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Golpe al bolsillo

Gas: hay tarifazo de 236% y subas hasta el 2019

Al abrir la audiencia pública, Aranguren ratificó el nuevo cuadro tarifario para el servicio y dijo que habrá aumentos semestrales en los próximos 3 años. Los incrementos se aplicarán desde octubre. La propuesta oficial recibió críticas y hoy continuarán las exposiciones.


El gobierno ratificó ayer los aumentos en tarifas de gas para usuarios residenciales, de entre 122% y 236% promedio, y de hasta 500% para comercios y pymes, en la primera jornada de la audiencia pública, en la que recibió críticas de la oposición y defensores de consumidores. En la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, hubo protestas.

La audiencia no es vinculante, por lo que el gobierno espera poder aprobar los nuevos cuadros tarifarios a partir de octubre, con facturas que irían de 107 a 953 pesos mensuales según el nivel de consumo, ya que estará cumplido el paso exigido por la Corte Suprema.

Representantes de provincias y petroleras defendieron los incrementos que, señalaron, son “necesarios” para financiar una mayor producción que garantice el abastecimiento.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, arrancó planteando que habrá “aumentos graduales semestrales en los próximos tres años”, con media hora de demora por un insólito corte de electricidad. Y confirmó que “en octubre de 2019” se habrán eliminado los subsidios al gas, mientras puntualizó que los subsidios representan 5.700 millones de dólares anuales.

En la primera jornada de la audiencia los representantes de las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras defendieron la rentabilidad del sistema, mientras los defensores del pueblo y dirigentes de las asociaciones de consumidores objetaron el cuadro tarifario.

En las exposiciones el aumento del gas fue calificado de “inconstitucional”, se lo consideró “imposible de pagar” y “extemporáneo, por no conocerse la base del cálculo para establecer los aumentos”, como el precio de boca de pozo y de transporte, por la mayoría de las organizaciones de defensa del consumidor.

“Los números tienen que cerrar para las empresas, pero con la gente adentro” fue una de las frases más escuchadas por los defensores del pueblo.

Reclamaron también que la tarifa social “sea única y automática en todo el país” para los sectores sociales con necesidades básicas insatisfechas.

Demandaron estudios socioeconómicos por región para conocer el poder de pago de los consumidores, contemplar una tarifa diferenciada para la Patagonia y que la venta de garrafas sea declarada como “servicio público” al denunciar que se pagan precios más de diez veces más caros la tarifa oficial dispuesta por el gobierno.

Los reclamos se centraron también en que como el 40% de la población no tiene red de gas, se contemplen las tarifas diferenciales por la mayor utilización de energía eléctrica y reclamaron inversiones a las empresas para extender los acueductos y redes domiciliarias.

Hoy será el turno de los legisladores nacionales, sindicatos, municipios y autoridades provinciales, expertos, cámaras empresarias y del rubro “usuarios y público en general” que reúnen casi 200 expositores con 10 minutos de tiempo cada uno.

No se descarta que el debate continúe hasta mañana tras la agotadora jornada que se inició con la advertencia del moderador Javier Corcuera, de que quien se excediera en el tiempo previsto para la exposición iba a sufrir el tan temido corte de sonido, que no se cumplió porque la mayoría de los oradores respetó el tiempo de exposición.

Militantes de partidos políticos de izquierda, miembros de organizaciones sociales y sindicatos se movilizaron a la Usina del Arte donde se realizó la audiencia.

En la calle y disconformes

Asociaciones de usuarios y consumidores de Rosario, junto a otras entidades comerciales, industriales, sindicales y políticas de la Multisectorial contra el Tarifazo, quedaron disconformes con la audiencia “semipública”, según la denominaron, por el aumento del gas, que en la ciudad se siguió por teleaudiencia en la sede del Colegio de Abogados, en bulevar Oroño al 1500.

Foto: Leonardo Galletto
Foto: Leonardo Galletto

La mayoría de los que quisieron participar quedó afuera. En Rosario había 200 inscriptos y el auditorio tiene capacidad para 100 personas. Fueron habilitados 16 participantes para hablar. El ingreso al centro virtual de debate estuvo vallado, con fuerte custodia. Desde la Multisectorial se movilizaron e hicieron un “ruidazo” de protesta frente al Colegio, denunciaron “restricciones” para participar de la discusión y anticiparon que pedirán la nulidad de la audiencia por vía judicial. Algunos de los que no pudieron ingresar señalaron que la audiencia local había sido “copada por militantes del PRO”.

“Venimos a esta audiencia con muchos interrogantes, insatisfechos y disconformes por cómo se ha tratado a la ciudadanía. No permitieron hablar a todos ni participar a los medios de prensa. No suministraron toda la información ni el cuadro tarifario. Y quedó en evidencia que lo que quiere hacer el gobierno es sólo cumplir, en parte, con lo que le indicó la Corte, que esto sea un mero trámite formal y pasar a su plan original que es la dolarización de las tarifas, de aquí a 2019, y hacer que los argentinos paguemos el gas más caro del mundo”, se quejó Juan Marcos Aviano, titular del Cesyac.

En el mismo sentido se pronunció Alberto Muñoz, de la Unión de Usuarios y Consumidores de Argentina: “Estamos muy enojados. Los mecanismos de exclusión de la audiencia fueron discriminatorios”.

Muñoz fue uno de los que habló y pidió que la suba no recaiga sobre sectores vulnerables. En el mismo sentido se pronunció el defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, otro de los oradores locales.

Juan Milito, presidente del Centro Unión Almaceneros de Rosario, sostuvo: “Hoy (por ayer) es el día del despojo, pero seguimos apostando a la movilización popular con la gente en la calle, porque los comerciantes de Rosario atraviesan una situación compleja. Estamos en un marco en el que la actividad comercial ha caído sensiblemente”.

Además de defender el mecanismo de la audiencia, la diputada nacional del PRO, Gisela Scaglia, consideró: “Hay una inequidad muy grande en el sistema de distribución de los subsidios. Tenemos que ir progresivamente para que el Estado no tenga que subsidiar más”.

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