El ex jefe de la Policía de Santa Fe Rafael Grau fue imputado este miércoles junto con otros dos uniformados de alto rango y cinco civiles por conformar una asociación ilícita para cometer defraudaciones contra la administración pública. Según la acusación del fiscal Roberto Apullán, la banda tenía dos jefes (uno civil y otro policial), tres organizadores y otros tres integrantes. Durante varias horas, el funcionario judicial describió la maniobra fraudulenta, que consistía en facturar arreglos y cambios de repuestos de móviles de la fuerza que no realizaban. En total les achacó 16 casos por un monto cercano a los cien mil pesos en el lapso de dos años. Luego de un extenso debate sobre la calificación legal, el juez Sergio Carraro aceptó el tipo legal de la imputación de la Fiscalía y dejó a todos detenidos hasta el próximo lunes, cuando se discutirá la prisión preventiva. Grau adujo una enfermedad oncológica y esperará la audiencia en su casa, al igual que la única mujer acusada, que tiene a su cargo hijos menores.
Grau fue nombrado jefe de la Policía de Santa Fe en septiembre de 2015 por la gestión del gobernador Antonio Bonfatti y ejerció su cargo hasta el retiro, en marzo del año pasado. Este martes, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron su casa y se lo llevaron esposado. La noticia terminó de noquear a la fuerza provincial: en los últimos diez días, más de 50 policías santafesinos (incluido el jefe de Asuntos Internos) fueron encarcelados por la Justicia federal y provincial por tres hechos de violencia institucional y otro medio centenar quedó a un paso de ser acusados por corrupción. Como si fuera poca exposición, la defensa de Grau terminó de darle visibilidad a la ya golpeada fuerza pública. Este miércoles por la mañana, el mediático abogado porteño Miguel Ángel Pierri desembarcó en Santa Fe para tomar su defensa.
La audiencia comenzó con algo de retraso pasadas las 18 de este miércoles. El fiscal Apullán imputó al octeto por defraudación a la administración pública y conformar una asociación ilícita en la que detalló los roles que cada uno ocupaba: dos jefes, dos organizadores y tres miembros. En total les achacó 16 hechos con evidencia ya recolectada.
Según la acusación, los jefes de la banda eran el policía Ariel Villanueva y el mecánico Facundo T. Como organizadores de la asociación ilícita el fiscal señaló a Grau y a dos hermanos, Artemio y Noelia B., proveedores de repuestos y autopartes. Por último, como miembros apuntó a dos mecánicos: Andrés S. y Rodrigo R. y al policía José María Leiva. Todos se abstuvieron de declarar.
La calificación legal fue lo más discutido durante la audiencia imputativa de este miércoles, que se prolongó por tres horas. El abogado Néstor Oroño, que junto con su socio defienden a los cinco civiles, objetó que la administración infiel no se reitera por el número de hechos. “Es un delito único. No 16 delitos”, explicó a El Ciudadano. Y con una ecuación matemática intentó expresar por qué no hubo asociación ilícita. “Son montos insignificantes los que están en juego. Si dividimos 96 mil pesos en 24 meses por las ocho personas acusadas, da un resultado de 4.000 pesos por mes a cada uno. No tiene sustento lógico la calificación de asociación ilícita, su único fin es agravar la situación jurídica y procesal de los acusados”, esgrimió.
Con todo, el juez hizo lugar a las imputaciones y ordenó que todos continúen con prisión preventiva. Esas medidas cautelares serán debatidas en una audiencia el próximo lunes a las 16. También dio lugar a los pedidos de la defensa para cumplir la prisión domiciliaria. En el caso de Grau por una enfermedad oncológica y en el de Noelia, por tener a su cargo hijos menores. Y aceptó que uno de los detenidos sea trasladado de la seccional 9na de Santa Fe luego que denunciara haber sufrido amenazas por otros internos.
La investigación de Apullán comenzó en mayo de 2016 a raíz de una presentación realizada por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien dijo que había recibido un sobre cerrado con una denuncia anónima. La misma brindaba detalles de maniobras defraudatorias en perjuicio de la administración pública, relacionadas con el arreglo y cambio de repuestos de móviles policiales de la Jefatura de la Policía de la provincia, en la que estarían involucrados funcionarios policiales y particulares.
A raíz de la causa el año pasado se realizaron seis allanamientos y fueron secuestrados cinco automóviles, cuatro camionetas y un colectivo, todos vehículos oficiales. Las pericias mecánicas realizadas por Gendarmería en diez móviles determinaron que hubo arreglos que no se realizaron y cambios de repuestos que tampoco existían, pese a haber sido facturados.
