La causa que investiga a una organización de profesionales que proveyeron facturas truchas para que empresas evadieran impuestos por más de 2.500 millones de pesos sumó este viernes por la mañana una nueva detención. Nahir García, quien contaba con un pedido de captura librado por el magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 3, Carlos Vera Barros, se presentó a la mañana en el palacio de la Justicia federal. En total ya son 11 los detenidos.
Los voceros judiciales indicaron que García fue indagada por el magistrado y el equipo del fiscal Federico Reynares Solari en el trascurso de la mañana, al igual que la contadora Guillermina Scariglia detenida ayer por personal de Gendarmería junto con Marcos Rete, Atilio Miotti y el escribano Fabián Tosini.
Otro de los sospechosos que se entregó el martes pasado fue Ricardo Astudillo, un comerciante de 47 años, a quien fuentes extraoficiales lo señalaron como el cabecilla de la organización.
La investigación se inició cuando la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la Afip detectó la emisión de facturas de distintos rubros desde una misma computadora.
Fue en ese marco que el 5 de julio efectivos de Gendarmería y de la Policía federal efectuaron 31 allanamientos y detuvieron a cinco personas sospechadas de liderar una asociación ilícita dedicada a la venta de facturas truchas con un desfalco de 2.500 millones de pesos en impuestos, más intereses y multas. Los operativos se realizaron en oficinas y en domicilios, en los cuales se encontraron 100 mil dólares, alrededor de 750 mil pesos en efectivo y más de un centenar de cheques por montos significativos.
En esa oportunidad fueron detenidos el gestor automotor Delio Serafín; Marcelo Liporaci, Jorge Centeno –empleado de 65 años–, la contadora María Cristina Octaviano y Adrián Zeballos.
Los 11 detenidos, entre los que se encuentran contadores, vendedores y un escribano, quedaron encausados por conformar una asociación ilícita destinada a la creación y a la comercialización de facturas electrónicas y manuales para que sus clientes evadan impuestos.
Al término de las audiencias, las mujeres quedaron alojadas en las dependencias de la Gendarmería Nacional, mientras que los 8 hombres fueron trasladados a la Unidad Penal 11ª, de Piñero.
Según fuentes de la investigación, la organización funcionaba en Rosario y Buenos Aires desde 2015. Estaba integrada por alrededor de 80 personas entre escribanos, contadores, informáticos, administrativos y vendedores. El magistrado dispuso la inhibición de los bienes de los acusados y ordenó la restricción de salida del país. Las facturas se vendieron a más de 6.500 empresas de todo el país, de las que 2.200 son de Rosario y la región. Al menos unas 110 firmas pueden ir a juicio, ya que los montos evadidos se consideran como delitos penales.
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