En la madrugada del 16 de agosto de 2008, cinco hombres armados ingresaron a la comisaría de Fuentes, una localidad de 2 mil habitantes ubicada 70 kilómetros al sudoeste de Rosario, que pertenece al departamento San Lorenzo. Allí sorprendieron a siete policías que se encontraban en la seccional. Los uniformados fueron golpeados, maniatados, amordazados y encerrados en un calabozo, y las armas de la dependencia fueron robadas. Sin embargo, ese no era el objetivo principal del golpe. Repartidos entre el auto en el que habían llegado y un móvil policial que se llevaron, los ladrones se dirigieron a un bar, adonde, según el dato que manejaban, se desarrollaba una partida de dados en la que se movía buen dinero. Allí atacaron a los presentes y, según fue denunciado luego, se llevaron la plata que los ocasionales clientes tenían encima. Tras el atraco, abandonaron el patrullero y huyeron del pueblo. A la altura de San Lorenzo, después de esquivar un control policial, protagonizaron un enfrentamiento con otros uniformados, del que consiguieron escapar. Sin embargo, tareas investigativas pusieron tras las rejas a tres integrantes del quinteto, a quienes el juez de Sentencia de la 7ª Nominación, José Luis Mascali, condenó a la pena de 10 años de prisión. Además, otros dos sujetos fueron apresados y condenados como partícipes secundarios a la pena de 3 años y cuatro meses de cárcel, aunque su pena ya se consideró cumplida.
Según se desprende de la investigación, el episodio ocurrió unos minutos antes de la 1 del 16 de agosto de 2008, en la comisaría de Fuentes, ubicada en Iriondo al 300 de esa localidad, que funciona bajo la órbita de la unidad Regional XVII de San Lorenzo.
Aquel día se encontraban dentro de la seccional siete policías. El comisario Fernando Esteban O., jefe de la dependencia, estaba en la cocina organizando los servicios de prevención nocturnos junto con el sargento ayudante Ángel L., el cabo primero Luis O., el agente Claudio S., el suboficial Jacinto S., el suboficial Ariel M., y el suboficial principal Jorge G.
Fue en ese momento que se escuchó el timbre. El sargento ayudante Ángel L. fue a abrir la puerta, tras lo cual comenzaron a oírse gritos que provenían de la guardia. Cuando el resto de los uniformados quisieron ver qué ocurría, fueron sorprendidos en el pasillo que comunica la cocina con la guardia por cinco sujetos que empuñaban armas de fuego, quienes bajo amenazas de muerte, obligaron a los policías a tirarse boca abajo en el piso, adonde fueron golpeados. Luego, los uniformados fueron despojados de sus armas reglamentarias, maniatados con precintos, amordazados con cinta de embalar y encerrados dentro de la celda.
De acuerdo con la causa, los cinco desconocidos se fueron de la seccional a bordo de dos autos: un Volkswagen Polo verde con la inscripción de una remisería en un costado, (en el que habían llegado) y un móvil de la dependencia –una camioneta Ford Ranger–.
Del lugar se alzaron con siete pistolas reglamentarias calibre 9 milímetros, una escopeta 13.70, una ametralladora FMK 39 milímetros, además de chalecos antibalas y dos juegos de esposas.
Salieron de la comisaría, pero no fueron muy lejos: “Sólo hicieron 150 metros, ya que doblaron por Independencia, en la esquina de la seccional, y se detuvieron en un bar”, dijo una fuente policial a El Ciudadano el día del hecho.
El mugródromo
La investigación de la causa –que incluyó el atraco a la seccional y al bar El Alemán– reveló que el principal objetivo de los ladrones no era la comisaría de Fuentes, sino el inmueble que funcionaba como una especie de garito al que un pesquisa de la UR XVII describió como “una pocilga, un verdadero mugródromo”.
Luego que la banda armada abandonara la dependencia, a la que habían atacado con el objetivo de sacar del juego a los policías, uno de los efectivos consiguió zafar sus ataduras con un encendedor y vía telefónica se comunicó con el Comando Radioeléctrico de Casilda. Lo primero que hizo fue solicitar a sus colegas que dieran aviso de lo ocurrido al Comando de San Lorenzo, pero que lo hicieran por teléfono y no con el radio, puesto que los sospechosos podrían escuchar desde el móvil policial robado.
Al mismo tiempo, los delincuentes ya habían ingresado al bar y asaltado a unas 20 personas que, según la denuncia, se encontraban cenando en el lugar, no sin antes amenazar a los presentes con armas de fuego y obligarlos a tirarse al piso. Sin embargo, un vocero de la investigación deslizó que en realidad los supuestos clientes ocasionales estaban participando de una partida de cartas o dados, por dinero. Justamente ese era el dato que manejaban los ladrones.
Según se desprende de los testimonios de los acusados que fueron detenidos con posterioridad y de las pruebas reunidas durante la investigación, los sospechosos sabían que allí se realizaban grandes apuestas y que, por noche, circulaban entre 40 y 50 mil pesos. No obstante, esto no fue denunciado por las víctimas del bar. “Les llevaron la plata que estaba en juego, que no debe haber sido mucha”, dijo el pesquisa consultado el día del hecho. “O fue un mal dato o tiene que haber algo más. Tal vez encontraron lo que fueron a buscar al bar, pero nunca lo van denunciar”, agregó esta fuente.
