con incrementar los niveles de persecución penal, tratar de garantizar que los jueces y los fiscales no se queden en el estamento del verdugo más débil y terminemos con esta causas que solamente cuando llegan a sentencia judicial firme se llevan puesto al perejil, por decirlo de algún modo. Cuando son talleres clandestinos habitualmente se condena al tallerista y nunca al intermediario o la marca, a pesar de que hay pruebas. Cuando es una explotación en el ámbito rural, se condena al baqueano o al cuadrillero y nunca al que alquila el campo o al dueño y lo mismo ocurre en trata sexual, se condena a el o la proxeneta y no a los que cuentan el dinero y realmente lavan los activos de esa explotación infame.
Por lo tanto, queremos conectar fuertemente a la trata con el lavado de activos y para eso hay dos organismos claves que están colaborando. Uno es la Afip que ha creado la división contra el trabajo ilegal en todo el país, mediante la cual investiga la trazabilidad tributaria, sigue la ruta del dinero de los explotadores. Otra es la UIF que conecta la trata con el lavado de activos y también se presenta de querellante en las causas judiciales.
A la vez, estamos trabajando con los jueces, de hecho estuve en el encuentro de Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina -Ajufe-. Tenemos un convenio con la asociación, al margen de que también tenemos acciones en el plan bienal con la Corte Suprema de Justicia y dentro de esas acciones y ese convenio, mejorar los niveles de calidad de justicia y reparación. Para que esto ocurra tiene que haber un seguimiento real de la ruta del dinero y no quedarse en el estadío superficial del verdugo visible e inmediato.
El tercer eje es la articulación federal: el comité tiene que dejar de ser una oficina que opina teóricamente desde la Capital Federal y tiene que tener presencia territorial en todas las provincias de la República Argentina y jugar el rol de puente para lograr esta convergencia de organismos provinciales, del Estado nacional, judiciales, sindicales, de organizaciones de la sociedad civil, para trabajar mancomunadamente en la misma dirección
—¿Hay un número estimado de cuántas personas pueden estar siendo víctimas de estos delitos en este momento?
—Hay un número estimado de cuántas personas se rescatan por año. En el momento más crudo del 2020 se rescataron 933 personas, en el 2021 a 1404 y en lo que va de este año son entre 300 y 400 personas. Pero aproximadamente el promedio, desde que tenemos Ley de Trata hasta ahora, es de unas 1300 y 1500 personas por año que se rescatan. Desde el punto de vista rural, puedo decir esto: hay 750 mil trabajadores rurales de los cuales solo 250 mil están registrados. Es decir, hay medio millón de personas que no están registrados están fuera de convenio y muchos sometidos a trabajos forzados o trata .
—Pensando en los casos de secuestros de mujeres para someterlas a la prostitución, ¿no existe una sospecha de cuántas puede haber?
—Estaba mucho más cuantificado en la época en que los prostíbolos estaban a cielo abierto pero afortunadamente el movimiento de mujeres, la lucha de las organizaciones anti trata y la mayor conciencia social civil a partir del caso Marita Verón y la lucha de organizaciones como La Alameda y otras generaron instalar fuertemente en la agenda pública el tema. Hicieron que casi todas las provincias cerraran estos prostíbulos que estaban a cielo abierto, delito que se ha clandestinizado mucho más. Pero sí se están rescatando, dentro de la cantidad de personas que se rescatan por año, unas 300 o 400 habitualmente de explotación sexual.
Y lo que está ocurriendo mucho ahora es que el delito ha mutado fuertemente al ámbito virtual. Hoy el ofrecimiento, la captación y hasta el traslado se negocia entre comillas a través de las diferentes plataformas virtuales y en esto tenemos que trabajar mucho más con ciberdelitos, cibercrimen y estudiar mucho mejor el fenómeno para poder estar a tiempo. Hoy no es como antes que iba un baqueano o un reclutador que se instalaba en alguna zona periférica, se ganaba la confianza de determinado entorno y a partir de esa confianza seducía con promesas engañosas y trasladaba personas. Hoy esto está ocurriendo pero ocurre directamente desde el ámbito virtual
—Hubo una reunión con el director regional de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) Pier Lapaque
—Exactamente. Coinciden con que en el mundo lo que está ocurriendo es que el delito está mutando fuertemente al ámbito virtual. Por ejemplo, hubo muchos casos de trata que algunos se llegaron a consumar y otros logramos desmantelarlos antes, que eran captaciones por vía virtual con ofrecimiento de trabajo o haciéndose pasar por novios o por amigos mediante los cuales había alguna transferencia electrónica y la persona misma que iba a ser víctima viajaba a la boca de lobo, por decir de alguna manera, por sus propios medios o a través de ayuda que recibió mediante una transferencia. Entonces no tenés ahora al reclutador físico que va a al terreno reclutar, o que va a en el mismo micro o avión . Hoy puede ocurrir que esto se tramite a nivel virtual, hay varios pasos que tienen que ver con la trata. Hay que estar muy atentos y hay que hacer un monitoreo muy fuerte de las redes sociales donde puede haber todo tipo de avisos o propuestas engañosas.
