Los bloques de Diputados y Senadores nacionales del Frente para la Victoria rechazaron ayer la medida precautelar con la cual se suspendió la designación de fiscales dispuesta por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de acuerdo con las facultades que le otorga el nuevo Código Procesal Penal, y en ese marco reivindicaron la división de poderes del Estado.
Además, los legisladores anticiparon que comenzarán con la conformación de la comisión bicameral de monitoreo de la implementación del nuevo código cuyo dictamen, una vez que sea aprobado por ambas cámaras, pondrá en vigencia plenamente el grupo normativo aprobado a fines del año pasado.
En una conferencia de prensa en la Cámara baja, el titular de Diputados, Julián Domínguez, cuestionó las medidas cautelares que “paralizan las decisiones en el marco de la Constitución”. Y afirmó: “Ningún otro poder puede inmiscuirse en el desenvolvimiento de lo que es propio del Ministerio Público”.
Además, agregó que los fiscales nombrados por Gils Carbó “estaban designados por concurso y aprobados por el Senado”. En este sentido, denunció que “algunos jueces” buscan “paralizar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado” que deberían emprender los fiscales.
Por su parte, el jefe del bloque de senadores del kirchnerismo, Miguel Ángel Pichetto, subrayó que se busca “afectar a la república, el principio de división de poderes y el rol del Congreso”.
Para el senador por Río Negro, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó”, hizo uso de facultades propias” al cargo que ocupa en la designación de 16 fiscales generales, necesarios para la “resolución del delito organizado”.
Pichetto enfatizó que “la mayoría de los fiscales nombrados cuentan con una vasta trayectoria en el Ministerio Público Fiscal” y recordó que “la medida cautelar que paralizó esos nombramientos había sido rechazada por la jueza natural (en licencia) Claudia Rodríguez Vidal el 30 de noviembre pasado, aunque luego fue admitida por su subrogante”.
A su turno, la diputada nacional Graciela Giannettasio enfatizó que la designación de fiscales “no la puede judicializar otro poder del Estado”, al asegurar que “el oficialismo no defiende a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sino a las normas dictadas por el Congreso”.
“Uno de los jueces, el que hizo lugar al amparo (Lavié Pico), decía que si bien no conocía concretamente el tema tomaba la necesidad de tener una ley de implementación”, dijo Giannettasio, al tiempo que expresó que “la norma establece expresamente que para el Código Procesal, que es el primer anexo, el segundo anexo es la creación concreta de los cargos en cada una de las jurisdicciones de los fiscales y de los defensores”.
Diana Conti, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, señaló que “éste es un Código Procesal Penal resistido por parte de una corporación judicial que no quiere estar en la lucha contra delitos como el narcotráfico; una corporación que actúa en sintonía con (el Ceo de Clarín, Héctor) Magnetto y (con el diario) La Nación”.
“Hay que destacar la valentía de la presidenta en el último año de su mandato de enviar al Congreso una reforma del Código Procesal Penal, sabiendo que iba a existir esta reacción de parte de la corporación judicial”, enfatizó.
Por su parte, el diputado Héctor Recalde, quien además es miembro del Consejo de la Magistratura, argumentó que el Congreso “no va a hacer una dilación ilógica” a la hora de que se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal.
“No estamos inventando fiscales”, insistió y dijo que el juez Enrique Lavié Pico, que aceptó la medida precautelar contra la decisión de la procuradora, “debería haberse excusado de actuar en la causa porque integra la Asociación de Magistrados”.
La Cámara Criminal desconoció a dos fiscales
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional desconoció ayer la designación de dos fiscales subrogantes hecha por la procuradora Alejandra Gils Carbó.
El tribunal adoptó esta decisión basándose en la resolución del juez federal Enrique Lavié Pico, quien la semana pasada dictó una medida precautelar para suspender los 16 nombramientos realizados por la Procuración.
“Deberá estarse a lo dispuesto el 9 de enero último por el juzgado Contencioso Administrativo Federal número seis, en cuanto se ordenó la suspensión de todas las resoluciones dictadas por la Procuración General de la Nación”, sostuvo el juez de feria Juan Cicciaro.
Los dos fiscales fueron parte de las 16 designaciones hechas por la procuradora Gils Carbó, quien se basó en la reciente reforma del Código Procesal Penal aprobada en el Congreso en 2014, que aún no está vigente.
La Asociación de Magistrados hace días presentó una acción judicial para suspender las designaciones dispuestas por la procuradora Gils Carbó, aunque el fallo que suspendió las mismas fue a partir del pedido realizado por el diputado bonaerense del Frente Renovador Mauricio D’Alessandro.
