Candela Ramírez
Sus rodillas están contra el piso y sus brazos se agitan. Entre sus manos tiene un bidón de nafta que ya roció sobre su cuerpo y que otro hombre logra quitarle a la fuerza. Alrededor lo miran, le hablan y le gritan. Son sus familiares y compañeros de trabajo. Mientras, las cámaras registran. Alrededor también hay fuego, neumáticos y humo. Raúl Paniagua sigue arrodillado. Se inclina un poco hacia delante, lleva sus manos a la cara, mira a quienes lo rodean y sigue en la misma posición que se parece a un ruego o una súplica o una de las formas de la desesperación.
La escena es del 4 de enero en la entrada de Guerrero Motos, en San Lorenzo. Paniagua es uno de los 19 trabajadores despedidos por la firma a través de un telegrama, un día antes de Navidad en 2020. Todos reclaman su reincorporación. Hacia fines de febrero de 2021, todavía no sucedió. Además, en ese contexto la empresa suspendió a cuatro delegados gremiales.
“Yo soy el que intentó prenderse fuego”, alerta Paniagua en una conversación con El Ciudadano. El 11 de febrero una resolución judicial dispuso la reinstalación de su puesto de trabajo y se notificó a la empresa por carta documento el 17 de febrero. Pasadas las 48 horas, debía tener permitido el ingreso. Sin embargo se lo impiden desde su primer intento el viernes 19 de febrero. Su abogado Martín Perazzo confirmó que están preparando una denuncia por desobediencia judicial si la empresa no da marcha atrás.
Por otra parte, Perazzo afirmó que todos los despedidos están en condiciones de solicitar la reincorporación “porque existía conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo y existía prohibición nacional de efectuar despidos”.
Trabajo y progreso
Paniagua tenía 37 años cuando ingresó a Guerrero Motos en 2007, su mujer estaba embarazada y este trabajo representó “una salvación”. Aunque con el paso del tiempo fue mucho más que eso: fue la posibilidad de progreso. Se trató de su primer empleo efectivo y Paniagua relata que pudo comprarse un auto y “darle lo mejor a su familia”, integrada por seis hijos, tres de los cuales (8, 13 y 26) viven con él y su mujer.
El trabajador es de Rosario, primero de barrio Belgrano y ahora de Saladillo. Antes de ingresar a Guerrero trabajó de distintas formas: haciendo changas, como vendedor ambulante, en un taller mecánico, de albañil y carpintero. “El trabajo es una fuente de alimentación para mi familia, para progresar, para estar bien. Yo me siento bien trabajando, no me siento bien sin hacer nada. Trabajar significa meterme en la sociedad, ser un contribuyente más”.
“Quiero volver a trabajar, no quiero dinero ni que me mantenga el gobierno: yo quiero trabajar. Tengo 50 años y me siento capacitado para hacerlo”, manifiesta. Cuenta que también dio talleres y capacitaciones dentro de la empresa. Paniagua hoy se define como mecánico y en estos 14 años de trabajo en la empresa pasó por distintas áreas que van desde la producción, venta y post venta.
“Este despido lo veíamos venir, pero no en este grado. Los delegados nos venían diciendo que la fábrica quería despedir gente. Con el gobierno anterior cerraban las paritarias alrededor de un 18 por ciento, por convenio no se movían de ahí. En 2020 uno de los delegados dijo que iban a intentar sacar más, llegar a un 28 por ciento al menos. Ahí los delegados supuestamente dijeron que desde la fábrica les habían dicho que esto que habían ganado era una mecha para la bomba”, explica.
Además da detalles sobre los niveles de venta que maneja Guerrero: “Sacaron a los más antiguos, somos los ‘más caros’ porque ninguno de los despedidos tenía menos de 10 años trabajando y algunos hasta más de 20. Pero en la empresa se está trabajando bien. El gobierno anunció Ahora 12 y 18, se trabaja bien con las motos. Los años anteriores sí tuvimos problemas pero así y todo trabajamos. Las motos se venden bien, cuando nos echaron el 23 de diciembre la fábrica vendía 4 mil motos. Nosotros sacamos la cuenta de ventas de 78 motos diarias, aproximadamente, de una línea”.
“Sentí mucha impotencia, no teníamos más dinero, trajo problemas en casa, en lo familiar. Sé que lo que hice el 4 de enero fue una locura, lo reconozco pero no me parecía así en ese momento. Tomé una determinación medio rara. Teníamos combustible para las cubiertas, había reportajes con voceros del gremio y sentí que ese día escuché tantas mentiras que tomé la determinación equivocada. Dijeron que están con nosotros y que nos apoyan cien por ciento, yo no siento que haya sido así. Hubo algunos delegados que se portaron mal con nosotros. Tomé una determinación equivocada pero después de charlarlo ya me lo saqué de la cabeza”, plantea.
Para Paniagua el sindicato no los ayudó lo suficiente. Recuerda que hay 18 trabajadores más en la misma situación que él y que todos necesitan recuperar sus puestos. La pandemia, además, complicó las posibilidades de conseguir trabajo.
Sin embargo, una vez efectuados los despidos, gremios de Rosario y de todo el cordón industrial se movilizaron exigiendo la reincorporación y advirtiendo que esto podía sentar un grave precedente. Desde el Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte (Smata) recordaron que la empresa no había acatado la conciliación obligatoria ni había asistido a la audiencia. Además, la última semana de enero, en el marco de una protesta por los despidos la empresa logró que un fiscal ordenara la detención del secretario gremial Román Moyano. Fue imputado en San Lorenzo por el fiscal Aquiles Balbis bajo las figuras legales de incumplimiento de mandato judicial y turbación de derechos. Para las autoridades de Smata todo el accionar patronal fue ilegal.
“Los despidos fueron un golpe grande para todos”, dice Paniagua. Un despido puede acarrear muchas consecuencias desde la más evidente, la falta de dinero, hasta problemas de pareja, caída en adicciones o agravamiento de problemas de salud. Paniagua recuerda a cada uno de sus compañeros y pide por ellos, porque para él el trabajo es progreso, inserción social, bienestar familiar y recuperarlo no debería ser un ruego.
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