Por otro lado, hay temas sobre los cuales no tenemos legislación y deberíamos tener. Por ejemplo, qué pasa cuando un o una menor es engañado bajo un formato de grooming o bajo un formato pseudoafectivo en el cual se obtienen imágenes íntimas de ese menor que después se comercializan en una página de pornografía y el efecto que genera en la victima es catastrófico. Sin embargo no hubo un contacto físico entre el verdugo y la victima pero el efecto que genera en la victima es catastrófico a pesar de que después la Justicia logre cerrar la página o bajar el contenido, tramites que por cierto son bastante engorrosos. Hoy no hay una política de contención o asistencia a este tipo de víctimas. Hoy una parte de la vida humana pasó al ámbito virtual, un 30 por ciento de la vida de gran parte de los seres humanos del planeta hoy transcurre en el ámbito virtual a través del teletrabajo, de las relaciones sociales, de la interacción con la comunidad y por lo tanto las fuerzas de seguridad, las que investigan en los Estados, tienen que especializarse en investigar justamente qué ocurre en el ámbito virtual que como en la vida real ocurren cosas muy lindas y bellas pero también ocurren todos los tipos de delitos que ya conocemos.
—¿Cómo se está trabajando en las fronteras? ¿Siguen siendo lugares peligrosos por los delitos de trata?
—Sí, siguen siendo lugares muy picantes. Particularmente Iguazú, en la Triple Frontera; también en Clorinda en la frontera con Paraguay donde hay 800 metros de frontera seca; la zona de Orán, Aguará y Aguas Blancas son zonas muy picantes; Villazón también en la frontera con Bolivia; algunos pasos cordilleranos en la frontera, la cuenca andina que conecta algunos pueblos fronterizos de Chubut y Río Negro. En todos esos lugares tenemos presencia territorial y estamos generando mesas interinstitucionales para poder afrontar mejor la situación. Además, estamos coordinando con los países limítrofes, con los gobiernos de Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. Pronto vamos a conectar con el de Uruguay y Perú para poder tener, además de protocolos, líneas de acción concretas. Por ejemplo, con Bolivia está muy aceitado el mecanismo y cada vez que desaparece una persona, rápidamente se mueven los organismos de un país y de otro haciendo los máximos esfuerzos para ubicar a esas personas. Tenemos pensado para el 30 de julio, con la cancillería, hacer un encuentro de las altas autoridades en materia de trata de los gobiernos de los países hermanos para profundizar la cooperación y el trabajo mancomunado en las fronteras.
—En relación a Santa Fe y la explotación sexual, ¿qué lugar ocupa en el mapa de este delito en Argentina?
—Es un promedio similar al que hay en centros urbanos como Mendoza, Córdoba o Capital Federal. Obviamente aparece el fenómeno más clandestinizado en departamentos privados, muchas tácticas virtuales, también a través de organizaciones coercitivas mal llamadas sectas.
También existe dentro de los circuitos del narcomenudeo, de las personas que son víctimas de adicciones que se explota su vulnerabilidad para explotarlas sexualmente o de personas que, por ejemplo, se las utiliza como mulas y después se las explota sexualmente. Hubo casos así en Argentina y está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad social, en primer lugar, y emocional, en segundo lugar.
Lo que hoy ocurre en Rosario, en Argentina y el planeta entero diría es que en las redes sociales hay runflas que están buscando, están a la caza de personas con vulnerabilidad. Por eso hay que trabajar mucho con el Ministerio de Educación y con los docentes en la prevención, en el uso responsable de las redes sociales, hay que tener mucha claridad porque hay muchos niños, niñas y adolescentes que no configuran su perfil de privacidad y tienen alguna especie de acceso de perfil universal y esto les facilita las tareas al tratante.
Hay que hacer un trabajo muy fuerte a nivel comunidad y a nivel docente para trabajar con niños, niñas y adolescentes pero hoy el pasaje al ámbito virtual del proceso de reclutamiento y captacion en gran medida en materia de trata hace vulnerables no solamente a las zonas vulnerables sino a cualquier sector.
—Y siendo que Santa Fe es un gran centro económico para el país, ¿qué lugar tiene en el mapa de explotación rural?
—Es tremendo. Tiene que ver con ese porcentaje que decía antes de que hay dos terceras partes de trabajadores rurales que en el país no tienen derechos laborales y muchos están sometidos a trabajos forzados o a trata, sea que trabajan con el máximo legal permitido o pagan menos del mínimo vital y móvil o trabajan en condiciones indignas. En Santa Fe ocurre en importante escala y cuando tocás los intereses de alguna empresa importante, empiezan a temblar un montón de resortes. Ocurre en todas las escalas, de hecho en Chaco hemos rescatado a 76 personas de la segunda exportadora de soja más grande del país.
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