Cuatro años. Ese es el tiempo promedio que demora la resolución de una causa laboral en un Juzgado de Rosario. El colapso en el fuero que se ocupa de los conflictos del mundo del trabajo es reconocido por propios y ajenos. Lo dicen los jueces, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema de la provincia y el Poder Ejecutivo. Cada uno de los diez juzgados de la ciudad tiene más de 10 mil causas activas, y los expedientes copan hasta los pasillos de las oficinas de Tribunales. En diálogo con El Ciudadano, Susana Perkins, magistrada de este fuero, explicó que se necesita la creación del doble de los juzgados existentes: “No se trata sólo de trabajar en malas condiciones, de no dar abasto, de que esté en juego nuestra salud. Lo que las autoridades tienen que entender es que los mayores perjudicados son los trabajadores que buscan justicia”.
Según la jueza Perkins, el colapso en el fuero laboral comenzó a sentirse en los años 2006 y 2007, y desde entonces la situación fue empeorando año a año hasta llegar a un momento que considera “crítico”. En la última década se crearon dos juzgados nuevos, pero enseguida se abarrotaron como los ocho ya existentes. Por eso Perkins afirma que crearlos de a uno no sirve, y que se necesita el doble de dependencias. O, por lo menos, los cinco que se vienen reclamando desde distintos sectores del Poder Judicial.
Justicia Laboral vs. Penal
Cada uno de los juzgados laborales que funciona en los Tribunales provinciales tiene en trámite más de 10 mil causas, y la resolución promedio de un litigio laboral es de cuatro años. Para dimensionar los plazos basta con mirar los tiempos de la Justicia Penal. Con el nuevo sistema implementado en febrero de 2014, un caso que llega a juicio oral y público puede resolverse en un año y medio. Y esto sin contar con los procedimientos abreviados, que pueden llegar a acordar una condena en pocos meses o, incluso, en semanas.
“La Justicia Laboral está relegada desde hace años porque toda la mirada está puesta en la Justicia Penal. Pero, por suerte, la vida transcurre en ámbitos que no son sólo del delito. Hay otros conflictos que son urgentes para la gente”, explicó la jueza. Y agregó: “El justiciable viene a reclamar algo que es de carácter alimentario. Estamos hablando de personas que se quedaron sin trabajo o tuvieron un accidente, es decir que no pueden trabajar y dependen de la sentencia para poder cobrar el dinero con el que van a comer”.
Precarización
Para atender a las pilas de expedientes que forman torres en los pisos de Tribunales, los juzgados laborales deben recurrir a la precarización. Los pasantes, que trabajan 20 horas semanales y cobran 2.500 pesos mensuales, y los practicantes, con 15 horas ad honorem, se volvieron indispensables para que el hilo tenso que sostiene al fuero no estalle por completo. Como recompensa, estos trabajadores obtienen un puntaje que les servirá para concursar por un cargo.
Pero el problema, dice la jueza –y coincide el secretario general de los Trabajadores Judiciales, Juan Nucci– es que los cargos no se crean. “Santa Fe tiene una de las peores relaciones entre cantidad de empleados judiciales y población. Como gremio presentamos un recurso ante la Corte Suprema de rechazo de esta forma de trabajo porque el practicante es un esclavo y el pasante es un aprendiz de la Edad Media”, explicó Nucci.
“La situación –agregó– es muy compleja. Nosotros no podemos propiciar la titularización sin creación de cargos porque hay un sistema de concurso, orden de mérito y transparencia”. Para el representante gremial “es vergonzoso que el máximo tribunal de defensa de los derechos de los santafesinos tenga a gente trabajando gratis o en negro”.
La creación de cargos es competencia del Poder Ejecutivo, que argumenta falta de presupuesto. En este sentido, Perkins sostuvo que el colapso en el fuero laboral es un problema que se arrastra de gobierno en gobierno, pero en los últimos años la situación se hizo límite. “Entre todas las instituciones y los operadores del Poder Judicial tenemos que intentar hacer un pedido conjunto para que las autoridades entiendan que los únicos perjudicados son los trabajadores que buscan justicia”.
En pos de eso es que desde hace algunos meses el Colegio de Abogados junta firmas para solicitar la creación de cinco juzgados nuevos. El próximo viernes 25 la firma se traslada a las escalinatas de Tribunales, donde los abogados laboralistas realizarán una movilización.
La propuesta del Ministerio de Justicia
En agosto pasado, tras una reunión con el Movimiento Sindical Rosarino, el ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Ricardo Silberstein afirmó: “Estamos trabajando para mejorar el rendimiento de los juzgados y así poder reducir la litigiosidad laboral, un tema al que le hemos puesto una gran atención desde el inicio de nuestra gestión”.
En esa ocasión, el ministro admitió: “Desde el gobierno provincial hemos observado la demora que existe actualmente en los procesos laborales y hemos puesto en marcha una serie de instancias para poder reducir la litigiosidad laboral mejorando la productividad de los juzgados existentes”.
En la misma línea, el titular de la cartera provincial explicó: “Una de las primeras acciones que le hemos reclamado al gobierno nacional fue que pueda descentralizar toda la estructura de comisiones médicas, poniendo médicos capacitados y dando una estructura en la cual las partes puedan tener participación en las comisiones médicas para que se pueda dar una mejor respuesta, en lo que es riesgo del trabajo. Este trámite, que está avanzado con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, es fundamental y por eso ya le hemos ofrecido distintos lugares en Rosario y en Santa Fe para que se pueda avanzar en este sentido”.
Silberstein resaltó que “se está evaluando un proyecto de mediación y conciliación prejudicial en materia laboral, de manera tal que, como ha ocurrido en otros fueros, se pueda reducir también la litigiosidad sin tener que llegar, en un gran porcentaje de los casos, a la instancia del juicio”.
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