Hernán “Lichi” Romero, catalogado como jefe de una banda narco de zona norte, y su hermano Luciano comenzaron a ser juzgados este martes como autores de un secuestro mafioso seguido de tentativa de homicidio cometido en abril de 2020 a un hombre ligado a Los Monos. La primera jornada del debate generó graves reclamos debido a que como los acusados están catalogados como presos de alto perfil presenciaron el debate por videoconferencia y por problemas técnicos no escucharon los alegatos de apertura como tampoco la exposición de los testigos. Por ello, los abogados Franco Galazzo y Marcos Cella, en representación de Lichi Romero, hicieron una reserva constitucional y adelantaron que pedirán la nulidad. El Tribunal, integrado por las magistradas Silvia Castelli, Valeria Pedrana y el juez Nicolás Vico Gimena, hizo lugar a la presentación y deberán resolver la solicitud de las defensas para que este miércoles los acusados estén presentes junto a sus abogados en el Centro de Justicia Penal.
“Lo que pasó en esta primera jornada de juicio oral está quebrantando el derecho constitucional a la defensa por una deficiencia del sistema y por las decisiones dictatoriales que está tomando el gobernador y el ministro de Seguridad que interfieren en el derecho que posee cualquier persona”, señaló Galazzo.
El rapto mafioso
Salió a sacar la basura, le dispararon y se lo llevaron secuestrado
El fiscal del caso es Patricio Saldutti y explicó en su alegato de apertura de este martes que el 4 de abril de 2020 Lichi Romero fue quien siguió todo el secuestro por una videollamada de Whatsapp desde su lugar de detención en la Unidad Penitenciaria 6, de avenida Francia al 4800.
En tanto para la hipótesis fiscal, los autores materiales fueron cuatro: su hermano Luciano, Gastón Núñez (ya condenado a 19 años y medio en 2022) junto a dos menores de edad que están a cargo del Juzgado de Menores.
Así, el cuarteto estaba dentro de un Peugeot 206 esperando la salida de la víctima, identificada como José “Joselito” C., de su casa en Polledo al 3800, en Zona Cero. Apenas se asomó a la vereda para ir a tirar la basura, los secuestradores lo inmovilizaron con un tiro en la pierna izquierda y lo metieron a la fuerza en el auto.
Lo llevaron hasta una tapera de Matheu al 3400, casi esquina Luzarriaga de zona norte. Lo retuvieron y le exigieron el título de su casa, de su auto y una suma de dinero. Lo golpearon con los puños y en la cabeza con la culata de las armas, siguió el fiscal.
Fueron unas dos horas de tormentos, tiempo en que los agresores mantuvieron distintas comunicaciones que para la Fiscalía, fueron con Lichi Romero. Joselito aguantó hasta que lo volvieron a cargar en el 206.
En tanto, Gastón Núñez se subió a una Ford F 100 y condujo hasta una estación de servicios en avenida Circunvalación y Baigorria, donde cargó un bidón con nafta y se dirigió hacia la ruta 34, donde se unió al otro coche.
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A la altura del kilómetro 4 de la ruta 34, Núñez tomó por la colectora de tierra, lo mismo hizo el conductor del 206. Los raptores se detuvieron a unos metros y obligaron a Joselito a bajarse, quien corrió por su vida mientras le disparaban.
Uno de los proyectiles le pegó en la espalda y Joselito cayó a la vera de la banquina de la ruta. Los secuestradores se fueron al darlo por muerto pero Joselito aguantó y más tarde fue socorrido por una vecina.
Según la investigación, la víctima estaba ligada a la banda de Los Monos, y su intento de asesinato marcó el inicio de una cruenta disputa con la organización. Un enfrentamiento que incluyó un sinnúmero de balaceras con y sin heridos, dos homicidios y un oscuro incidente en el que un suboficial de la policía fue herido en la cabeza en un operativo en el que se secuestró un fusil FAL.
