Ciudad, Edición Impresa

Abogados inventaban siniestros viales

Gomera judicial para caranchos: deben devolver lo estafado

A través del mecanismo de suspensión de juicio a prueba, deberán devolver a las compañías el monto actualizado de las estafas, pagar costas y prestar servicios comunitarios en una parroquia de Cáritas de zona oeste.


Caranchos. Tal el apodo dado a los abogados que, entre otras argucias, fraguan incidentes de tránsito para cobrar abultadas sumas a compañías de seguro. A dos de ellos, en el marco de una causa abierta en marzo del año pasado, la Justicia les ordenó reparar económicamente a las compañías afectadas: Sancor, Federación Patronal, La Caja y Orbis. Ello implica la devolución del capital y honorarios cobrados mediante las estafas, a los que se aplicará la tasa activa del Banco de Santa Fe. También, se los conmina a prestar servicios comunitarios –por cuatro horas semanales durante 15 meses– en una parroquia de Cáritas de zona oeste. Y a lo anterior se agrega la obligación de abonar las costas del proceso, que ascienden a 120 mil pesos. La medida fue dictada por la magistrada de Primera Instancia Hebe Marcogliese, quien hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba en el caso que tiene por imputados a los letrados Mariano Norberto Busso y Claudio Eduardo Lassus y suma otras dos condenas.

La investigación de los ilícitos, sobre los cuales se llegó este viernes al acuerdo de partes refrendado por la jueza, corrió por cuenta de Guillermo Apanowicz, de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio. El fiscal había imputado, a principios de marzo del año pasado, a un hombre que se hacía pasar por abogado para iniciar juicios por accidentes de tránsito falsos contra aseguradoras, en connivencia con los letrados Busso y Lassus, integrantes del estudio jurídico Armas-Busso & Netri, ubicado frente a los Tribunales provinciales, sobre calle Moreno. De hecho, Busso estaba casado con Andrea, hija del juez de la Corte Suprema santafesina Mario Luis Netri. Al falso letrado –Julio César Benítez– se lo acusó de encabezar una asociación ilícita que contabiliza 11 hechos de estafa consumadas y en grado de tentativa. Las investigaciones, que databan de septiembre de 2015, incluyeron numerosas escuchas telefónicas. La transcripción de las mismas desnudó, a su vez, la complicidad de supuestas víctimas de los siniestros nunca ocurridos y de los presuntos responsables de ocasionar las lesiones por las que se reclamaban resarcimientos. El cúmulo de indicios derivó en el allanamiento del conocido buffet. Y hace un año, a través de un juicio abreviado, Benítez recibió una condena a tres años de prisión por su participación en una asociación ilícita, estafa y amenazas coactivas (lo último en un caso de extorsión a familiares de un implicado en presunto delito sexual).

La banda investigada incluye a Benítez, a su hermano Leonardo Ezequiel –condenado a tres años de prisión condicional por estafa, usurpación de título de abogado, amenazas coactivas y asociación ilícita– y a los abogados Busso y Lassus. Pero también a otras dos personas: Sebastián y Mario, un hombre que se hacía pasar por agente de policía.

Los montos que, durante 2015, la banda obtenía de las empresas oscilaban entre 5 y 18 mil pesos por caso fraguado. También se vinculó a sus integrantes con maniobras espurias en una declaración de pobreza y una mediación.

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