El Ciudadano
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú devolvió este jueves la vigencia del indulto de 2017 a favor del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por dos masacres bajo su gestión, por lo que exmandatario debería quedar libre, lo que generó manifestaciones de rechazo en Lima y otras ciudades y quejas desde el gobierno.
El tribunal declaró “fundado” el recurso de la defensa de Fujimori contra la sentencia que anuló el indulto humanitario que en diciembre de 2017 le concedió el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, como parte de un acuerdo legislativo para evitar ser destituido del cargo.
“La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso (del martes) se refleja en la última decisión del Tribunal Constitucional; los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”, escribió en su cuenta de la red Twitter el presidente Pedro Castillo.
Según la estatal agencia Andina y el diario La República, los seis integrantes del TC votaron divididos en tres, y el magistrado Augusto Ferrero -titular del cuerpo- usó su voto de desempate a favor del expresidente, de 83 años y cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.
El hábeas corpus había sido interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de dejar sin efecto el beneficio de la Navidad de 2017, que, según la prensa, fue producto de un acuerdo entre Kuczynski y Kenji Fujimori, uno de los hijos del encarcelado exmandatario y entonces miembro del Congreso unicameral.
El indulto había sido anulado en octubre del 2018, por decisión de la Corte que, además, pidió su captura inmediata y posterior encarcelamiento.
La Corte argumentó entonces que las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta tenían resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y no se adecuaban a las condiciones de un indulto humanitario porque se trataba de crímenes de lesa humanidad.
Familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta habían presentado una solicitud para que la Corte IDH adoptara “medidas provisionales” para que el TC no validara el indulto.
El documento fue enviado anoche por las varias organizaciones defensoras de los derechos humanos que los representan, entre ellos CEJIL, la Coordinadora de Derechos Humanos Aprodeh, IDL, Comisedh y Fedepaz.
A las 50 personas que festejaron al mediodía, a las puertas del TC, el fallo con banderas, remeras y carteles, se opusieron por la tarde varios centenares que expresaron su rechazo en la plaza San Martín, del centro de Lima, convocados por redes. Hubo manifestaciones similares en Cajamarca, Cusco y Tacna.
Antes de que se conociera la decisión del Tribunal, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, había afirmado que el gobierno no había analizado la cuestión.
“Para nada, nosotros no hemos discutido para nada este tema; vamos a esperar los resultados del Tribunal Constitucional y a partir de eso podremos reunirnos y tomar una posición frente a esto; es un tema que está en proceso y no hemos tocado el tema para nada”, sostuvo Gavidia.
El abogado César Nakazaki, también defensor de Fujimori, consideró que estaban dadas las condiciones para reponer los efectos del beneficio.
“La Corte IDH fue muy clara: hay que revisar si existe la enfermedad, hay que revisar en la vía del amparo; si no hay enfermedad, no debe haber indulto; si hay, tiene que haber indulto”, manifestó en declaraciones a la radio RPP.
Fujimori sufre reiteradas dolencias que motivaron ya varias internaciones.
Recurrentemente padece problemas respiratorios y neurológicos (parálisis facial) e hipertensión.
Su última internación fue el 3 de este mes, en coincidencia con el inicio de un nuevo juicio en su contra, esta vez por las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres entre 1996 y 2001.
En esa causa, Fujimori y los exministros Eduardo Young, Marino Costa y Alejandro Aguinaga están imputados como presuntos autores de “la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en un contexto grave de violación de derechos humanos”.
Justamente la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef) fue una de las primeras organizaciones en cuestionar el fallo: “Para nosotras este indulto es ilegal, impunidad total. Fujimori es responsable de las esterilizaciones forzadas, crimen de lesa humanidad”, expresó en un tuit.
A la queja se sumó Amnistía Internacional: “AI rechaza fallo del Tribunal Constitucional que restablece indulto humanitario a exmandatario Alberto Fujimori y se solidariza con las víctimas y sus familiares en su búsqueda de justicia y reparación”.
Desde el oficialismo, también el extitular del Consejo de Ministros y ahora congresista Guido Bellido lamentó que “los Fujimori siguen burlándose del pueblo, atropellan las instituciones y las leyes a su antojo”.
“Ahora, en libertad el delincuente y asesino de Alberto; harán campaña electoral, pero, primero irán por su objetivo principal: vacar al presidente Castillo; el pueblo no lo permitirá”, advirtió Bellido.
Y la vicepresidenta Dina Boluarte reclamó “una justicia que no permita casos de impunidad, cuyas decisiones no sean parte de negociaciones políticas”.
“Luchamos por un país donde se respeten los derechos humanos y se cumplan los mandatos de los organismos internacionales que velan por esos derechos”, manifestó.
Desde el Congreso, Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú, alertó que el TC “sienta un inaceptable y peligroso precedente” y Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, fue de las escasas voces de respaldo al fallo: “Comparto su decisión, y reafirmo mi respaldo de su indulto por principios humanitarios”, dijo.
En cambio, la noticia fue celebrada por la familia de Fujimori.
“Hemos recibido esta gran noticia con sorpresa”, dijo Keiko Fujimori, hija mayor del exmandatario y líder del partido Fuerza Popular, que reivindica su ideario populista de derecha.
“Mi padre es un hombre mayor y enfermo, tiene fibriliación auricular y fibrosis pulmonar, lo que estamos haciendo la familia es coordinar para ver dónde se va a quedar” a vivir cuando recupere su libertad, agregó Keiko en declaraciones a periodistas en su domicilio, según la agencia AFP.
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