Por Manuel Parola / Especial para El Ciudadano
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó un informe sobre el acceso a la conectividad e internet en Argentina, en donde muestra que el 63,8% de los hogares contaba con acceso a una computadora al terminar 2020, aunque 9 de cada 10 tiene acceso a internet por medio de algún dispositivo electrónico. La cifra arroja que un 36,2% de los hogares del país no cuenta con el dispositivo, pero la porción es más alta en Rosario: 4 de cada 10 hogares no tiene una computadora, mientras que el 16% no tiene acceso a internet. Y en el Gran Rosario, esta situación se eleva al 31,7% siendo, comparativamente, la más alta del país según el organismo.
La situación en la provincia de Santa Fe es, según el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), bastante compleja: mientras que 3 de cada 10 personas no tienen acceso a la red internet, el promedio de la velocidad de conexión es de 21 megabit por segundo (Mbps) cuando la media nacional está en 28 Mbps, ocupando así el noveno lugar a nivel nacional en cuanto a velocidad de conexión. A estos datos se suma que el 72% de las escuelas santafesinas no tiene conectividad. El Ejecutivo provincial elaboró dos proyectos en torno a esta problemática, el primero para autorizar una obra de 4.000 kilómetros de fibra óptica para prestar servicio en las 365 localidades de la provincia, y el segundo para crear una sociedad anónima del Estado llamada “Santa Fe Redes y Servicios” que se encargará de la prestación y las obras. Ambos proyectos tuvieron media sanción en la Cámara alta en octubre del año pasado, pero descansan en Diputados hasta la actualidad.
En el marco de restricciones más profundas para enfrentar la segunda ola de la pandemia de coronavirus, la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, volvió a reclamar por la normativa, a la que considera estratégica para continuar la educación en forma remota.
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La diferencia entre el acceso a internet y el acceso de computadoras en la media nacional y el promedio del Gran Rosario no sólo se explica por el brutal crecimiento de los precios en los últimos años y el incremento de la pobreza a nivel nacional y regional, sino también en que es mucho más sencillo acceder a un teléfono smartphone: el 87,2% de la población usa teléfonos, y el promedio a nivel país es del 88 de cada 100.
La concentración de las conexiones y de la prestación de servicios de conectividad son un factor que también caracterizan al ecosistema de telecomunicaciones argentino, no sólo en cuanto a su calidad sino también a los costos del servicio. Según el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom) cuatro empresas acumulan el 80% de las conexiones de banda ancha fija en el país. “Aún así el primer operador se encuentra lejos de los restantes tres competidores: el Grupo Clarín concentra el 46% de los accesos fijos a internet desde su empresa Personal, seguido por Movistar, que es propiedad de la española Telefónica, con un 15%; Grupo Telecentro con 12% y Grupo Supercanal con 7%, según Cabase”, marca el observatorio en base a la información de la Cámara de Empresas de Bases de Datos y Servicios en Línea.
En esa situación, y en un contexto de más de 19 millones de personas que están en situación de pobreza, el gobierno nacional dispuso la declaración como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a las telecomunicaciones a través del decreto de necesidad y urgencia 690/2020, por el cual el Enacom pasa a regular las ahora tarifas –y sus aumentos– de los servicios. Pero la aplicación de dicha medida se encuentra en tensión debido a que el Ente Nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el objeto de revertir una medida cautelar dictada por la Cámara Contencioso Administrativa que exime a la empresa Telecom Argentina SA (del Grupo Clarín) del cumplimiento del DNU 690/20 por el plazo de 6 meses.
A la declaración de servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia se le sumó otra herramienta para el acceso a la conectividad: la Prestación Básica Universal obligatoria, una política diseñada para que los sectores vulnerables puedan acceder a los servicios públicos esenciales de telefonía, internet y TV por cable. Surgió como una respuesta del gobierno nacional ante la desigualdad que dejó al descubierto la pandemia en materia de acceso a internet, a los cuales el Enacom estima en una población objetivo de 15 millones de argentinos. El gobierno autorizó esta política el 21 de diciembre pasado a través de la resolución 1.466/20, pero a más de cinco meses de su lanzamiento y a tres de su puesta en marcha, las personas que han podido acceder a la prestación no llegan al 1% de lo esperado.
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Prestación básica y ajena
La Prestación Básica Universal (PBU) apenas tiene a poco más de 85 mil personas anotadas para recibir la tarifa social de conectividad, tras pasar tres meses desde su puesta en marcha por el gobierno nacional. Es apenas el 0,57% del estimado de personas que se encuentran en condiciones de recibir el beneficio. Es decir, menos de una de cada 100 personas ha podido registrarse y acceder a la tarifa.
Según un relevamiento del Enacom, entre las tres empresas de telecomunicaciones llegan a sumar un total de 85.388 beneficiarios de la PBU: Personal –que pertenece a la empresa Telecom, del Grupo Clarín, y que representa el 33,9% del mercado del internet móvil– tiene 1.203 prestaciones asignadas; Claro, en manos del magnate mexicano Carlos Slim, tiene en total 337 prestaciones entregadas, siendo que tiene la porción comparativamente más grande del mercado de internet: 36,8%; y la española Movistar, que significa el 29,4% del mercado, concentra 81.803 beneficiarios de la PBU, el 95,8% de quienes accedieron.
Las autoridades del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales adjudican estos ínfimos niveles de penetración de la medida a la ausencia de facilidades para acceder y comunicarla a los usuarios desde sus plataformas: dos de ellas no ofrecen la posibilidad de acceder a la PBU en sus páginas web y ofrecen distintos servicios de conexión a precios al triple del valor de la prestación. Victoria Tolosa Paz, directora del Consejo, admitió en una entrevista con el periodista Daniel Tognetti en AM 530 que “la campaña” oficial con la que el gobierno dio a conocer esta tarifa social “duró muy poco tiempo y después se apagó el volumen y fortaleza”. Y admitió: “Al calor de que no logramos todavía el objetivo, esas campañas tienen que seguir vigentes. Los que se enteraron fueron pocos, y está claro por qué no tenemos volumen en la PBU, pero si la gente no sabe que le corresponde una tarifa social y además las empresas te hacen la vida imposible para poder acceder a ella, es muy complicado poder contener el rebrote de precios. No queremos que aumenten los precios y para eso, el PBU tiene una muy buena llegada para contener el precio de la telefonía, que hoy es muy importante” en relación a su incidencia en el precio de la canasta básica, y más aún en pandemia.
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