El gobierno nacional se resignó a una muerte digna de las facultades delegadas. El Frente para la Victoria ni siquiera presentó un proyecto de ley que intente prolongar esas potestades extraordinarias cedidas por el Congreso y ahora se abre un nuevo capítulo de facultades delegadas a la carta, donde el kirchnerismo deberá solicitar la autorización del Poder Legislativo para legislar en cada caso puntual, ya sea en materia laboral, impositiva o específicamente de retenciones al campo.
La tensa calma con la que la Casa Rosada aguardó hasta ayer el vencimiento de las facultades delegadas refleja la resignación oficialista ante la nueva mayoría opositora en el Congreso. Por primera vez, el gobierno ni siquiera envió un proyecto de ley para renovar esas facultades, consciente del nuevo escenario legislativo y de la conveniencia de evitar una derrota en el Congreso.
La doctrina emanada de las usinas jurídicas del kirchnerismo establece que, hasta que se dicte una nueva ley en sentido contrario, todos los actos administrativos dictados en virtud de la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo seguirán teniendo validez. Eso significa invertir la carga de la prueba, es decir que los bloques opositores deberán lograr consensos para derogar o modificar, a través de una ley del Poder Legislativo, el actual régimen de retenciones o cualquier otra disposición dictada por la presidenta en uso de esas potestades. De este modo, el kirchnerismo podría prolongar la vigencia del actual statu quo legal y administrativo sin recurrir a nuevas normas.
La principal herramienta que estará a disposición de Cristina de Kirchner será un eventual veto a leyes opositoras que pretendan alterar las disposiciones emanadas de las facultades delegadas, pero también podría recurrir a decretos, tal cual sucedió en el caso de uso de reservas del Banco Central cuando el Congreso se disponía a debatir una ley. El caso de los derechos de exportación a la producción agrícola-ganadera presenta algunas similitudes y mientras la oposición intenta consensuar el contenido de unos 30 proyectos de ley distintos sobre retenciones, el Poder Ejecutivo se prepara para anunciar unilateralmente un régimen segmentado de alícuotas. El lunes, el diputado radical Ulises Forte, de la Federación Agraria, advirtió que no firmará el predictamen opositor donde se fija retenciones cero para la soja sin distinguir entre pequeños, medianos y grandes productores.
“Ante cada situación se verá si el Ejecutivo necesita reclamar al Congreso que una facultad se le sea delegada por una determinada cantidad de tiempo”, explicó Agustín Rossi, jefe de la bancada kirchnerista en Diputados. Y sobre las retenciones consideró que “están bien como están fijadas, las alícuotas tienen el mismo nivel que en 2007 y en ese momento la presidenta decidió trasladarlas a las provincias y a los municipios”.
Entre las facultades que el GEN de Margarita Stolbizer y Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella están dispuestos a ceder por otro año al gobierno aparecen las de Procedimiento Tributario; de Organización de la Dirección General Impositiva; de Creación de la Administración Nacional de Aduanas y Puertos de la Nación; de la Comisión Nacional de Valores; de Código Alimentario Argentino; el Impuesto a las Ganancias; el Impuesto al Valor Agregado; la Promoción Industrial; la de Ministerios y la Ley de Empleo.
Los bloques aliados al gobierno plantean incluso que sigan en manos del Poder Ejecutivo la legislación que emane del Código Aduanero por diez años.
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