El pasado 28 de julio, la Cámara de Diputados de San Luis convirtió en ley la decisión del ejecutivo provincial de “restituir” al pueblo huarpe las 75 mil hectáreas que tiene el parque nacional Las Quijadas, creado en 1991 por una ley que cedía jurisdicción a la nación y la correspondiente norma federal.
“Fuimos a la Corte Suprema a presentar una medida cautelar que impida o suspenda este tema que es de una gravedad enorme”, dijo José Manuel Ubeira, Jefe de Gabinete de la Administración de Parques Nacionales (APN) respecto de la sorpresiva medida adoptada por San Luis.
Al mostrarse esperanzado que el supremo tribunal (que entiende en los litigios entre la nación y las provincias) se pronuncie esta semana, Ubeira recordó que en diciembre del 2008 la APN consiguió frenar una ley de Misiones que le daba el manejo del sector acuático e islas del Parque Nacional Iguazú, con las famosas Cataratas incluidas.
En tanto, el intendente del área protegida nacional, única en toda la provincia cuyana, Rubén Neira, dijo durante un diálogo con la prensa que “vengo de hablar por primera vez con un funcionario provincial. Por este tema no hubo contactos entre la provincia y la nación” tras definir que “estamos en un camino crítico, delicado”.
“La reunión fue amable, ordenada. El ministro de Turismo, Leonardo Agnessi se comprometió a no generar acciones violentas o invasivas”, detalló Neira y señaló que en San Luis la política es “de los hechos consumados” por lo que se negó a especular si finalmente la provincia tomará o no, posesión de las 75 mil hectáreas.
El parque cuenta con un plantel de 16 trabajadores, tiene un presupuesto operativo de 1.300.000 pesos anuales y un crédito internacional por 800 mil pesos, precisó Neira quien aseguró, además, que “desde hace siete años avanzamos mucho, logramos prestigio, tenemos trabajo con pobladores”.
Respecto del motivo central esgrimido por San Luis para expropiar el parque, “restituirlo a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis, para la preservación y manejo sustentable de dicha región”, recibió serios cuestionamientos desde la APN y también de ONGs ambientalistas.
“Acá no hay ninguna comunidad, ni adentro ni afuera del parque” aseguró Neira y aunque consideró “muy sensible” el argumento del gobierno provincial recordó que en la Argentina a los indígenas “se los reconoce por sus luchas mientras que en San Luis el gobernador creó por ley comunidades huarpe y ranquel”.
Por su parte Ubeira sostuvo además que “es una forma bastarda de proteger sus derechos utilizar un pueblo aborigen de la zona como medio” y sostuvo que “los parques nacionales no son patrimonio de un pueblo aborigen sino de toda la nación”.
La expropiación del parque generó además severas críticas de organizaciones ambientalistas pero el gobierno provincial respondió oficialmente que “la nueva ley mantendrá el estatus jurídico de área natural protegida, según criterio de la UNESCO fijado en el Art. 1º de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”.
Aclaró que los recientes cuestionamientos a la Ley 721/2010 “resultan desacertadas” porque fue dictada “en completo ejercicio de facultades propias e inherentes a la provincia de San Luis, que encuentran justificación en la preeminencia de fines superadores y que hacen al efectivo reconocimiento de los derechos de propiedad comunitaria preexistentes del Pueblo Nación Huarpe”.
San Luis también sostuvo que “no puede relativizarse ni simplificarse el análisis jurídico de la situación como lo hacen los críticos del proyecto cuando dicen que la Ley provincial tiene jerarquía inferior a la Ley nacional, por lo que no puede modificarla”.
Sin embargo, el principal argumento es que una ley provincial no puede estar por encima de una ley nacional, la 24.015 que creó el área protegida nacional y, aunque la provincia cedió jurisdicción “aún no entregó a la nación las escrituras” de las 73.534 hectáreas que APN compró a particulares.
Fuente: Télam
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