Los principales gremios de empleados estatales, ATE y UPCN, cuestionaron ayer con dureza las cesantías empleados en distintos niveles del sector público que impulsó la administración de Mauricio Macri. Sumándole los gobiernos provinciales y municipales a cargo de Cambiemos, estiman en más de 10 mil los despidos.
Además, se conoció que la titular de la Cancillería, Susana Malcorra, también avanzará en revisar unos 700 contratos. Mientras que el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, justificó las cesantías de empleados públicos al indicar que se está actuando contra “las escandalosas designaciones que hizo Cristina Kirchner”.
“Situación grave”
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, afirmó ayer que se registra una “situación grave” en la administración pública, con “despidos masivos”.
A su vez, Andrés Rodríguez, de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) enfatizó que es “realmente una barbaridad” dar de baja contratos de empleados porque, según advirtió, “no se ha evaluado nada” sobre su situación laboral.
Rodríguez adelantó que desde su sindicato aún están “evaluando las medidas” que van a tomar, pero reveló que internamente ya analizan “hacer las presentaciones judiciales que correspondan” para frenar las bajas de trabajadores estatales.
En declaraciones radiales, el secretario general de UPCN señaló que evalúan “generar una mecánica de alerta y de movilización” del gremio porque “no se puede dejar a la gente en la calle de buenas a primeras”.
“Lo que había establecido el gobierno era un decreto que prorrogaba los contratos que vencían el 31 de diciembre por tres meses para controlar y evaluar cada caso, y esto ni siquiera se está cumpliendo”, se quejó Rodríguez.
Además, remarcó: “Sin embargo no existe ninguna realidad que determine una revisión seria, responsable y una evaluación como corresponde”.
A su vez, Godoy, de ATE, remarcó: “Estamos en una situación grave porque en el Estado y los municipios hay despidos masivos”. “No vamos a permitir la actitud de querer descalificar” a los empleados públicos, indicó.
En declaraciones radiales, el sindicalista confirmó que el gremio realiza “medidas de fuerza con los trabajadores defendiendo la estabilidad laboral”. Según evaluó, “en el Estado hay alrededor de 3 millones de trabajadores, 600 mil precarios”.
“Ingresó demasiada gente”
La canciller Malcorra informó que se está realizando “una revisión de 700 contratos” en el palacio San Martín, lo cual “no quiere decir que estén mal todos” y dijo que “hay que evitar una caza de brujas, sino ver quién está trabajando, lo que hace y si tiene la capacidad para ocupar el cargo”.
Malcorra indicó que “ha ingresado demasiada gente al Instituto del Servicio Exterior de la Nación en los últimos tiempos”. “Cuando uno mira la población que tienen, no veo que podamos generar posibilidades y oportunidades para todos ellos. Estamos revisando estructuralmente la cosa”, aseveró.
Por su lado, el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, aseguró ayer que “no va a haber más ñoquis en la Argentina” y justificó la cesantía de empleados públicos, al indicar que se está actuando contra “las escandalosas designaciones” de la administración Kirchner.
En declaraciones radiales, el funcionario justificó la baja de contratos de empleados en el Centro Cultural Kirchner (CCK): “Es un caos. El 85 por ciento de la gente entró por convenios con universidades y nosotros los dimos de baja. En la Argentina que se viene no va a haber más ñoquis”.
En tanto, trabajadores, artistas y autoconvocados se concentraron frente al CCK en repudio a la no renovación de 600 contratos y aguardaron, sin éxito, que Lombardi reciba a los delegados.
Senadores del FpV, divididos por las censantías
El bloque de senadores nacionales del Frente para la Victoria (FpV) quedó ayer al borde de la ruptura luego de que dos legisladores negaran haber firmado un comunicado en el que algunos de sus colegas desautorizaban al presidente de la bancada, Miguel Ángel Pichetto, al cuestionar la cesantía de empleados de la Cámara alta.
La jujeña Liliana Fellner y el fueguino Julio Catalán Magni negaron haber firmado el comunicado que dio a conocer el miércoles un grupo de 13 senadores del FpV en repudio a la decisión del oficialismo de dar de baja a 2.035 contratos del Senado, medida que contó con el aval de Pichetto en su condición de presidente del bloque.
El comunicado de ese grupo de senadores, la mayoría de ellos de La Cámpora y del núcleo duro del kirchnerismo, afirmaba que el oficialismo “no consultó al bloque Frente para la Victoria” sobre el “despido masivo” de trabajadores del Senado.
De esa manera desautorizaron a Pichetto, quien horas después les salió al cruce: “El jefe del bloque soy yo y respaldo la creación de una comisión para analizar los despidos porque este bloque va a defender sólo a la gente que trabaja”.
En tanto, ayer Fellner agregó que “pese” a que su nombre “aparece entre los firmantes” del comunicado, “nunca” lo avaló. “En ningún momento fui consultada ni participé en la creación del comunicado”, dijo. Y Catalán Magni también se despegó: “Es mi deber informar que si bien comparto algunos conceptos allí vertidos, nunca firmé ni avalé el contenido del mismo”.
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