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Tras describir los indicios este martes, el fiscal Saldutti acusó a Luciano Romero, de 23 años, como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva triplemente agravada por las lesiones causadas a la víctima con la participación de 3 o más personas y por la participación de menores de edad; tentativa de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de personas y criminis causa doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de menores junto a la portación ilegal de arma de guerra.
En ese marco, pidió una pena de 28 años de prisión efectiva para el muchacho, quien estuvo prófugo por esta causa unos meses hasta ser apresado el 1° de febrero de 2022.
A su vez, para Lichi Romero, de 34, le achacó la misma calificación penal salvo la portación ilegal de arma de fuego y pidió idéntica pena.
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Alegatos de la defensa
Este martes también dieron los alegatos de apertura los abogados Galazzo y Marcos Cella en representación de Lichi Romero mientras que el de su hermano Luciano estuvo a cargo del letrado Nazareno Bravo, en los que coincidieron en pedir la absolución para sus defendidos.
Respecto de Lichi, Galazzo, en comunicación con este diario, hizo la aclaración de que no es el líder ninguna banda narco. “Tiene su única condena vencida –en referencia a la resolución de los 7 años y 4 meses de prisión aplicada en junio de 2020 como líder de una asociación ilícita que cometió dos asaltos–. La única causa abierta que posee es la que se ventila en este juicio oral y, a pesar de que siempre se lo señala como líder de una banda narco, no tiene ningún expediente abierto en la Justicia federal”, detalló.
A su vez, el abogado indicó que en el alegato de apertura se enfocaron en que la “historia casi perfecta presentada por la Fiscalía tuvo una falencia muy importante debido a que los indicios presentados no pueden vincular a su defendido con los hechos. Demostraremos jornada tras jornada, que si bien los hechos ocurrieron, no existe en la colecta probatoria absolutamente ninguna evidencia, ni siquiera indicios, de que Hernán Romero tuviera cualquier participación en los hechos que se le han achacado”, señaló para remarcar que “no existe ni un secuestro de armas, así como no se han acreditado impactos de antenas que vinculen a Hernán Romero con los hechos”.
El penalista también dijo que por ese tiempo el personal del Servicio Penitenciario no le había secuestrado a Lichi celular alguno en requisas a lo largo de su estadía en la Unidad 6.
Fallas en la videoconferencia
Galazzo contó que desde un principio las defensas habían pedido que sus representados estuvieran presentes en la sala. “No los trasladaron desde la cárcel de Piñero por una disposición del Ministerio de Seguridad donde el Servicio Penitenciario no puede mover a presos que están considerados de alto perfil”.
El penalista describió que Hernán Romero y su hermano Luciano presenciaron la audiencia por videoconferencia, que los veían en las imágenes pero que no pudieron escuchar nada.
“Hoy lo que pasó es grave porque luego de que termináramos los alegatos de apertura y ya cuando habían pasado dos testigos de actuaciones, el señor Hernán Romero pidió la palabra y dijo que no habían escuchado nada. Los problemas de conectividad continuaron, por lo que de forma verbal desde la Defensa hicimos las reservas constitucionales pertinentes y la presidenta del Tribunal hizo lugar”, explicó Galazzo.
El penalista agregó que en los alegatos de clausura pedirá la nulidad de este juicio oral porque “el derecho a una legítima defensa se vio afectado por estas falencias que se suman a que no los podemos entrevistar ya que no hay señal tanto en Piñero como en el Centro de Justicia Penal, lo que conlleva a otro problema que es la falta de inmediatez de las consultas que nos puede hacer nuestros defendidos”.
El defensor concluyó en que “el tribunal solicitará los videos de esta jornada a la Unidad Penal 11 de Piñero para comprobar que no se escuchaba y deberán decidir si los trasladarán para que estén presentes en la jornada de este miércoles que se desarrollará a partir de las 8.30”.
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