Tiroteo y fuga
Tras recibir el aviso de los policías que acababan de liberarse, personal de la UR XVII dio aviso a las unidades que estaban circulando. Fue alrededor de la 1.30 que los asaltantes pasaron en el remís –el patrullero ya había sido abandonado en Fuentes– por el cruce de la A012 y la ruta 34. Allí estaba apostado un control policial que quiso identificarlos, pero los sospechosos lo esquivaron, desatándose así una persecución que terminó en el Fonavi 1º de Junio, también conocido como Fonavi Este, en la ciudad de San Lorenzo.
De acuerdo con la investigación, en ese lugar los ladrones frenaron la marcha, descendieron del auto empuñando armas de fuego y comenzaron a disparar contra los uniformados que los seguían, cuyos tiros impactaron en el móvil policial. Luego, los cinco sospechosos huyeron a la carrera, dejando el remís abandonado.
Dentro del rodado se encontró una ametralladora, un revolver calibre 32 largo, esposas, una pistolera y un chaleco antibalas de la Policía de Santa Fe.
Pescados
Unas 20 horas después del atraco fue detenido el primero de los sospechosos, identificado como Gonzalo César Ruiz, alias Guachín, en ese entonces de 19 años y oriundo de Santo Tomé. El muchacho fue sorprendido en San Lorenzo, luego que un vecino denunciara que unos pibes estaban vendiendo teléfonos robados. Al notar la presencia policial, Ruiz huyó a la carrera, quiso ingresar en una casa de la que fue echado por el propietario, y saltó un tapial en un infructuoso intento de escapar. Sin embargo, fue apresado.
Un rato más tarde, cayó uno de sus cómplices, que intentaba refugiarse en el patio de una vivienda de la misma zona. En su poder tenía un arma de fuego, y se resistió a la detención como pudo, hasta que cayó de un paredón y fue detenido. Fue identificado como Rodolfo Acosta, alias Rodo, de 23 años, también de Santo Tomé y concuñado de Guachín.
En sede policial, ambos reconocieron los hechos que se les achacaban. Pero dos días después se abstuvieron de declarar ante el juez a cargo de la causa. Dos semanas después dijeron en Tribunales que durante su estadía en la comisaría los habían golpeado y obligado a confesarse culpables de un episodio del que nunca participaron.
Sin embargo, a la hora de dictar sentencia, el magistrado consideró que, a pesar de que sus autoincriminaciones no fueran tomadas en cuenta, los relatos de ambos eran concordantes e incluso brindaron datos que no habrían podido conocerse de otro modo que participando en el hecho, como por ejemplo el lugar en donde fue descartada una de las armas utilizadas en el atraco, o el sitio en el que, en plena fuga, uno de ellos perdió el celular.
De los datos aportados por ambos surgieron dos nombres: Claudio Piersigilli, de 43 años, y Claudio Ramón Olivera, de 45 años. El primero es un remisero de Fuentes que solía tener como cliente fijo al dueño del bar El Alemán, y de su boca había escuchado decir la cantidad de dinero que se manejaba en las noches de juego. El segundo era dueño de un bar en la localidad de Zavalla en donde Piersigilli solía ir para esperar clientes.
Olivera tenía varios empleados, entre ellos Guachín, quien en una jornada de trabajo había tenido una conversación con Piersigilli y obtenido el dato del bar de Fuentes.
Entre todos los imputados se pasaron una y otra vez la pelota de la autoría intelectual del hecho, e incluso Guachín se la achacó al hermano del Rodo, un tal Tito.
El verdadero nombre de Tito es Víctor Hugo Acosta. Este nombre ya circulaba en la causa, puesto que era un remisero de la localidad de Santa Fe y el auto que él tenía asignado para trabajar fue el que se utilizó en el atraco. Sin embargo, Tito cayó recién un mes después, el 20 de septiembre de 2008, en la capital provincial.
Las otras dos personas que aparecen mencionadas en la causa como miembros del quinteto son el hermano de Gonzalo Ruiz, conocido como Dani, y un sujeto mencionado varias veces por el apodo de Pío. Sin embargo, estas personas nunca fueron detenidas.
Las condenas
Tras el procesamiento de los cinco sospechosos, el juez de Sentencia de la 7ª Nominación, José Luis Mascali, condenó a Gonzalo César Ruiz (Guachín) y a Rodolfo Emanuel Matías Acosta (Rodo) a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas, al considerarlos autores penalmente responsables de los delitos de robo calificado por el uso de armas de fuego aptas para el disparo en dos hecho.
La misma condena, aunque con la declaración de reincidente –lo que le impedirá obtener salidas transitoria– le valió a Víctor Hugo Acosta (Tito).
En tanto, Claudio Ramón Olivera y Claudio Adrián Piersigilli fueron sentenciados a la pena de tres años y cuatro meses de prisión como partícipes secundarios del mismo hecho. Sin embargo, por el tiempo que ya llevan en prisión preventiva, se consideró cumplida su condena.
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