Organismos de Derechos Humanos rechazaron el proyecto de ley anunciado por el presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias para crear un parque nacional en el predio de militar de Campo de Mayo.
“En Campo de Mayo, durante la última dictadura cívico-militar, funcionó uno de los Centros Clandestinos de Detención más grandes de la Argentina. Por allí pasaron al menos 5.000 víctimas y nacieron muchos nietas y nietos apropiados durante el terrorismo de Estado”, señalaron los organismos.
Según indicaron organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, APDH y el Cels, entre otros, “las investigaciones acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese regimiento, perteneciente al Ejército Argentino, aún continúan en curso”.
“Los familiares estamos a la espera de juicios que den cuenta de lo que le hicieron a nuestros seres queridos que pasaron por allí y aún buscamos a muchos bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres en ese centro clandestino”, subrayaron.
A través de un comunicado, los organismos señalaron que “Campo de Mayo es un espacio de prueba para juicios de lesa humanidad que están por venir, cualquier modificación puede entorpecer el testimonio fundamental de un sobreviviente”.
“Por otro lado, la Justicia continúa recibiendo denuncias de cuerpos enterrados en ese lugar y frecuentemente se realizan excavaciones para verificar si alguno de esos restos pertenece a nuestros desaparecidos y desaparecidas”, indicaron.
Además, recordaron que “la iniciativa se contrapone con lo establecido por la ley de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado que tiene como objeto la preservación de estos espacios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país “.
Así lo consideraron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo – Línea fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros organismos.
Defensa del oficialismo
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, dio detalles sobre el proyecto anunciado por Macri para convertir terrenos de Campo de Mayo en un parque nacional y aseguró que “las instalaciones que estén comprometidas con los derechos humanos no serán tocadas”.
“La secretaría de Derechos Humanos también va a ser parte de la mesa de trabajo, y las instalaciones que estén comprometidas con los derechos humanos no serán tocadas”, aseguró Bergman.
El funcionario explicó: “lo que se anunció es una especie de nueva modalidad de reservas y parques para poder tener un uso sustentable, para que los vecinos puedan tener a corta distancia la posibilidad de conectar con la naturaleza”.
El funcionario agregó en declaraciones a FM Delta que “es un sistema interconectado en entornos urbanos, ya tenemos uno de la reserva de Otamendi, después en la zona de Campana, también trabajamos en el Delta, el Parque Iraola, y Campo de Mayo sumará un centro de entre 3.000 y 4.000 hectáreas que van a ser parte del proyecto”.
Dijo que la noticia le generó “muchísimo entusiasmo” y celebró que Macri haya planteado “duplicar la superficie de tierras y parques nacionales”.
“No va a ser un parque nacional tradicional, no es una plaza tampoco, es para el uso de los vecinos y para que lo usemos para educación ambiental”, dijo.
El predio
Campo de Mayo tiene una superficie total de 8.000 hectáreas y está situado a 30 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires, en los límites de los partidos de Tigre, San Martín, San Miguel, Tres de Febrero y Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires.
El área fue creada en 1901 por el entonces presidente Julio A. Roca, con la idea de destinarlo a la práctica de instrucción militar con armas combinadas, así como para el ejercicio y desarrollo de aptitudes de jefes y oficiales.
Actualmente funcionan en sus instalaciones el Comando de Institutos Militares y las Escuelas de las armas de Caballería; de Infantería; de Comunicaciones; de Artillería, entre otros organismos castrenses.
También funciona la prisión militar donde cumplen condena uniformados juzgados por violaciones a los derechos humanos.
