Siete personas quedaron imputadas por defraudaciones en el ámbito local por la suma de 400 mil dólares. Para la Fiscalía los acusados formaron parte de una asociación ilícita integrada por al menos 14 personas, encabezada por el empresario Leonardo Nelson Cositorto, que a través de diversas empresas defraudaron por una suma millonaria en dólares a 30 personas.
A cambio de una inversión ofrecían una renta elevada pero en febrero de este año dejaron de pagar los intereses y no devolvieron el capital invertido. Ahora fueron imputados por integrar una asociación ilícita y por receptar dinero con fines de lavado. Todos se fueron en libertad con el compromiso de efectivizar fianzas que van de los 800 mil a los 10 millones de pesos.
El fiscal Mariano Rios Artacho dijo que este grupo contaba con un organización que se camuflaba bajo una serie de sociedades que llevan como nombre Generación Zoe SA, Zoe Empowerment, Al Coaches SAS, Zoe Construcciones, Zoe Cash y Universidad del Trading SA, entre otras firmas. Las empresas eran presididas por Cositorto, quién simulaba dedicarse a la educación por coaching y a la actividad financiera, y de esa forma defraudar a las víctimas. Además es investigado en varias provincias del país por el mismo tipo de estafas, conocido como fraude piramidal o esquema Ponzi.
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En esta oportunidad, el fiscal imputó a fin de noviembre a Maximiliano A. B., de 24 años; Juan Cruz R., de 32 años; Lucas Mauricio I., de 24 años; Francisco Omar F., de 24 años; Marcos Iván M., de 28 años, y Federico Martin F. N., de 26 años, como integrantes de una asociación ilícita.
Estafa piramidal
El fiscal contó que la maniobra consistía en captar a las víctimas hacia las diferentes oficinas, las cuales se encontraban ubicadas en Rosario y Casilda. Maniobras en los que estaban involucrados Roque D., Delfina D., Martín G. P. y Verónica R. de Rosario, y Diana T. y Hernán F. en Casilda, quienes por una relación de amistad o por publicaciones en redes sociales ofrecían rentas mensuales elevadísimas a cambio de una inversión que consistía en entregar dólares o por transferencias bancarias en pesos que luego eran convertidas a dólares para entrar en el negocio que proponían.
Una de las principales inversiones eran la denominadas “membresías”, las cuales prometían un interés mensual del 7,5%. Otra de las modalidades era la de “robots o bot”, que consistían en inversiones con diferentes plazos e intereses con promesa de devolución de capital al finalizar el plazo.
El fiscal sostuvo que todo era realizado a sabiendas de que no podían abonar lo prometido. En febrero de este año dejaron de pagar los intereses y de reintegrar el capital invertido por las víctimas, provocando un perjuicio económico que supera los 400 mil dólares.
Rios Artacho explicó que una vez que juntaban una suma importante de dinero, dos de los miembros del grupo, identificados como Rosa María G. R., quien aún no fue ubicada, y Claudio Javier A., los transformaban en criptoactivos y eran transferidos a distintos usuarios, que luego redireccionaban esos fondos para dificultar su seguimiento.
Dijo que en la organización hubo confluencia de voluntades y roles diferenciados, que iban desde captar a las víctimas para que “inviertan”, recibir transferencias, extender recibos, entregar en forma virtual contratos, hacer publicaciones en redes sociales y grupos de Whatsapp para captar adeptos, redireccionar las inversiones para evitar su rastro, entre otros.
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Mecanismo de lavado
Además imputó a Maximiliano A. B. de recepcionar los fondos provenientes de las defraudaciones cometidas a través de la firma Generación Zoe en la plataforma Binance, donde depositó en distintas monedas virtuales unos 35 millones de dólares para luego redireccionarlos a otras cuentas, procurando dificultar su seguimiento y trazabilidad, y con la finalidad de darles “apariencia de licitud”.
El fiscal dijo que estos hechos ocurrieron entre mayo de 2021 y febrero de 2022 y lo encuadró en receptación con fines de lavado.
A su vez detalló que Marcos Iván M., Juan Cruz R., Diego Eugenio C., Francisco Omar F., Lucas Mauricio I. y Rico F. V. tuvieron la misma dinámica delictiva aunque por diferentes montos: por 7,4 millones de dólares el primero y 7 millones el segundo; por 1.179.126 dólares el tercero y 800 mil dólares el cuarto; 500 mil dólares el quinto, y el último algo más de 3 millones de dólares.
Cautelar
Tras la imputación fiscal Ríos Artacho planteó un acuerdo al que llegó con la defensa y la querella de las 30 víctimas locales respecto a la medida cautelar a imponer. Planteó una libertad con restricciones como la prohibición de salir del país y la entrega de pasaporte, además de cauciones de distintos montos según cada imputado, que fueron desde los 800 mil hasta los 10 millones de pesos.
Tras escuchar a las partes la jueza Silvana Lamas González tuvo por formalizada la audiencia e hizo lugar a la libertad con restricciones a la vez que fijó el pago de fianzas para los imputados.
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