Juan Aguzzi
Si se observa con detenimiento la concepción política del Gobierno Nacional, su quehacer y acciones destinadas a generar algunas de las formas del bienestar social, y sostener que se trata de un Estado dispuesto a garantizar que se haga efectivo el cumplimiento de leyes y normas para un mejor vivir del pueblo, se hace algo complicado nombrarlo como gobierno peronista (si se entiende por peronismo una gestión que contenga una serie de prerrogativas opuestas a gobiernos como el de Menem y Duhalde, por ejemplo, y más cercanas a las del 45 y el 73), y menos aún llamarlo kirchnerista o cristinista puesto que nada de lo que hizo hasta el momento puede vérselo desde esa óptica.
Se trata en todo caso de una forma determinada de ejercer el poder desde el Estado, el ejercicio de determinado modo de articular políticas públicas que, visto lo acontecido, habría, en el Gobierno Nacional, un corrimiento de los postulados del movimiento mayoritario que lo llevó al poder. Se trata entonces de una concepción política donde no tendría demasiada cabida la movilización popular, ni la resistencia a las presiones y enfrentamientos con los poderes fácticos –desde los más importantes renuncios en el caso Vicentin y el manejo de la llamada Hidrovía del Paraná, hasta el efectivo control de precios de los alimentos, tarea harto improbable a esta altura–, corporizados en los oligopolios, en las facciones mediáticas, judiciales y agroexportadoras (se acaba de escuchar de propia boca del empresario Braun, de la cadena de supermercados La Anónima, su modo de combatir la inflación: remarcando precios todos los días, dicho en ese tono de mofa propio de los que se sienten intocables, que es como decirle al gobierno: “en tu cara y en tu cancha”).
Cada vez que hay un golpe de efecto de esos poderes, el gobierno se queda sin respuestas. Y, a esta altura, no se trata de “errores” o de un contexto regido por las consecuencias de la pandemia o los efectos colaterales de la guerra en Ucrania, que le impedirían tener capacidad de maniobra. Es un modo de actuar, como lo fueron las negociaciones con el FMI, donde cabía la posibilidad, en un contexto que lo facilitaba, de convocar a una movilización popular para resistir un acuerdo que afectaría gravemente las condiciones de vida de los argentinos; en cambio, se cedió rápidamente a la aplicación de medidas que son –con el aumento de tarifas y combustibles en funcionamiento– y serán lesivas con el pretexto de que no era posible otra actitud en “las condiciones actuales”. ¿Quién lo asegura?, solo el propio Gobierno Nacional, en una nueva demostración de que su intención parece estar puesta en “arreglar” con las superestructuras apelando a la buena disposición de los poderes fácticos que, es archiconocido, no van a ceder un tranco en sus ambiciones.
¿Cerrar la grieta?
Tal vez esta sea la forma en que el gobierno nacional entiende que puede cerrar la tan famosa grieta, convocando a negociar un acuerdo de precios de alimentos a empresarios y solo evocando al pueblo en esa mesa de negociaciones como “el que tiene hambre”. También las tibias respuestas a las sucesivas asonadas de la Corte Suprema van en esa dirección, en no reaccionar a sus intenciones golpistas, llevadas a cabo como brazos judiciales del poder real.
Varios tuits de Cristina Fernández ponían de relieve estas actitudes, manifestando sus discrepancias, pero lo que sucedía era una absoluta inacción del gobierno ante cada uno de los alardes golpistas de la corte, por lo que hay que colegir que se está ante una forma precisa de hacer política. Al Gobierno Nacional no se le ocurre que esas diferencias podrían dirimirse mediante debates y movilización popular, eso no parece estar en sus planes; incluso cuando durante la pandemia el nivel de aceptación era alto y el viento de cola podía acompañar medidas de fondo.
El Gobierno Nacional debería ejercitar su memoria
Alberto Fernández había dicho que esperaba que cuando se equivocara, sus votantes se lo reclamaran en las calles y ya Cristina lo había alentado para que no le temiera a la tapa de los diarios o a las editoriales de los medios web. Cristina ya había derrotado a Macri bajo la condición de no ejercer la presidencia y encontró un “fusible” que en las condiciones que se daban esas elecciones fue lo que más convino. ¿Había otros?, es difícil tirar un nombre; además es contrafáctico y se estaba en un lugar de extrema debilidad.
Por eso es complejo a esta altura saber exactamente qué va a pasar hasta las elecciones de 2023 con esos tibios manotazos del Gobierno Nacional para enfrentar a los poderes constituidos sin movilización popular y de espaldas a la base social que lo votó; la cosa no da para más, con una inflación que sin esfuerzo puede estimarse en un mínimo de 80 por ciento anual –en estos días se estimaba que una familia rosarina ya necesita casi 150 mil pesos para llegar a fin de mes– y con planes de asistencia que resultan casi un chiste.
Aparecer en foros internacionales sentando alguna posición de defensa de la unidad latinoamericana, como en la actual Cumbre de las Américas, mientras en casa el torbellino de iniquidades no cesa y se le sigue temiendo a los medios del poder concentrado, no parece ser un escenario donde se intuya alguna posibilidad de ganar la próxima elección. Y de lo que no se percata el Gobierno Nacional es que puede perder repudiado por propios y ajenos –desde La Matanza hasta la Sociedad Rural–, configurándose en la lista de los que defraudan su mandato electoral.
Alberto debería recordar que su gestión comenzó con una buena cantidad de votos servidos en bandeja luego de que el binomio Alberto-Cristina arrasara en las Paso de 2019 y que no lo aprovechó a fondo. Sin desmedro, claro, del efectivo manejo que hizo de la pandemia, sin lo cual seguramente la cifra de muertos sería escandalosa.
Y era durante esa instancia cuando debió haber comenzado a aprovechar la correlación de fuerzas para dar algunos pasos fundamentales en procura de acumular poder para resistir los bombardeos del poder mediático. Y no tirar por la borda el guante cuando amagó con la expropiación de Vicentín, cuyos directivos siguen delinquiendo, como pudo verse en la acción del máximo directivo de la agroexportadora, acusado por intentar desprenderse del 33% del paquete accionario de la empresa por un valor de 310 millones de dólares cuando rige una prohibición judicial al enajenamiento de activos.
Lo que queda claro entonces es que la gestión de Alberto viene perdiendo votos y esa correlación de fuerzas favorable que alguna vez existió se viene derruyendo a pasos agigantados, ya se vio en la derrota durante la última renovación electoral, en 2021, con el ajuste promovido por el arreglo con el FMI. Por eso el Gobierno Nacional debería recordar cuando durante la segunda vuelta en las elecciones de 2003 –luego de que Menem hubiese abdicado– el subdirector del diario La Nación, Claudio Escribano, le entregó a Néstor Kirchner un pliego de condiciones que exigía impunidad para los genocidas, subordinación con los Estados Unidos y un programa económico consensuado con las empresas monopólicas.
Kirchner rechazó esas condiciones de manera tajante: “Mi mayor preocupación es que me acompañen los argentinos, por eso no empiezo por los empresarios ni por el embajador de ningún país. Tampoco pienso en un alineamiento automático con Estados Unidos ni en buscar que me aprueben como precondición para gobernar mi país. Ocurre que usted y yo tenemos visiones distintas del país. Como es difícil que podamos ponernos de acuerdo, sería importante tratarnos con respeto. Usted tiene la suerte que a mí me falta, de haber heredado un diario”, había dicho en esa oportunidad.
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