La audiencia de conciliación entre el Estado nacional y el gobierno provincial, desarrollada ayer en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se discutió el destino de los fondos coparticipables que se derivan a la Ansés y Santa Fe reclama como propios, entregó como dato más significativo las declaraciones del gobernador Hermes Binner y de su ministro de Justicia, Héctor Superti, anunciando como saldo del encuentro una suerte de pedido del máximo tribunal al Estado nacional para “encontrar nuevos espacios de diálogo” con la provincia, a resolver en un plazo máximo de 15 días.
El carácter reservado de la audiencia, en la que volvió a faltar el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, impidió que se conocieran los pormenores del encuentro, como sí había pasado en la audiencia informativa del 17 de marzo pasado. Sin embargo, distintos sectores del gobierno provincial interpretaron como una señal esperanzadora el pedido de la Corte, toda vez que, según interpretan, certifica la consistencia del reclamo santafesino.
El fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, dijo que si el plazo dispuesto se cumple sin que el Estado nacional responda, la Corte “va a fallar”, y que la definición no se extendería “más allá de agosto”, por la rapidez que exige una medida cautelar.
“La Nación se comprometió a responder dentro de los próximos 15 días acerca de la voluntad de diálogo sobre este tema, para encontrar una solución”, dijo el gobernador en relación al desarrollo de la reunión, para agregar que la idea no es “desfinanciar a la Ansés” pero sí exigir que la Nación “cumpla con las deudas”, en atención a “las necesidades de Santa Fe”.
Unos minutos después, el ministro Superti abundó sobre el tema, indicando que “en esta idea de buscar caminos alternativos, el gobernador ratificó su apertura a todo tipo de diálogo, mientras que los representantes de la Nación dijeron que sus instrucciones se acotaban a los objetivos de la audiencia”.
Según Superti, “la Corte pidió que en un plazo de 15 días el Estado nacional exprese su decisión de abrir un espacio de diálogo amplio en la búsqueda de esas vías alternativas o, en caso contrario, manifieste que no hay disposición para ello, lo que determinará que la causa siga su curso según corresponda”, concluyó.
En relación con las posibilidades que existen sobre si el Estado nacional no responde satisfactoriamente en el plazo establecido, el fiscal de Estado de Santa Fe, Jorge Barraguirre, consideró que “la Corte va a fallar”. Fundamentó el funcionario provincial: “Por el ánimo que había hoy en los ministros asistentes, la Corte va a fallar, no sabemos cómo, pero el sentido de poner este plazo es para que la Corte pueda dedicarse a fallar una medida cautelar porque sino sería dilatarse demasiado en el tiempo”.
La medida cautelar presentada por Santa Fe reclama que mientras se decide la cuestión de fondo se suspenda la detracción del 15 por ciento de los fondos que corresponde coparticipar a Santa Fe y que el Estado nacional deriva actualmente a la Ansés. En tal sentido, la pretensión cautelar se limita “a los períodos sucesivos” al año 2006, y “tan sólo al 50 por ciento de lo que correspondería a Santa Fe y se encuentran comprometidos en la detracción cuestionada”.
“Lo que queremos es satisfacción inmediata de esto, creemos que tiene que tener un punto final no más allá de agosto”, manifestó el fiscal de Estado sobre los plazos que manejan desde el gobierno santafesino.
La audiencia de conciliación tuvo lugar en el despacho presidencial del máximo tribunal y en esta ocasión estuvieron presentes su titular, Ricardo Lorenzetti; y los ministros Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El mandatario santafesino estuvo acompañado por los ministros de Economía, Ángel Sciara; de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre. Pese a que estaba anunciada la presencia del ministro de Economía, Amado Boudou, el gobierno nacional estuvo representado por el subsecretario Legal del Ministerio de Economía, Horacio Diez; la subsecretaria de Relaciones con las Provincias, Nora Fracarolli, y el director de Control y Gestión Judicial, Gustavo Pistarini.
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