Tras el fallo adverso de la Corte Suprema, el gobierno dio señales contradictorias. Por un lado planteó la necesidad de lograr un acuerdo político para fijar las tarifas, pero por otro intentó minimizar la decisión judicial sosteniendo que al anular las resoluciones únicamente para los usuarios residenciales, alcanza sólo al 25 por ciento de la demanda nacional de gas.
Si se subestima la sentencia, la idea de convocar a un acuerdo político puede naufragar, igual que ocurrió semanas atrás con el frustrado anuncio de audiencias públicas con las que se pretendía dar una señal a la Corte.
Por ahora, la impresión es que el gobierno sigue empantanado. El fallo alcanza sólo a los hogares, pero deja abierta la puerta para que se presenten nuevos amparos que representen un colectivo distinto. De hecho, el mismo jueves por la tarde la Came y la Cámara de GNC anunciaron que irán a la Justicia por nuevos amparos.
El criterio de gradualidad al que se refiere el fallo de la Corte impone además un límite a lo que se pretenda someter a audiencia pública. Si este mecanismo se utilizara sólo para dar un debate sobre los cuadros tarifarios que ahora se anularon y volverlos a poner en vigencia (al no ser vinculante la decisión de la audiencia), el gobierno corre el riesgo de que haya nuevas presentaciones en la Justicia y que la suerte vuelva a serle adversa.
El tema tiene también otro aspecto al que ayer el Ejecutivo sólo se refirió vagamente: el aumento en las tarifas de electricidad que está en vigencia desde el 1º de febrero y que fue suspendido en todo el país por el fallo de una jueza federal de San Martín. Tarde o temprano esas actuaciones también llegarán al máximo tribunal y puede esperarse un pronunciamiento similar.
Si la opinión de la Corte fue que el precio del gas en la puerta de ingreso al sistema de transporte (PIST), mientras sea fijado por el Ejecutivo y no surja del libre juego de la oferta y la demanda, necesita ser tratado en audiencia pública, lo mismo puede dictaminar sobre el valor mayorista de la energía.
Desde febrero, ese precio fue elevado en más de siete veces para todo el país por una decisión del Ministerio de Energía (Resolución 6) aunque según el marco regulatorio eléctrico la remuneración de los generadores la fijará el mercado según el costo de la última central que se deba ingresar al sistema para satisfacer la demanda.
Ese criterio se cayó alrededor de 2002 con las leyes de emergencia económica, como ocurrió con la desregulación del precio del gas, y desde entonces el precio mayorista que está en las tarifas de todos los usuarios, salvo los que contratan en forma directa, es fijado por el Poder Ejecutivo.
Además, para el aumento dispuesto en febrero, se aplicaría también por extensión la opinión de la Corte en cuanto a que “el incremento para el usuario implica un aumento sustancial de su factura y, en caso de no poder afrontarlo, podría ser privado del goce del servicio. En tales condiciones, resulta intrascendente que se trate o no de un régimen definitivo o integral”.
La incertidumbre se trasladó ahora a las tarifas de electricidad y alcanza tanto a los usuarios como a las empresas, como ya pasó con las distribuidoras de gas que debieron dejar de emitir factura el 11 de julio luego del fallo de la Cámara Federal de La Plata. En el caso de la electricidad, el gobierno y Cammesa siguen facturando con aumento el precio mayorista de la energía a todas las distribuidoras del país, y Edenor y Edesur continúan emitiendo boletas con las subas en Capital Federal.
Aunque no hay fallo que lo respalde, el Ministerio de Energía considera que el haber planteado la recusación de la jueza suspende los efectos del fallo. Para acatar el espíritu del fallo emitido por la Corte, el Ejecutivo debería llamar a audiencias públicas para gas y electricidad por separado y replantear las subas a aplicar dentro de un acuerdo político. Pero por ahora no hay pistas en ese sentido.
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